''La banca ha llenado sus arcas con la ruina y desolación de otras personas“. Jerónimo Barrera, delegado en Canarias de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), define la sensación de los miles de afectados por un producto financiero de alto riesgo que fue comercializado por la banca como un seguro contra la subida de los tipos de interés y que ha sacudido a las economías domésticas en época de vacas flacas.
“Si suben los tipos de interés, paga la banca. Si bajan, cobra la banca y paga el cliente”. De esta manera simplifica Barrera las consecuencias de un “producto tóxico” muy complejo que empezaron a comercializar en 2006 bancos, cajas de ahorro y rurales, bajo una gran cantidad de nombres: swaps, clips. IRS, contrato de permuta financiera, derivado, cobertura de riesgo...
Gloria Macías es una de las afectadas. Esta ciudadana grancanaria tuvo conocimiento del derivado financiero a través de una llamada de la gerencia de su sucursal, en este caso de La Caixa. Hasta tres reuniones y varias conversaciones telefónicas fueron necesarias para que firmara el contrato de permuta, por el que, según la dirección, no tendría que volver a preocuparse por las subidas del Euríbor.
“Aprovecharon mi ingenuidad para engañarme”, lamenta Gloria, quien asegura que la directora no le informó sobre los riesgos que una bajada de tipos tendría sobre su hipoteca. ''Cada vez que subía el Euribor, me llamaba para que aceptara“.
Gloria contrató el producto en octubre de 2008, cuando el Euríbor rondaba el 5%, pero el tipo no quedaría fijado hasta la siguiente revisión de la hipoteca, que tenía marcada en el mes de marzo.
Cuando el Euríbor comenzó a bajar y sin que el contrato hubiera entrado en vigor, Gloria intentó ponerse en contacto, sin éxito, con la directora de la sucursal, que había sido trasladada. Esta práctica, aseguran, es habitual desde que comercializan estos productos.
Finalmente, se personó en su oficina de La Caixa, donde tuvo conocimiento, por primera vez y a través del departamento financiero, de que, al bajar los tipos, la diferencia entre el que había fijado y el que estaba en vigor en ese momento, se abonaba a la entidad financiera. Los gastos de cancelación por los dos años del contrato ascendían a 14.000 euros.
Ocultar información
“Es un producto nada aconsejable, ruinoso. La banca vio en este producto el gran filón para obtener beneficios totalmente ilegales y los ha vendido a personas que no cumplen con el perfil del inversor, ocultando información. Los clientes, según la normativa europea, deben ser profesionales que entiendan sus implicaciones”, denuncia Barrera.
En el caso de Gloria, el contrato de La Caixa incluía, entre otras, una pregunta sobre su disposición a asumir los riesgos inherentes al producto que, a diferencia de la mayoría, no tenía mecanografiada la respuesta en una casilla. Así aparece en el contrato original, sin rellenar.
Sin embargo, en el dossier entregado por el Banco de España tras la reclamación presentada, La Caixa había incluido una copia del contrato con la casilla marcada de forma manuscrita. Este es, según Gloria, un ejemplo de cómo la entidad financiera mantiene “la farsa”.
Jerónimo Barrera denuncia que, además, la banca ha practicado “el chantaje”, garantizando que los clientes adquirieran el producto bajo la amenaza de no concederles la hipoteca. Cifra el número de afectados en el 80% de los que solicitaron la hipoteca desde la comercialización de estos derivados financieros.
Sentencias favorables
A pesar del apoyo del Defensor del Pueblo y de los pronunciamientos favorables del Banco de España (en un primer momento) y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la solución para los afectados pasa, en estos momentos, por los tribunales.
Las sentencias a favor de los clientes, que se han agrupado en diversas páginas en Internet, ya superan la decena en toda España. En la capital grancanaria, Bankinter ha sido condenada recientemente por no informar bien de uno de sus productos.
Ausbanc, por su parte, exige a las entidades financieras responsabilidades civiles e, incluso, penales. “Cuando alguien induce a una contratación de este tipo mediante engaño para obtener beneficio propio, es delito. Y la banca lo ha hecho”, concluye Jerónimo Barrera.