MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el incremento de la prima de riesgo de la deuda española hasta los 230 puntos básicos responde a los malos datos de ejecución presupuestaria difundidos el martes por el Gobierno, que revelan una “importante” caída de la recaudación en el Impuesto de Sociedades y sitúan a España en los primeros puestos entre los países europeos en materia de déficit.
En rueda de prensa, la dirigente 'popular' ha defendido, no obstante, la propuesta del PP de establecer “rebajas selectivas” de impuestos a las empresas para dinamizar la actividad y crear empleo, lo que redundaría en un repunte de la recaudación, según un modelo del “círculo virtuoso” que Sáenz de Santamaría contrapuso al “círculo vicioso” de la política económica socialista.
En este sentido, señaló que su propuesta se basa en una reforma fiscal que dote de un marco más competitivo a las empresas españolas respecto al que tienen sus competidoras de otros países europeos.
CUENTA TRIBUTARIA
Asimismo, Sáenz de Santamaría ha denunciado la caída del crédito a las pymes debido a que se concentra en el sector público, mientras que la “última” decisión del Gobierno en materia de morosidad ha sido vetar una enmienda del PP que pretendía recuperar la línea ICO de 3.000 millones para que los ayuntamientos morosos paguen a las empresas, una decisión “incomprensible” para los 'populares'.
Por este motivo, el PP llevará al Pleno del Congreso del próximo martes una proposición no de Ley con la que pretende establecer un sistema de “cuenta corriente” que permita compensar todos los créditos y deudas tributarias “reconocidos por acto administrativo” que las administraciones tengan con pymes y autónomos, a través de aplazamientos y fraccionamientos en el pago de impuestos.
MÁS DE 30.000 MILLONES DE DEUDA
La exposición de motivos de la iniciativa sostiene que el conjunto de administraciones públicas adeudan a empresarios y autónomos un volumen total de 30.000 millones de euros, cuyos plazos de pago “son cada vez más dilatados”, siendo “especialmente grave” en el caso de los ayuntamientos, algo que también ha repercutido negativamente en la recaudación tributaria, en un volumen de más de 11.600 millones de euros en 2009.
La Cámara Baja aprobó por unanimidad el pasado 7 de septiembre una proposición no de ley del PP en esta misma línea, si bien entonces el PP tuvo que pactar un texto en el que sólo hacía referencia a deudas contraídas por parte de la Administración General del Estado, es decir, excluyendo a comunidades autónomas y ayuntamientos. “Algunos grupos parlamentarios quieren limitarlo --ha admitido Sáenz de Santamaría-- pero nosotros consideramos que deben hacerlo todas las administraciones”.