La Comisión Europea acepta tres denuncias contra las prospecciones de Repsol
WWF España, el Cabildo de Lanzarote y el de Fuerteventura han recibido la comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea (CE) en la que se informa de que su queja interpuesta por los sondeos de hidrocarburos que Repsol ha comenzado en Canarias será investigada y que se pondrá en contacto con las autoridades españolas para solicitar más información sobre los incumplimientos denunciados.
Recientemente, el Guincho de Lanzarote indicó que Bruselas revisa la actuación del Gobierno central con determinantes informes científicos sobre importantes deficiencias técnicas del estudio de impacto ambiental de Repsol.
El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, valora que la CE investigue “las graves deficiencias del proceso de evaluación ambiental”, porque “el lugar de las prospecciones posee una excepcional riqueza ambiental y es totalmente incompatible con la explotación de hidrocarburos que pretenden Repsol y el Ministerio de Industria”.
La organización recuerda en un comunicado presentó el pasado 6 de junio una queja ante la CE por la declaración de viabilidad ambiental realizada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del proyecto Sondeos exploratorios en los permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Canarias 1 a 9”, por entender que presentaba graves deficiencias y vulneraba la normativa europea.
En la queja WWF España denuncia que si el Lugar de Interés Comunitario (LIC) marino “Espacio Marino del Oriente y Sur de Lanzarote-Fuerteventura” hubiera estado declarado a la fecha del proyecto, “como debía haber ocurrido”, éste no habría podido ser autorizado, por la afección que el proyecto causa a las ZEC y ZEPA y a la fauna protegida, en especial, a tortugas, zifios y otros cetáceos estrictamente protegidos.
Asimismo, denunció la vulneración de la directiva relativa a la evaluación de impacto de proyectos sobre el medio ambiente, al no especificarse ni las características del proyecto a realizar, ni el estudio de la riqueza ambiental del lugar y, en consecuencia, el desconocimiento de los impactos y de las medidas necesarias para evitarlos.
El colectivo ecologista presentó información que, según asegura, demuestra que la propuesta del LIC debía ser mucho más amplia y que el recorte en sus límites estaba exclusivamente motivado para evitar que entrara en colisión con el proyecto de sondeos de hidrocarburos de Repsol, a pesar de que la jurisprudencia del Tribunal de la UE exige que para la delimitación de los espacios de la red Natura 2000 solo se tengan en cuenta criterios científicos y no políticos.
En ese sentido, precisa que en los estudios científicos que posee para la declaración del LIC, se hace evidente que la zona de los sondeos - contigua al área protegida - tiene la misma importancia y es esencial para la supervivencia de las poblaciones de tortugas, zifios y cetáceos, motivo por el cual WWF ha lanzado una campaña para que la zona sea declarada Santuario para ballenas y delfines, que ya ha recogido más de 35.000 firmas de apoyo.
Cabe destacar en este punto que el exministro de Medio Ambiente que no puso freno a los sondeos en el Archipiélago, Miguel Arias Cañete, es en la actualidad comisario de Acción Climática y de Energía en la Unión Europea.
“Uno de los más escandalosos casos de connivencia entre el Estado y una empresa privada”
El Cabildo de Lanzarote por su parte, ha recordado que hasta la fecha ha presentado siete denuncias ante la Unión Europea por las prospecciones de Repsol.
La institución insular, junto al Gobierno canario, el Cabildo de Fuerteventura, más de 50 fuerzas políticas de 20 países europeos, ONGs, entidades científicas, así como colectivos canarios en defensa del medio natural han denunciado de forma reiterada el proceso administrativo por el que se la ha otorgado el permiso de prospecciones a Repsol.
El Cabildo de Lanzarote entiende que se trata de uno de “los más escandalosos casos de la historia de la democracia por la connivencia registrada entre el Estado y una empresa privada”.
