La escalada de precios para la alimentación animal desde inicios de año en el ámbito mundial deja al borde del colapso a la ganadería en Canarias. El coste de los piensos para mantener una explotación puede suponer hasta el 60% de los gastos de producción. “Es una situación muy dura y puede ser la ruina para algunos profesionales que aman este oficio”, describe Jorge Pelayo, secretario de organización de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y ganadero y veterinario de profesión. Empresas como la compañía Canaria de Piensos (Capisa) ya ha comunicado una subida de los precios de venta a causa de este escenario. La entidad envió una carta a sus clientes el pasado 12 de agosto achacando esta decisión al retraso del Gobierno de Canarias para modificar el balance del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) y abaratar más la importación de cereales.
En una entrevista con Canarias Ahora, el director general de Ganadería del Ejecutivo regional, Taishet Fuentes, ha explicado que la petición se hizo efectiva el 17 agosto, aumentando hasta los 100 euros por tonelada la ayuda a la importación de cereales para la industria del pienso. “Achacar la responsabilidad a alguien es una cuestión de echar balones fuera”, replica Fuentes, puesto que el aumento de precios desde inicios de enero se debe, según explica, a una creciente demanda global frente a una escasa oferta. “Países como China han acaparado muchísimo cereal y también ha aumentado la demanda de estas materias primas para producir biocombustible que genera energías limpias”; otro factor que ha contribuido al aumento del precio, a juicio del responsable de la Dirección de Ganadería, “es que las navieras han reducido el transporte marítimo por la necesidad de reducir costes por la situación económica originada por la pandemia de la COVID 19”.
Si este escenario se alarga en el tiempo, Fuentes considera que la situación para los ganaderos sería “insostenible económicamente”, porque son los que soportan el sobrecoste, ya que este no acaba repercutiendo en el precio final de sus productos, como la leche, carnes o quesos. “Al contrario, en algunos casos han tenido que bajar los precios para poder colocar el producto en el mercado, renunciando a sus beneficios para sostener su negocio”, señala. Para tratar de mitigar las dificultades que atraviesa un sector que ha perdido el 40% de su actividad en la última década, el Gobierno de Canarias tomó la decisión “excepcional” de modificar el REA a mitad de año, cuando lo normal es que se haga por anualidades, cada mes de septiembre.
El REA es un mecanismo diseñado por la UE desde 1992 para garantizar el abastecimiento en las islas de productos que escasean o directamente no existen en el Archipiélago. Lo hace por dos vías: subvencionan los productos que se traen desde la Unión Europea y se aplica una exención al pago del arancel aduanero común de la UE a los de terceros países. La producción local de alimento para ganado es prácticamente inexistente en las Islas y el REA contempla varias ayudas para importar materiales vegetales, cereales (guisantes, cebada o avena), alfalfa, raigrás y paja. Estos productos son adquiridos por la industria, como Capisa, que lo transforma para su venta en las islas y desde hace años se agota en el primer semestre a causa del acaparamiento.
Ante esta situación, el director general de Ganadería reconoce no poder confirmar con datos reales del sector importador “para confirmar o desmentir si existe acaparamiento o no”. Pero sí tiene conocimiento de que “los volúmenes de kilos disponibles de insumos de alimentación animal son mayores, mientras que los datos de la cabaña ganadera decrecen”. Para controlar el acaparamiento, Fuentes asegura que existen fórmulas, como “transparencia, auditorias y voluntad”. También aboga por aumentar la producción local de forraje, aunque matiza que las limitaciones de los territorios isleños para el cultivo dificultan esta opción. “Hay que recordar que en Canarias no contamos con esos grandes latifundios cultivados en la península, y que además no tenemos la maquinaria necesaria, que acaban reduciendo, por las economías de escala, los costes de la alimentación”, señala.
Lo que hizo el Gobierno de Canarias fue, por un lado, aumentar la cantidad de toneladas que se podían importar de una de las partidas: la de los materiales vegetales (ensilados de alfalfa y ragirás) porque prácticamente se habían agotado en julio (eran 4.000 toneladas millones y se amplió a 8 millones de kilos). Y, por otro, aumentó la intensidad de la ayuda económica por tonelada transportada de cereales. Dado que el REA cuenta con un presupuesto limitado de 62 millones de euros que se reparte entre un listado de productos (desde aceite, leche y nata a carnes y frutas), lo que se otorga por una parte, se debe quitar de otra. “Para poder hacer frente a la decisión de aumentar la intensidad de ayuda de los cereales, se ha disminuido el volumen del resto de materias primas de alimentación animal”, explica Fuentes.
Pelayo, que tiene una granja dedicada a la multiplicación porcina en Geneto (San Cristobal de La Laguna), considera que la medida tomada por el Gobierno regional “no ha salido bien” porque a su juicio ha sido insuficiente. Fuentes entiende “que pueda haber cierta desconfianza en estos momentos por el encarecimiento tan excesivo que se ha producido de estos insumos, que está por encima de la ayuda unitaria por tonelada al transporte que proporciona el REA”. Si bien recuerda que este mes se vuelve a negociar la ficha financiera del REA y asegura que la intención es “recuperar los volúmenes existentes al inicio del ejercicio y garantizarlos hasta el final de año”.En otras palabras, el ganadero está comprando piensos sin percibir el descuento en su factura, pero en estos momentos, el director general de Ganadería considera que “las explotaciones tienen que soportar esta situación como cualquier organización empresarial: reduciendo costes, controlando el gasto de la explotación, diversificando y diferenciando sus productos, y de ser posible, manteniendo o aumentando el precio de venta”.
El secretario de Organización de UPA recuerda que desde inicios de 2021 insiste al Gobierno de Canarias para que incluya una ayuda directa al ganadero que le permita sufragar las deudas que contrae con los fabricantes de piensos. Las empresas dedicadas a esta actividad fijan los precios en función de sus costes fijos y variables y el ganadero solo puede acudir a esta oferta, en ocasiones, pidiendo un crédito a la propia entidad, de forma similar a un banco. “El industrial valora si puede dar crédito o no”, señala Pelayo, quien asegura que ahora mismo el ganadero tiene entre un -30% y -40% de endeudamiento. “Y si no son capaces de pagar, la fábrica se queda con los animales”, añade.
El director general de Ganadería dice que “la ayuda directa que señala podría darse, para que la gestionara y recibiera directamente el ganadero, cambiando la ficha económica destinada para esto en el balance del REA y dirigirlo al programa Posei”. Sin embargo, matiza que para optar a este respaldo económico “sería necesario que todas las ganaderías en Canarias tuvieran una solvencia económica y liquidez financiera suficiente para afrontar estos costes iniciales durante todo el tiempo que comen los animales, y la paciencia por la burocracia administrativa necesaria para convocar, resolver, conceder e ingresar estas ayudas en forma de subvención”.
Otro de los grandes problemas de la ganadería en Canarias es la burocracia. En las Islas, más del 30% de las explotaciones existentes están pendientes de ser legalizadas por la maraña burocrática que los sucesivos gobiernos regionales han intentado desenredar. Al respecto. Fuentes señala que la Ley del Suelo aprobada durante la legislatura pasada “fracasó” a la hora de agilizar el procedimiento legislativo. En el actual Gobierno, Fuentes asegura que se han analizado “los puntos débiles del procedimiento y se propuso para su aprobación un decreto ley con una redacción destinada a dar respuesta a los defectos detectados”.
Se refiere al decreto ley 15/2000 de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, que establece “un sistema más ágil y eficiente, dotado de unos filtros iniciales para verificar el cumplimiento de los requisitos de forma que, desde el principio se fija la potencialidad de consecución favorable de las explotaciones solicitantes, esperando que tengan una importante repercusión en la consecución de lo previsto en el procedimiento”, subraya Fuentes.
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