Canarias pedirá la nulidad del fallo del Supremo que avala las prospecciones
El Gobierno de Canarias presentará un incidente de nulidad contra el fallo del Tribunal Supremo que avala los sondeos petrolíferos y ha señalado que en el Ejecutivo central impera la cobardía por no haber respondido a la demanda de realizar una consulta popular sobre este asunto.
El portavoz del Gobierno regional, Martín Marrero, señaló este jueves en rueda de prensa que si no fuese admitido el incidente de nulidad, los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma presentarán un recurso de amparo -que están ultimando- contra la citada decisión del Tribunal Supremo.
El argumento para ambos procedimientos se basa en que el fallo del Supremo se aprobó con el voto particular de dos de los cinco magistrados participantes, y que se basó en el incumplimiento de la legislación europea en lo referente a consultar a las partes implicadas en una cuestión que afecta al medio ambiente.
Martín Marrero añadió que “por más que muchos lo desearan, el Gobierno de Canarias no se va a rendir” en este asunto porque “en el colmo del dislate”, se intenta interpretar como un conflicto “personal” del presidente Paulino Rivero, cuando a su juicio se trata de un conflicto “político” entre el Gobierno de España “y el interés general de los ciudadanos” de las islas.
Respecto a la falta de pronunciamiento por parte del Consejo de Ministros en relación a la demanda del Gobierno regional de someter esta cuestión a consulta popular, el portavoz autonómico dijo que lo lógico era esperar una respuesta formal “hasta por educación: un sí o un no, pero dime algo”.
Sin embargo, prosiguió, en este como en otros asuntos por parte del Gobierno central “impera la cobardía, algo que no es de extrañar viendo el talante del presidente de España”.
Esto es lo que entiende el Ejecutivo estatal por respuesta institucional y esta es su consideración hacia el Parlamento de Canarias, lamentó Martín Marrero.
Ante esta situación, recordó el portavoz, el Gobierno canario ha decidido elaborar dos decretos para desarrollar la ley canaria de participación ciudadana, de tal manera “que la consulta popular se hará, y será absolutamente legal”
