Los pescadores y acuicultores canarios (más otros agentes del sector) aún tendrán que esperar muchos meses (hasta casi sumar dos años, una barbaridad) para ver ingresadas en sus correspondientes cuentas bancarias las ayudas directas de 2014 que paga la Unión Europea (UE) y gestiona la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias en concepto de “compensación de los costes adicionales” de esos productores radicados en las Islas. Se trata de la aportación pública conocida en la jerga del sector como ayudas del Posei-Pesca.
Las razones de tan amplio retraso son variadas, pero entre las causas principales tiene un peso muy importante la frágil programación realizada por la Consejería para la definición de la nueva tabla de reparto de esos apoyos comunitarios (una labor de las Islas, igual que la gestión del dinero), algo que ha estado motivado, solo en parte, por el alza del 50% en la ficha anual anterior (se pasa desde 2014 y para todo el septenio, hasta 2020, de 5,8 millones por año, como límite máximo, a 8,7).
Tras el visto bueno dado por el sector beneficiario de los apoyos al nuevo sistema de concesión de esos subsidios comunitarios, ahora la Consejería de Agricultura trabaja en la definición de las herramientas informáticas que faciliten la convocatoria y la resolución de esas aportaciones públicas, una acción que, según fuentes consultadas en el sector, no podrá estar finalizada hasta finales de este año (lo dicho por los gestores autonómicos). Esto será así pese a que el contrato público para realizar el trabajo técnico de definición de la nueva tabla de reparto, la de los 8,7 millones, se adjudicó el 1 de diciembre de 2014 (hace un año y dos meses).
De seis meses a ¿veinticuatro?
De seis meses a ¿veinticuatro?Tal y como señalaron las mismas fuentes, tras la reforma del llamado Posei-Pesca en el septenio 2014-2020, las ayudas con cargo al primer año de aplicación no se abonarán hasta casi dos años después de haberse cerrado ese ejercicio, cuando lo normal hasta entonces había sido una espera en torno a los seis meses. Esta pronunciada demora, también condicionada por el cambio del marco de apoyo comunitario (de 2007-2013 a 2014-2020), deja con la miel en los labios a los beneficiarios de tales subsidios (los financia al 100% la UE); esto es, a los pescadores artesanales e industriales, a los productores acuícolas y a la industria transformadora e entidades comercializadoras de la pesca local.
El retraso en el pago de los apoyos de 2014 tiene un impacto en la renta que deben percibir los productores primarios de más del 18%. La pesca y la acuicultura isleñas generaron 47 millones de euros (a precios corrientes) en 2013, el último ejercicio con datos oficiales y un año considerado normal en Canarias.
Lentitud poco justificada
Lentitud poco justificadaTras la publicación del reglamento del FEMP (el número 508/2014, del Consejo) en mayo de 2014, tienen que pasar cinco meses hasta que la Viceconsejería de Pesca convoca un concurso para que una empresa privada proponga cómo se debe estructurar el nuevo programa de apoyo a la pesca y la acuicultura tras el incremento de la ficha financiera del 50%. Fue en noviembre pasado cuando la Comisión Europea notificó la aprobación del Programa Operativo de España vinculado al fondo estructural FEMP. Ese mismo mes, según una nota de prensa de la Consejería de Agricultura, Canarias aún no tenía consensuado el nuevo diseño para el reparto de los 8,7 millones anuales.
Esto se produjo en octubre de 2014, según el BOC, pero no fue hasta el 1 de diciembre de ese mismo año cuando se adjudica tal servicio. También según recoge el BOC en anuncio publicado el 11 de diciembre (ahí se da la fecha del día 1), la concesión (casi 42.000 euros, sin IGIC) recae en Víctor José Rivero Marrero y Guillermo Marrero de la Nuez, dos personas conocidas en la sede de Pesca en Las Palmas de Gran Canaria.
Desde ese hito, el confirmado vía BOC el 11 de diciembre pasado, hasta hoy, 14 meses después, más o menos, algo se ha hecho, claro que sí, pero ello no ha servido para ya tener convocadas las mencionadas ayudas comunitarias, lo que se hará, según las previsiones trasladadas al sector, a finales de este año, nada más y nada menos que casi dos años después.
El Ejecutivo canario, el departamento que gestiona este programa comunitario (lo hace desde 1992), incluso pudo activar los procesos para analizar cómo iba a repartir la ayuda anual de 8,7 millones de euros entre todos los agentes perceptores, por qué conceptos y con qué cantidades máximas desde julio de 2013, o sea, un año antes de la publicación del reglamento del FEMP.
En esa fecha, el Gobierno español ya informó, a través del entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, del acuerdo político alcanzado de forma definitiva en relación con los 8,7 millones anuales del llamado Posei-Pesca, que se logró en un Consejo de Ministros de Pesca y que iba a ser de aplicación en el septenio 2014-2020.