Decidir qué comer y cómo se produce. En 1996, la Vía Campesina, un movimiento internacional, desarrolló el concepto de soberanía alimentaria en Roma con motivo de la Cumbre Mundial de la FAO, que incide en priorizar la producción agrícola local, proteger a territorios de la importación de alimentos con precios demasiado bajos o el compromiso de mantener una producción interior que evite excedentes para que las comunidades puedan definir sus propias políticas agrarias de forma sostenible.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias anunció en noviembre que destinará 250.000 euros a un plan de soberanía alimentaria. La responsable del área, Alicia Vanoostende aseguró que el sector primario solo supone el 2% del PIB de Canarias y genera 16.000 empleos directos, pero es “una parte esencial” para combatir el calentamiento global y apoyarlo puede ayudar a estar más preparados frente al Brexit o ante la incertidumbre internacional, dada la alta dependencia del Archipiélago de las importaciones alimentarias.
Rafael Hernández, presidente de COAG en Canarias, recuerda que su organización se adhirió al concepto de soberanía alimentaria desde su desarrollo por la Vía Campesina y hoy en día “se ha puesto en circulación de forma bastante frecuente por parte de autoridades”. Remarca que se trata de “una reivindicación mundial” que pretende que todos los pueblos puedan decidir “lo que quieren comer sin que lo imponga el supermercado de turno”.
Esto tiene como consecuencia “el derecho de los agricultores, pescadores y ganaderos a producir los alimentos que la sociedad requiere en cantidad y calidad”, explica Hernández. Aunque hace hincapié en que el concepto “va mucho más allá” de la producción local, considera que en Canarias es preciso partir desde “una foto” para conocer cómo está la situación actualmente: “Es importante saber cuál es el nivel de autoabastecimiento de una serie de producciones básicas”.
La Consejería de Agricultura ha remitido a este periódico, cuando se le han solicitado los datos sobre producción local e importación de alimentos, un informe publicado en mayo de este año de un grupo de investigadores de la Universidad de La Laguna, contratados por el Gobierno regional la pasada legislatura, para esclarecer el grado de autoabastecimiento alimentario de Canarias.
En este documento se ofrecen diferentes porcentajes según los grupos de productos analizados, puesto que “no hay ningún tipo de análisis que sostenga” que el grado de autoabastecimiento en Canarias se pueda ilustrar con una sola cifra.
Entre los alimentos que menos se producen en el ámbito local destacan el azúcar, la sal, aceites, los cereales en grano, la leche o el pescado congelado, pues tiene una ratio de autoabastecimiento inferior al 10%; en un punto intermedio, entre un 10 y un 40%, cita las frutas, la carne o la miel. Y entre los alimentos que tienen un nivel de producción alto en el ámbito local, es decir, por encima del 40%, están las harinas, los huevos o las hortalizas.
El informe sitúa en un 52% el grado de autoabastecimiento total según su peso, uno de los tres criterios elegidos para medir la producción (junto al valor energético y el valor comercial). Si de esos alimentos se descartan los que provienen de la industria alimentaria, es decir, preparaciones de carne, de hortalizas o de harina, además de productos lácteos, entre otros, la cifra en volumen desciende hasta el 37%.
“Si se limita a la que se ha definido como industria alimentaria local pura, los grados de autoabastecimiento son sustancialmente inferiores para el conjunto de productos de la alimentación: 34% en peso”, asegura el informe. Sin contabilizar los productos a los que se les añade agua en las Islas, como yogures, preparados lácteos o bebidas alcohólicas, la ratio de autoabastecimiento en las Islas desciende hasta el 16,5% en peso.
El grupo de investigadores estima que en Canarias el autoabastecimiento contribuye a tener seguridad alimentaria, “puesto que la importación de alimentos se realiza casi exclusivamente por vía marítima y una interrupción de estos servicios podría poner en jaque la garantía de abastecimiento en poco tiempo”. Pero, a su vez, resalta que una dependencia extrema de lo que se produce en el ámbito local también conlleva riesgos ante “la incidencia de acontecimientos naturales adversos, como el clima o las plagas”.
Por ello, aconseja la “diversificación” entre producción local e importación: “No sólo es vulnerable una región que dependa íntegramente de la importación de alimentos; también lo es aquella que no puede compensar fallos en el autoabastecimiento con este recurso”.
Aunque la realidad es que el grado de autoabastecimiento en Canarias ha ido decreciendo ante el crecimiento de la demanda, provocado por el aumento demográfico y el turismo, según cita el informe. “La limitada respuesta expansiva de la oferta local se relaciona con sus costes de producción, que desembocan en desventajas competitivas de precios relativos frente a la oferta importada”, resalta.
Además, en el marco institucional, existen subvenciones, como el Régimen Específico de Abastecimiento (REA), que garantiza el suministro de productos agrícolas esenciales a las regiones ultraperiféricas, paliando los costes adicionales derivados de esa condición. En este sentido, Amable del Corral, de la Plataforma Agraria Libre de Canarias (Palca), considera que la Administración debería fomentar los productos locales y retirar las subvenciones a los mismos alimentos que se importan y que compiten con los de la tierra. “Esa es la única manera de conseguir incrementar la parte de soberanía alimentaria. A este Gobierno no le quedará otra alternativa, aunque los importadores se cabreen”, afirma.
Desde COAG, su presidente considera que la soberanía alimentaria no solo está relacionada con los alimentos que se importan y reciben subvenciones, sino que “está vinculada a toda la economía circular”, pero sí coincide con Palca en reducir el respaldo a las importaciones “en la medida en que se incrementa la producción local”, porque “es tanto el apoyo a las importaciones, que asfixia a la producción isleña”.
Pero de lo que se trata, a juicio de Hernández, es de “definir a donde se quiere ir”, fijando, por ejemplo, un nivel determinado de autoabastecimiento, “decidir sobre nuestra alimentación”, pero “no desde un solo ángulo”, sino incluyendo perspectivas transversales “desde la educación, sanidad o empleo”.