BRUSELAS, 22 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha dicho que “toma nota” de los nuevos ajustes anunciados por Grecia, pero ha eludido aclarar si son suficientes para desbloquear la ayuda urgente de 8.000 millones que Atenas necesita para no suspender pagos en octubre.
El Ejecutivo comunitario se ha limitado a señalar que las medidas todavía deben ser examinadas en detalle por la misión de inspectores de la Comisión, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tiene previsto regresar a Atenas a principios de la semana que viene.
“Hemos tomado nota de los anuncios realizados ayer (por el miércoles) por las autoridades griegas”, ha dicho el portavoz de Asuntos Económicos, Olivier Bailly.
Las medidas, ha precisado, “deberán ser discutidas y examinadas por la 'troika' cuando retome su misión en Atenas”. “Hay que examinar en detalle las medidas”, ha insistido el portavoz, que ni siquiera ha confirmado que los inspectores vayan a regresar a Atenas a principios de la semana que viene, como se había anunciado. “Es nuestro objetivo, veremos si es realista”, se ha limitado a decir.
En este sentido, el portavoz ha explicado que “prosiguen las discusiones técnicas” en Atenas entre expertos de la Comisión y las autoridades griegas sobre “varios elementos clave” que los inspectores han exigido antes de regresar. “Estos elementos no se habían completado a finales de la semana que viene ni a principios de esta, pero deben concluirse antes de que la troika vuelva”, ha dicho Bailly, sin querer dar más precisiones.
El Gobierno griego acordó este miércoles reducir un 20% mensual aquellas pensiones que superen los 1.200 euros, así como recortar aún más las pagas a los antiguos trabajadores públicos que se jubilaron ante de los 55 años.
Asimismo, el Gobierno heleno ha decidido también ampliar la nueva subida del impuesto inmobiliario, que originariamente expiraba el próximo año, hasta al menos el ejercicio 2014.
En esta misma línea, también ha decidido colocar a alrededor de 30.000 trabajadores públicos “en la reserva laboral” este año, lo que implicará reducir su salario en un 60%, y darles doce meses para encontrar un nuevo trabajo en el sector público o perder sus empleos.