El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido este martes por unanimidad la consulta que había sido convocada para el próximo día 23 por el Gobierno de Canarias sobre prospecciones petrolíferas al admitir a trámite el recurso del Ejecutivo central que considera que invade competencias del Estado.
El pasado 24 de octubre el Gobierno de España decidió recurrir al TC la consulta convocada por Canarias en relación con las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago, y a la vista de ello el propio Ejecutivo regional decidió posponer los procedimientos relacionados con la misma a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional.
La suspensión es provisional y no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto que ha de resolver el tribunal, que deberá decidir próximamente si prolonga esa suspensión temporal antes de que pase un plazo de cinco meses o, en su caso, la levanta.
En sendas providencias, el TC admite a trámite los recursos del Ejecutivo central contra los decretos del presidente del Gobierno de Canarias por el que se convoca la consulta mediante pregunta directa en el ámbito de este territorio autonómico y contra varios preceptos del que regula el reglamento canario de consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la comunidad.
El TC da traslado en ambos casos de la demanda del Gobierno de España al Ejecutivo de Canarias para que en el plazo de veinte días aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes y suspende todo lo recurrido por el Gobierno central en relación con ambos decretos mientras resuelve los recursos.
El Consejo de Ministros decidió recurrir la consulta al considerar que se trata de un referéndum, cuando la potestad de regulación y autorización de referendos corresponde exclusivamente al Estado.
Asimismo, el Ejecutivo central sostiene que el asunto sobre el que se pretende consultar a los canarios -la política energética- también es una competencia exclusiva del Estado.
Sin embargo, el Gobierno canario considera que tanto el marco normativo de la consulta como la pregunta directa que se formula a la ciudadanía “son plenamente constitucionales”.
Para el Ejecutivo regional, la consulta no supone un “referéndum encubierto” porque no se llama al cuerpo electoral ni al censo ni se gestiona por la administración electoral.
El Gobierno de Paulino Rivero opina que la pregunta que pretendía formular a los canarios -“¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?”-, tampoco tiene visos de inconstitucionalidad porque alude directamente a las prospecciones autorizadas por el Estado.
Al día siguiente de que el Gobierno de España decidiera recurrir la consulta al TC el Ejecutivo canario anunció que buscaría “otras opciones de expresión amparadas en la Ley de Participación Ciudadana” si finalmente el Tribunal Constitucional se pronuncia en contra de la consulta sobre las prospecciones petrolíferas.
Según afirmó el comisionado del Gobierno de Canarias para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, en un comunicado, los dos decretos aprobados por el Gobierno de Canarias son “plenamente constitucionales” pues lo que se pregunta tiene que ver con el modelo de desarrollo autonómico y con aspectos sobre los que a comunidad tendría competencias.
El subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, dijo el lunes que los sondeos de Repsol se iniciarán antes de finales de noviembre, una vez que el barco que se desplaza desde Angola a aguas cercanas a Canarias con ese fin haya terminado los trabajos en ese país africano.