La falta de Gobierno impide que Canarias pueda elevar su endeudamiento en 170 millones este año
Las comunidades autónomas por ahora recibirán 4.000 millones de euros menos a través del Fondo de Liquidez Autonómica (el FLA, que es la herramienta ideada por el Gobierno español para financiar el endeudamiento de las comunidades autónomas con créditos en teoría más ventajosos). Esto será así mientras se mantenga la situación actual de interinidad en el Ejecutivo del país, y no será posible resolver el entuerto este año si hay terceras elecciones.
Al hallarse el Gobierno en funciones, aún no se ha tramitado ante el Congreso de los Diputados el acuerdo alcanzado el pasado mes de abril en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), lo que implica que no puede haber endeudamiento por los 0,4 puntos que alejan el primer objetivo de déficit de las autonomías, en el 0,3% del PIB para 2016, del segundo, en el 0,7%. Esta subida representa el 50% del valor autorizado por Bruselas para todo el Estado, con 0,8 puntos más (del 2,8% al 3,6% este ejercicio).
Ese pacto político, muy importante en términos financieros, trasladó a las comunidades autónomas, entre ellas la de Canarias, la posibilidad de elevar hasta el 0,7% su déficit público para este año, en lugar del 0,3% previsto para el mismo ejercicio en un primer momento (antes de que la Comisión Europea ablandara las condiciones de déficit público a España, informó hoy la agencia Europa Press, que recoge fuentes del Ejecutivo que preside en funciones Mariano Rajoy).
El bloqueo de la tramitación parlamentaria necesaria para aplicar los cambios reseñados impide, en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, que las islas se puedan endeudar (en este caso a través del FLA) aproximadamente en 170 millones de euros más durante 2016, por encima de lo previsto en un principio, lo que, de haberse logrado ya, sería un balón de oxígeno para el archipiélago por la opción de financiación extra de ámbitos como la sanidad, los servicios sociales y la educación.
El nuevo nivel de déficit público para las comunidades autónomas fue posible después de que el Estado pudiera contar a su vez con más margen, pues del 2,8% previsto pasó al 3,6% gracias al acuerdo alcanzado con la Comisión Europea. Esa distancia de ocho décimas se repartió a partes iguales entre las autonomías y el Estado (al 50%, o sea, 0,4 puntos porcentuales en cada caso).
Por eso mismo, el nuevo objetivo de déficit público permite pasar a las comunidades autónomas del 1,66% en 2015 al 0,7% actual, en lugar del 0,3% inicialmente decidido para 2016. La aprobación de este cambio (del 0,3% al 0,7%) se produjo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 28 de abril, en el que, además de aprobarse la meta de déficit para el presente ejercicio, también se dio el visto bueno a la senda de gasto hasta 2019. Ello se hizo con el respaldo de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y con el voto en contra de las controladas por el PSOE: Cataluña, Cantabria y Navarra. Canarias (CC-PSOE) tampoco respaldó la decisión. En ese Consejo, para el presente ejercicio (2016), quedó fijado en el 0,7% de déficit autonómico, mientras que para 2017 será del 0,5%; para 2018, el 0,3%, y para 2019, el déficit cero.
Según la información servida por Europa Press, esa financiación adicional de 0,4 puntos porcentuales, la que suponía un objetivo más alto de déficit público, no se podrá realizar por la ausencia de Gobierno, ya que un Ejecutivo en funciones no puede llevar al Parlamento esos nuevos objetivos ni el aumento de la financiación que ello supondría. A las comunidades autónomas no poder recibir otros 4.000 millones adicionales de financiación a través FLA, están dejando de percibir casi el 20% del dinero de ese fondo público, con el que esperaban contar desde abril para poder equilibrar las cuentas de 2016.
La situación de interinidad del Gobierno también perjudicará a las comunidades autónomas durante el próximo año, ya que, al no haberse fijado el techo de gasto por parte del Ejecutivo en funciones, éstas no pueden aprobar sus presupuestos en función de las nuevas condiciones y de la nueva situación económica. Lo tendrán que hacer, sí o sí, teniendo como referencia la senda de gasto que actualmente está en vigor. Ello supone menos margen de gasto público.
