Pymes y sindicatos irán a los tribunales contra la apertura dominical
Empresarios y sindicatos del pequeño y mediano comercio de Gran Canaria promoverán acciones jurídicas y de fuerza contra la apertura en festivos de grandes establecimientos de la capital de la isla si no revocan esa decisión, que dicen que han adoptado los políticos por presiones.
Movilizaciones sociales que se invitará a secundar a toda la sociedad, desde la convicción de que el rechazo a esa iniciativa es “un clamor popular” y no solo de patrones y empleados del sector, y recursos administrativos y judiciales son las medidas que barajan, ha avanzado este jueves Prudencio Lorenzo, presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Las Palmas (Cecapyme).
Un dirigente empresarial que ha tachado de “gran mentira” el argumento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que solicitó originariamente la autorización para que puedan abrir en festivos los establecimientos a los que concierne, los centros El Muelle y Las Arenas y El Corte Inglés y las tiendas que lo rodean en Mesa y López, de que los turistas piden poder ir a esos comercios.
Ya que, frente a las tesis del gobierno municipal, del PP, de que los visitantes que cada año llegan en mayor medida a la ciudad en cruceros demandan que cuando arriban en festivos estén abiertos los centros comerciales, los dependientes de esos establecimientos han constatado que “es raro que esos turistas pasen por allí”, según ha asegurado el portavoz del sindicato UGT Francisco Rodríguez.
En similares términos se ha expresado el representante de CCOO Domingo Delgado, quien ha dicho querer hacerse eco de “la indignación y el cabreo de los trabajadores del comercio” ante la iniciativa, sosteniendo que es falso que, como se ha afirmado, la ampliación del tiempo de apertura de los establecimientos en cuestión vaya a generar la creación de nuevos puestos de trabajo.
El sindicalista ha afirmado que lo que ocurrirá es lo contrario, y para demostrarlo a aludido a datos referidos a la evolución del sector comercial de la Comunidad Autónoma de Madrid, en la que se ha ampliado la apertura en festivos y no solo no ha aumentado el empleo sino que se ha reducido en un 5,8% en paralelo a las ventas mismas, que han bajado un 7,1%, según ha asegurado.
Desde afirmaciones como esas, Prudencio Lorenzo ha tachado de “inexplicable lo que está pasando”, no solo por el hecho de que el Ayuntamiento haya pedido que se autorice esa ampliación de horarios comerciales sino también por la circunstancia de que la idea haya recibido el visto bueno del Gobierno Autónomo, que gestionan CC y PSOE.
Y ha cuestionado “qué presiones” pueden haber recibido los responsables de una y otra administración para tomar una decisión que ha opinado que está “de espaldas al sentir mayoritario de la sociedad”.
Presiones que Lorenzo ha relacionado con la capacidad que ha dicho que tienen los propietarios de grandes centros comerciales para “financiar campañas políticas” de unos u otros partidos, a diferencia de lo que ocurre con las pymes del sector, que no han sido escuchadas en este conflicto por esa circunstancia, a su entender.
El empresario ha subrayado además que entiende que, aunque fuera el PP el partido que promovió la medida, la misma responsabilidad tiene el PSOE, que gestiona la Dirección General de Comercio del Gobierno Autónomo, que la autorizó finalmente, y que, en la medida en que también forma parte del Ejecutivo junto a los socialistas, “CC también es culpable”.
Por ello, indicó que espera que quienes rechazan la iniciativa la tengan en cuenta a la hora de votar en las elecciones autonómicas y locales del año próximo, para que den su apoyo a los partidos que la han hecho posible.
En cualquier caso, Lorenzo ha matizado que patronal y sindicatos esperarán unos días más, hasta el lunes 1 de septiembre, para ver si el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, de CC, al que han reclamado paralizar la iniciativa, se aviene a sus reclamaciones y revoca la autorización, pero ha añadido que, de no ser así, el martes se decidirán las acciones a emprender contra ella.
