Las familias de las víctimas del accidente del vuelo JK5022 siniestrado en agosto de hace diez años supieron de la muerte de sus allegados tras pugnar en una sala de Ifema por un papel con 19 nombres, los de los 19 únicos supervivientes de una tragedia que dejó 154 fallecidos en el aeropuerto de Barajas.
La hermana, el cuñado y los dos sobrinos de Federico Sosa no estaban en el papel de la “esperanza” que fue “corriendo de mano en mano” a falta de información oficial dentro del “caos” y “desamparo” que marcaron las primeras horas tras el siniestro.
Sosa ha relatado este miércoles ante los diputados de la comisión del Congreso que investiga del accidente cómo fueron estas primeras horas, desde que les “aislaron” en una “sala-burbuja” de la tercera planta del aeropuerto de Gran Canaria cuando fueron a pedir información sobre el accidente hasta que seis días después regresaron a la isla con los cadáveres de los suyos en las bodegas de un avión comercial.
Ha contado cómo les concentraron en esa sala el aeropuerto canario para “quitarles” de la terminal. “Sí, vivimos en una isla, somos isleños, como muchos diputados que están aquí hoy, y en aquella maldita tarde del 20 de agosto nos sentimos doblemente aislados”, ha denunciado.
Según ha asegurado, no recibieron información sobre lo que había pasado y ya por la noche les embarcaron en dos aviones rumbo al aeropuerto de Madrid, donde unos autobuses les trasladarían a Ifema.
“Esa palabra desató el llanto de todos los pasajeros”, porque inmediatamente les saltó el recuerdo del 11-M. “Ifema era sinónimo de muerte”.
Fue allí donde se enteraron de la muerte de los suyos por la única lista que había colgada en un pared: la de los 19 supervivientes y los hospitales donde estaban ingresados. Conclusión: “si no están en la lista, han fallecido”.
“Y así fue cómo nos enteramos de la muerte de los nuestros (...) no porque nadie nos informara”, ha denunciado Sosa, que ha recordado cómo unas familias fueron “portadoras de malas noticias” para otras.
La “escalada en el maltrato” continúo cuando ya de madrugada les llevaron al Hotel Auditorium, donde el 22 de agosto la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se comprometió a buscar la verdad, depurar responsabilidades y colaborar con la justicia, y donde esperaron la llamada para acudir al cementerio de la Almudena a identificar los cuerpos.
Sosa, que fue el primer presidente de la asociación de víctimas, ha asegurado que el Gobierno reaccionó 31 horas después, que la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, “nunca apareció”, y que no recibieron información ni de Aena, ni de Aviación Civil ni de Spanair ni Boeing.
La primera información oficial rigurosa llegó en la madrugada del 21 de agosto, cuando la directora general de Protección Civil se puso a disposición de las familias y se convirtió en su principal interlocutora.
En todo este proceso el sentimiento de los familiares fue de “abandono”, “ninguneo”, “impotencia”, “maltrato” y “humillación”. “El Estado no nos protegió”, ha concluido Sosa, que ha advertido a los diputados que las víctimas que no quieren “condolencias”, sino que se tomen las medidas necesarias par que la tragedia no se repita.