Clavijo gastó casi 7.000 euros en los collares de la Orden Islas Canarias que recuperó tras 22 años sin entregar
Los collares de la Orden Islas Canarias, la máxima distinción del Gobierno autonómico, que Fernando Clavijo repartió el pasado 17 de mayo a quienes durante los últimos 21 años han sido presidentes del Archipiélago, del Parlamento regional y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) costaron a las arcas públicas 6.844,12 euros, según una resolución obtenida por Canarias Ahora a través del Portal de Transparencia.
El presidente canario recuperó esta distinción 22 años después de que la recibieran los últimos altos cargos del Archipiélago y una década más tarde desde que se le otorgara excepcionalmente y a título póstumo al expresidente del Gobierno nacional Adolfo Suárez.
El collar de la Orden Islas Canarias reconoce “los méritos de quienes prestan o han prestado servicios eminentes a Canarias o a los canarios”, así como su contribución al fortalecimiento de las “relaciones de amistad y cooperación de Canarias con la comunidad nacional e internacional”, según el decreto que lo creó, en 2000. La última vez que se entregó a los miembros considerados “de carácter nato”, estos son, los máximos representantes del Gobierno, de la Cámara autonómica y del TSJC, fue en el año 2002 con el expresidente Román Rodríguez.
La información solicitada por esta redacción pedía conocer el coste total del acto celebrado hace dos meses por el que hasta 13 personalidades que “han contribuido a levantar y construir la Comunidad Autónoma”, según Clavijo, recibieron los mencionados collares. El desglose de gastos debía incluir el desplazamiento de los condecorados y el coste de los galardones, entre otros.
La resolución emitida por la Viceconsejería del Gabinete del Presidente detalla que los collares costaron 6.298,02 euros (484,46 euros cada uno), el arreglo florar ascendió a 300 euros, el servicio audiovisual 246,10 euros y el traslado de los condecorados 0 euros, pese a que al acto de entrega, celebrado en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife, acudieron personalidades que no cuentan con su residencia en la isla tinerfeña, como el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias.
El regreso del collar de la Orden Islas Canarias fue anunciado por Clavijo el 10 de mayo. La distinción reconoció a los expresidentes Adán Martín Menis (2003-2007, a título póstumo), Paulino Rivero Baute (2007-2015) y Ángel Víctor Torres Pérez (2019-2023), así como al presidente actual, Fernando Clavijo (2015-2019//2023); a los expresidentes del Parlamento regional, Gabriel Mato Adrover (2003-2007), Antonio Castro Cordobez (2007-2015), Carolina Darias San Sebastián (2015-2019) y Gustavo Matos Expósito (2019-2023), al igual que la presidenta de la Cámara autonómica, Astrid Pérez (2023); y también a los expresidentes del TSJC, Antonio Castro Feliciano (2005-2013), José Ramón Navarro Miranda (2013-2014) y Antonio Doreste Armas (2014-2020), y al presidente del TSJC en estos momentos, Juan Luis Lorenzo Bragado (2021).
En el acto de entrega, Clavijo resaltó la “impagable” labor de los condecorados, entre los que se encuentra él mismo, a quienes considera “artífices de la Canarias moderna, abierta y solidaria de la que hoy podemos estar orgullosos”. Con la entrega del collar, el presidente, también secretario general de Coalición Canaria (CC), ve saldada una deuda con los “padres y madres” de las Islas por su “trabajo incansable y su enorme contribución a cohesionar una tierra alejada y fragmentada que ha sabido avanzar superando todas las adversidades”.
Los collares de la Orden Islas Canarias se entregan a los premiados “de carácter nato”, quieran estos o no. Clavijo se condecoró a sí mismo por ser el presidente de Canarias y pese a haber pasado por dos procesos penales (casos Grúas y Reparos, de cuando era alcalde de La Laguna), finalmente archivados tras haberse aforado al Tribunal Supremo en su etapa como senador (2019-2023). También recibió el collar Astrid Pérez, presidenta del Parlamento autonómico, quien tiene un chalé en la urbanización de La Bufona, en Lanzarote, sobre el que pesa una orden de derribo incumplida por haber sido construido en suelo rústico.
Otro de los distinguidos fue Antonio Doreste, el penúltimo presidente del TSJC. En 2016, llegó a decirle al exjuez corrupto Salvador Alba, cuando este último era magistrado de la Sección Sexta de lo Penal de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que le “interesa retirar la denuncia” que él mismo interpuso al empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, porque “te están siguiendo (…) Tiene un montón de información sobre ti, algo de un viaje a Italia (…) Y la información no es de un mindundi (…)”, según publicó el diario El País. Al mismo tiempo, fue condecorado José Ramón Navarro Miranda, presidente del alto tribunal canario solo un curso (entre 2013 y 2014), de quien se supo hace poco más de un año que intercambió mensajes con el exnúmero dos del Ministerio de Interior, Francisco Martínez (PP), sobre la investigación judicial bajo secreto del caso Kitchen, el supuesto operativo parapolicial para sustraer información al extesorero del PP Luis Bárcenas.
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