El Gobierno de Canarias y los representantes sindicales han coincidido este viernes en su intención de oponerse de forma radical y conjunta a la venta parcial de AENA en lo que respecta a los aeropuertos del archipiélago, al entender que no pueden quedar en manos privadas.
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, se ha reunido con representantes sindicales de AENA, a los que ha trasladado la determinación del ejecutivo de reclamar en la comisión mixta con el Estado y en los tribunales el traspaso a la Comunidad Autónoma de la gestión de los aeropuertos canarios.
El artículo 33 del Estatuto de Autonomía otorga a la Comunidad Autónoma la competencia de ejecución de aeropuertos con calificación de interés general “cuando el Estado no se reserve su gestión directa”, lo que se produce tras la decisión del Gobierno de privatizar el 49% de AENA, según interpreta el ejecutivo regional.
El consejero de Obras Públicas, Política Territorial y Transporte del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, dijo tras la reunión que coinciden con los sindicatos en la determinación de oponerse de forma frontal y radical a la privatización de los aeropuertos canarios.
“Los aeropuertos canarios deben seguir siendo públicos y gestionados con participación de las instituciones de las islas desde la óptica del interés general, porque son instalaciones estratégicas para la economía y para la cohesión territorial y social del archipiélago”, dijo Berriel.
Subrayó que los ochos aeropuertos de las islas aportan en conjunto 200 millones de euros anuales al sistema español, por la diferencia entre sus ingresos y sus gastos, y por lo tanto las infraestructuras que hay en las islas siempre se han financiado solas.
El Gobierno canario teme que la entrada de capital privado suponga vincular la gestión a criterios empresariales y comerciales.
El sindicalista Francisco Bautista, de UGT, dijo que el temor no es tanto el cierre de aeropuertos deficitarios como la falta de inversión en los mismos y destacó que la sociedad debe ser consciente de la necesidad de que los aeropuertos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla deben ser públicos al cien por cien.
Indicó que su lucha no es por sus condiciones laborales, ya que han pactado que se respeten pese a la venta parcial de AENA, sino por evitar la privatización por el perjuicio al interés general.
Jorge Gutiérrez, de Intersindical Canaria, subrayó que los aeropuertos canarios no se pueden dejar en manos de capital privado por su carácter estratégico y subrayó que estas instalaciones “no son sólo movilidad, son también cohesión” porque son las que permiten el traslado de enfermos y de estudiantes.
Lo sindicatos van a promover una campaña de movilizaciones en todos los aeropuertos para trasladar a la sociedad la importancia de su valor, dijeron los representantes de los trabajadores.
Domingo Berriel dijo que se han ofrecido alternativas al Gobierno central para que Canarias tenga “voz y decisión en la gestión aeroportuaria” sin obtener respuesta.
“No podemos permitir que se privaticen y que sean gestionados con otro fin que no sea el interés general”, dijo Berriel, así que el ejecutivo canario va a recurrir en los tribunales “todas y cada una de las decisiones que el Estado vaya tomando para materializar la privatización”.
Alertó además de que el decreto ley aprobado por el Gobierno le faculta para enajenar o cerrar cualquier instalación o servicio que no sea rentable.