El Gobierno de CC-PP conocía desde 2022 el regreso de las reglas fiscales europeas que ahora alega para no rebajar el IGIC

Era 20 de diciembre de 2022. Casi mes y medio después de que la Comisión Europea propusiera retomar las reglas fiscales, tal y como indicó la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, el Parlamento de Canarias mencionó por primera vez la más que posible vuelta a la rigidez económica y de gasto impuesta por Bruselas tras varios años con las normas suspendidas por las sucesivas crisis.

El por entonces vicepresidente del Gobierno canario, Román Rodríguez (Nueva Canarias), conformado por PSOE, NC, Podemos y ASG, destacaba en sede parlamentaria que el Ejecutivo autonómico había actuado de forma “responsable” estos últimos años al haber rebajado la deuda del Archipiélago, que presenta la ratio per cápita más baja de todo el territorio nacional, en un periodo en el que realmente podía hacer lo contrario gracias a la suspensión del reglamento fiscal de la Unión Europea (UE).

Rodríguez agregó que no lo hicieron por “certidumbre, prestigio, consideración, estabilidad económico-financiera…”, y avisó, ahora sí, que en 2024 “vuelven las reglas fiscales, vuelven las exigencias a la cosa pública. Y para que la cosa pública sea sostenible, hay que manejar las finanzas con responsabilidad”.

A pesar de esa advertencia, de otras tres veces más en las que se hizo mención en el Parlamento regional del más que probable regreso del endurecimiento de las instrucciones comunitarias en este sentido (28 de febrero de 2023, 14 de marzo y 28 de marzo) y de que la propia Comisión Europea facilitó (y difundió) el 8 de marzo orientaciones a los Estados miembros sobre la política fiscal de 2024, el vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez (PP), confesó haberse enterado de todo ello en el primer Consejo de Gobierno, celebrado a mitades de julio.

Previamente, el Gobierno canario de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) ya había prometido una rebaja del tipo general del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) del 7 al 5% en los primeros 100 días a los mandos de la Administración. “[Queremos] contribuir (…) a la reducción de la inflación y la recuperación de parte de la renta disponible de las familias canarias”, reza el acuerdo programático entre ambos partidos.

Eso ya es matemáticamente imposible de cumplir, de ahí que las fuerzas de la oposición hayan reprochado a ambas formaciones haber “estafado” a sus electores, ya que dicha promesa se hizo también en campaña electoral. Pero es que, además, en los últimos meses, ni PP ni CC han sabido precisar cuándo llegará esa rebaja impositiva justificándose en la “incertidumbre” y el nuevo “paradigma económico” que precisamente conocían desde hace meses.

“El compromiso sigue, se hará [la rebaja] cuando se pueda”, ha apuntado la consejera canaria de Hacienda, Matilde Asián, este lunes, después de que el Gobierno regional aprobara sus primeros presupuestos. Asián justifica el aplazamiento de la medida hasta que se despejen las “incertidumbres” sobre las partidas asignadas a Canarias en los próximos Presupuestos Generales del Estado y las reglas aplicables a la gestión de las cuentas. En septiembre también se quejó de la presunta falta de “colaboración administrativa” con el Estado para intentar resolver este asunto.

La consejera ha recordado que, a partir de 2024, volverá a aplicarse el margen de crecimiento en un 3%, la necesidad de que la deuda no rebase el equivalente al 60% del PIB y que no pueden reducirse impuestos, porque estos “contabilizan como gasto”, lo cual causa “un perjuicio importante” a comunidades “cumplidoras” como el Archipiélago. “Queremos reglas y disciplina fiscales, pero adecuadas a nuestras realidades”, apostilló Asián.

El propio presidente autonómico, Fernando Clavijo (CC), reconoció recientemente que acometer la rebaja prometida del IGIC podría poner “en peligro” los servicios públicos y esenciales, tal y como explicaron expertos económicos a Canarias Ahora este mismo verano. El PSOE estimaba por entonces que una deducción de dos puntos porcentuales en este gravamen, de tipo cero para los productos básicos de la cesta de la compra, supondría una merma de 450 millones de euros en la recaudación pública, el mismo dinero que invierte el Ejecutivo regional en acciones tan importantes como el acceso a la vivienda (140 millones), fomento del empleo (113 millones), subvenciones al transporte (104 millones), I+D+I (88 millones) y seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias (52 millones).

“Ambos partidos sostenían que esa reducción se iba a producir en los presupuestos de 2023 y los socialistas decíamos que era mentira, y así se ha demostrado”, señaló este domingo el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.