Un nuevo pacto social para una mejor Constitución

Se cumplen este 6 de diciembre 40 años desde que la ciudadanía de España dio su visto bueno en referéndum, con una mayoría abrumadora y con un amplio consenso de todas las fuerzas políticas, al texto de la Constitución, que se redactó para garantizar el Estado de Derecho tras un periodo oscuro y de retroceso con la dictadura de Franco.

La Constitución de 1978 nos ha dotado, por tanto, de las herramientas necesarias para construir el Estado del bienestar, para avanzar en la igualdad de oportunidades, para abrirnos al mundo como un país con derechos y libertades, y para conquistar, en definitiva, metas que parecían inalcanzables en aquellos años setenta y ochenta tan cargados de incertidumbres y dudas como ilusionantes.

Pero nada es para siempre. El espíritu de aquellas décadas ya sólo se estudia en los libros y se recrea en los documentales que versan sobre la historia reciente de este país.

Tengo la impresión de que la sociedad española ha permanecido durante estos cuarenta años lo suficientemente fascinada con el encanto de la transición a la democracia como para no ser lo suficientemente consciente de los cambios que la propia sociedad ha ido experimentando en todos los niveles: estructurales principalmente, pero también en sus órdenes de prioridades y preocupaciones, en sus valores y en sus ideales, en su modo de entender la convivencia democrática o en su concepción de Estado.

Para bien o para mal, la sociedad española de 2018 no es la misma que la de 1798. Más del 70% de la población actual nació, como yo, con posterioridad al último referéndum Constitucional; una fracción muy importante de la sociedad a la que nadie nos ha preguntado qué modelo de Estado queremos construir.

El movimiento 15M puso a este país en antecedentes de lo que ahora estamos viviendo en las calles. Quizás fue esa la demostración más fehaciente de la transformación social que España ha experimentado en estos años, con un claro mensaje de hartazgo hacia los cánones tradicionalistas que existían (y continúan en la actualidad) en los poderes del Estado.

Este 6 de diciembre quiero resaltar, desde mi humilde aportación, dos ideas fundamentales:

En primer lugar, mi respeto, reconocimiento y admiración hacia quienes lograron, en una etapa muy complicada, apartar las diferencias y gestar la Constitución que nos ha garantizado el mayor período de prosperidad y de paz de nuestra historia.

Y en segundo lugar, la necesidad de avanzar hacia nuevos consensos, hacia un escenario con altura de miras y con el rigor necesario para propiciar una reforma constitucional tal y como exigen las circunstancias: revisión del modelo territorial, supresión de los privilegios políticos, el papel que debe jugar la corona en este nuevo tiempo, la inclusión de derechos como la vivienda, la sanidad o la igualdad de género; o el reconocimiento de la ultraperificidad de Canarias y de la doble insularidad de las islas de El Hierro y La Gomera, tal y como reconoce la Unión Europea y nuestro recién aprobado Estatuto de Autonomía.