Agricultura convocará esta semana, tras meses de retraso, las ayudas del Estado para el agua de riego de pozos y galerías
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha anunciado este martes en el Parlamento que el área que dirige convocará esta semana las subvenciones vinculadas a la captación de agua con destino al riego de explotaciones agrarias de las islas con origen en pozos o galerías, algo que se hará con meses de retraso.
Esa partida, de seis millones de euros del Estado y de 2017, es fruto de la negociación de los Presupuestos Generales del año pasado. Quintero ha anunciado además que ya se ha solicitado al Estado que formalice cuanto antes la partida correspondiente a 2018, que es de ocho millones de euros, dos más gracias a la negociación de Nueva Canarias (NC).
Esta ficha presupuestaria, ha indicado el consejero, “es un derecho de los agricultores de las islas fruto de la negociación de los partidos nacionalistas en Madrid”, dijo el consejero en una nota. Además, va a quedar consolidado en el nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF), el de bases económicas (Ley 19/94). El texto aprobado en el Congreso de los Diputados este lunes ya recoge ese apoyo público.
La subvención de seis millones de euros está destinada a entidades públicas y privadas que suministran agua para el riego agrícola procedente de pozos y galerías. En la convocatoria de 2018, la segunda, también se podrá incluir el agua desalada.
Quintero ha informado de que el decreto que convoca estas ayudas “deja bien claro que el beneficiario último debe ser el agricultor, ya sea mediante una reducción en la factura del agua o, si fuera necesario, por transferencia directa”.
Quintero ha explicado que el decreto de transferencia del Gobierno del Estado llegó el 27 de diciembre pasado, por lo que “fue imposible proceder a tramitarlo antes de que terminase el año, más aún tratándose de la primera vez que se convocan unas ayudas de esas características”.
El consejero ha explicado que “hemos querido que esta convocatoria contase con la opinión y el diálogo de los agentes empresariales y sociales implicados, por lo que se inició un proceso de diseño participativo en el que, además, hubo que consultar diferentes dudas con el propio Gobierno del Estado”.
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