Canarias ha ganado peso en la inversión estatal ejecutada desde que los socialistas Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres gobiernan el Gobierno nacional y el canario, respectivamente. En 2019, cuando ambos líderes alcanzaron el poder, el Estado gastó en el Archipiélago 149,1 millones de euros en inversiones reales, tan solo un 1,9% del total invertido en todo el país. Sin embargo, en 2021, el último año con datos completos, ese valor ascendió a 221,1 millones, un 2,7% del total, lo que se traduce en un aumento del 40,4%, o lo que es lo mismo, de 0,8 puntos porcentuales. Tan solo en Madrid (71,3%) y en La Rioja (59,9%) ha habido mayores incrementos.
Las cifras siguen sin ser las mejores. De hecho, las Islas están entre las comunidades que menos se ven beneficiadas de estas inversiones directas, según recogen las estadísticas de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). La buena noticia es que parece haber una tendencia ascendente que podría continuar el próximo curso. Para este año se proyectaron 348 millones de euros y para 2023 otros 391,9 millones, una representación de la comunidad de un 2,85 y 2,93%, respectivamente, con respecto al total.
A pesar de ese notable crecimiento, la oposición ha criticado duramente al Gobierno de Canarias y su relación con el Ejecutivo estatal en este sentido. El secretario nacional de organización de Coalición Canaria, David Toledo, dijo recientemente que la ejecución de la inversión pública en el Archipiélago es “una muestra más del abandono” a las Islas y que “las ventajas que vendió el presidente Ángel Víctor Torres al inicio de la legislatura por estar ambos gobiernos liderados por el PSOE se han convertido finalmente en un lastre para el desarrollo económica y social de Canarias”.
Los datos del IGAE, por su parte, sugieren otra cosa. Entre 2015 y 2018, con el Partido Popular (PP) en La Moncloa y Coalición Canaria (CC) en el Gobierno regional, se ejecutaron en las Islas 636,8 millones de euros en inversiones reales de los 1.1023 millones que se previeron, un 62,25% del total. En 2021, ya con Sánchez y Torres habiendo certificado el relevo (no figura el crédito inicial en las partidas de 2019 y 2020), ese porcentaje asciende un pelín, hasta el 63,67%. El presupuesto en inversión pública regionalizada reúne al sector público empresarial y fundacional, al sector administrativo, a los organismos autónomos y entidades dependientes y a la propia administración general del Estado. No se suman las transferencias de capital, que conforman otro capítulo en los Presupuestos Generales.
Aun así, CC ha continuado su discurso. “Este Gobierno de Canarias no ha podido agachar más la cabeza. (…) Esta tierra necesita un ejecutivo beligerante ante los atropellos del Estado y lo que tiene es un Gobierno regional sumiso, atado de pies y manos ante los dictados de Madrid y cómplice del maltrato de Madrid a las Islas”. El mismo argumento se ha esgrimido en el debate sobre la bonificación del transporte, el impuesto al queroseno y también el régimen fiscal de Baleares.
Lo que sí parece claro, sin importar qué siglas gobiernan, es que el Estado debe mejorar el nivel de ejecución de las inversiones que se prevén en Canarias. Porque siempre ocurre lo mismo. Se proyecta un número ambicioso que luego nunca se cumple. Y el Archipiélago figura entre las autonomías con porcentajes de ejecución más bajos de todo el país. En 2022, solo en la primera mitad de año, se han destinado 76,4 millones de euros de los 348,4 comprometidos inicialmente. Es decir, se ha gastado el 21,9% de lo proyectado. Tan solo en la Comunidad Valenciana (18,28%), Cantabria (17,4%) y Murcia (16,6%) hay resultados peores, aunque resta toda la segunda mitad del curso para remediarlo.