La Comisión Europea y la Agencia Europea de Seguridad Marítima trabajan en un plan de “preparación y reacción rápida” ante una contaminación marina en las aguas territoriales de la Unión Europea, según recoge el Ejecutivo comunitario en una respuesta escrita a la jefa de la Delegación de UPyD en el Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa.
Pagazaurtundúa reclamó en octubre pasado a la Comisión Europea que actúe con urgencia para evitar actividades ilegales en alta mar que pueden producir catástrofes naturales en las costas, como el vertido de chapapote registrado el 16 de julio en la costa de Agüimes (Gran Canaria).
En su respuesta, el Ejecutivo comunitario reconoce que las zonas costeras pueden enfrentarse a retos especiales, incluidas la contaminación marina y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y reconoce trabajar en lo que denomina una “reacción rápida” a esta situación.
“La Comisión prepara también un panorama de los riesgos de catástrofe en la Unión Europea para ampliar los conocimientos y fomentar la cooperación de los Estados miembros que se enfrenten a riesgos similares”, indican desde UPyD.
Además, recuerdan que el Reglamento de 2010 exige a los Estados miembros, como en este caso España, que combatan la pesca ilegal y que fomenten la sostenibilidad de los recursos pesqueros.
Sin embargo, todas las competencias no son solo de los gobiernos nacionales, pues la legislación de 2013 sobre el Mecanismo de Protección Civil de la Unión tiene por objeto mejorar la eficacia de los sistemas de prevención, preparación y respuesta a las catástrofes naturales y de origen humano.
Aun así, la Comisión Europea subraya que existen una serie de disposiciones sobre la prevención de catástrofes y la preparación ante ellas, que incluyen que “los Estados miembros se han comprometido a realizar todas las evaluaciones de riesgos y de capacidades de gestión de estos, que son elementos importantes de la prevención de catástrofes hidrogeológicas y de otros tipos”.
Pagazaurtundúa declaró en este sentido que la UE debe reaccionar efectivamente de forma urgente porque los vertidos generan daños extraordinarios. “No somos dueños de nuestro entorno, tenemos que legarlo a nuestros hijos, evitando catástrofes y chapuzas por falta de control”. “Es obligación de los gobernantes tener a tiempo normativas adecuadas”, manifestó.