El PP balear aboga por paralizar el trámite de los sondeos petroleros
El PP de Baleares es partidario de que el Gobierno central paralice temporalmente los expedientes de las prospecciones petrolíferas autorizadas en el Mediterráneo y en Canarias para valorar si cabe denegar las autorizaciones y, en ese caso, cuáles sería las consecuencias.
El presidente de Canarias, Paulino Rivero (CC), planteó el martes al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, la conveniencia de “suspender temporalmente” las autorizaciones petrolíferas hasta que haya un entendimiento entre el Gobierno central y el del archipiélago, en una propuesta que hizo extensiva a las Islas Baleares.
En unas declaraciones realizadas a Canarias Radio La Autonómica, el vicepresidente del PP balear, Miquel Ramis, ha explicado que él solo conoce de esa propuesta lo que ha leído en la prensa, pero ha defendido que permitiría hacer “un ejercicio reflexivo importante”.
El PP balear se ha declarado reiteradamente en contra de que se lleven a cabo actividades petrolíferas en su archipiélago.
Su vicepresidente considera que continuar o denegar esos permisos es una decisión de gran transcendencia, por lo que él abogaría por “suspender momentáneamente” la tramitación de esos expedientes para ver “cuáles son las circunstancias de cada una de las licencias dadas y en qué situación administrativa se hallan”.
Ramis subraya que, desde su punto de vista, el Gobierno central tiene que respetar el procedimiento administrativo previsto para este tipo de permisos de investigación de hidrocarburos y valorar cuáles sería las consecuencias, económicas y de otro tipo, de revocar las autorizaciones concedidas.
No obstante, también ha recordado que tanto las autorizaciones otorgadas por el anterior Gobierno central en Baleares como las concedidas por el actual en Canarias están condicionadas a que se obtenga una declaración de impacto ambiental positiva.
Miquel Ramis ha enfatizado que esa declaración positiva es un elemento “imprescindible” y que, “de momento, no se ha dado”.
También ha subrayado que, aunque se trata de una competencia del Estado, en el caso de su comunidad autónoma ya hay una declaración negativa del Comisión Balear de Medio Ambiente, que se basa en criterios “técnicos y no políticos”.
