El pleno del Cabildo de Fuerteventura ha acordado este lunes anular el procedimiento para declarar el interés insular del proyecto Dreamland Studios, que pretendía levantar una ciudad del cine a apenas 400 metros del espacio natural de las Dunas de Corralejo, en el norte de la isla.
El acuerdo se ha alcanzado con 20 votos a favor, los de los consejeros de CC, PSOE, NC, PP y Águeda Montelongo, de Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF), y la abstención de su compañero de partido, Sergio Lloret, presidente del Cabildo, cuando el 28 de noviembre de 2022 el pleno de la institución acordó inicialmente la declaración de interés insular del proyecto.
El plenario ha dado el visto bueno a declarar la caducidad de los trámites de información pública y de consulta realizados sin recibir respuesta a las alegaciones por parte del promotor, así como denegar la declaración de interés insular.
La presidenta insular, Lola García, ha dejado claro que están a favor de “proyectos que diversifiquen la economía desde la industria audiovisual, pero nunca vulnerando la protección de un lugar de especial sensibilidad”.
“Así lo han manifestado instituciones, sociedad majorera, asociaciones y colectivos que presentaron centenares de alegaciones al proceso para defender el territorio de un daño irreparable”, ha recordado.
El hoy vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, el socialista Blas Acosta, ha sido uno de los principales defensores del proyecto Dreamland en Fuerteventura; sin embargo, este lunes ha votado a favor de la caducidad del interés insular del proyecto.
Acosta ha manifestado la disposición del Cabildo a “seguir apostando en Fuerteventura por este tipo de proyectos que generan oportunidades de diversificación económica y para nuestros jóvenes, priorizando la protección del paisaje”.
La consejera de Ordenación del Territorio, Nereida Calero, ha expuesto que se deniega esta declaración “al no estar justificado el interés insular del proyecto por su alta intensidad edificatoria, transformación urbanística y afecciones a un suelo rústico de gran valor medioambiental y paisajístico”.
Además, ha recordado que diversos informes sectoriales de la corporación insular “resuelven que el proyecto es incompatible con la Reserva de la Biosfera y ha sido rechazado por todos los ayuntamientos, incluido el de La Oliva, saltándose el planeamiento municipal vigente”.
Asimismo, dichos informes determinan que los intereses del proyecto van más allá de fomentar la industria del cine en Fuerteventura, ya que el principal motor económico del proyecto es el parque temático, de donde vendrían la mayor parte de los ingresos, y no propiamente la producción audiovisual.
Además, el proyecto carece de los requisitos de necesidad sobrevenida o actuación urgente que requiere para poder ser declarado de carácter estratégico insular.
En noviembre de 2022 el pleno del Cabildo majorero, con Sergio Lloret como presidente, acordó inicialmente la declaración de interés insular del proyecto de Dreamland con los votos a favor de los siete consejeros del PSOE (en la oposición), los dos de NC-AMF (en el gobierno insular), el de la consejera no adscrita Sandra Domínguez (en la oposición), y el de Andrés Briansó, que había sido expulsado de Podemos tiempo atrás.
La decisión derivó en una ruptura del pacto entre Coalición Canaria, Partido Popular y AMF y dejó un gobierno en minoría con solo dos consejeros: Lloret y Juan Nicolás Cabrera (AMF).
Este lunes, Sergio Lloret ha recordado que el proyecto Dreamland nació en Fuerteventura con “una minoría que no lo quería y una mayoría a favor”, pero “en otro lado”.
Asimismo, ha indicado que existía “debilidad” jurídica en el informe negativo del Cabildo y ha resaltado que este estuviese firmado por una funcionaria interina.
Por su parte, la consejera del Partido Popular, Esther Hernández, ha apuntado durante su intervención que el proyecto bautizado como ciudad del cine no está en Fuerteventura porque “sólo se planteó la viabilidad económica del suelo, y no el futuro del proyecto” y por “el silencio durante dos años de este expediente en la isla”.
Hernández ha acusado a Blas Acosta de “comerse un sapo para poder seguir de vicepresidente” después de “decir en campaña que lucharía por Dreamland”, y le ha recordado que ha votado en contra de sí mismo.
Urbanizar más de 160.000 metros de suelo rústico
Dreamland Studios pretendía ocupar más de 160.000 metros cuadrados de suelo rústico junto al Parque Natural de las Dunas de Corralejo. Una primera parcela, zona A, de 13.089 metros de superficie, iba a dedicarse a aparcamientos y a un helipuerto. La zona B incluiría un espacio recreativo para turistas con un museo de realidad virtual, locales comerciales y restauración. En la zona C se ubicaría la producción audiovisual con platós, oficinas, camerinos y talleres. Por último, la zona D acogería las instalaciones generales como una depuradora o una centro de recepción del suministro eléctrico.
Para que esta ciudad del cine pudiera ser construida en suelo rústico, los promotores y el Cabildo de Fuerteventura recurrieron a la ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que contempla en el artículo 77 que cuando las construcciones carezcan de cobertura expresa en el planeamiento “su autorización por licencia requiere de la previa declaración por el Cabildo insular de interés público o social”. Así, todo el proyecto turístico y comercial quedaba en manos de los consejeros insulares, que lo respaldaron.
Sin embargo, se produjo un fuerte rechazo social al proyecto, que se sumó a la preocupación por los problemas de abastecimiento de agua potable y al debate sobre la caducidad del modelo turístico actual.
Lucha en los tribunales
La pasada semana, el accionista mayoritario de Dreamland Studios, José Antonio Newport, se acogía a su derecho a no declarar ante el juez después de que sus dos socios iniciales en el proyecto, las empresas Volcano y Alquimia, le presentaran una querella acusándolo de maniobrar a sus espaldas durante las gestiones para trasladar el proyecto a Gran Canaria para apropiarse de la idea y de comprometerlos a inversiones millonarias sin su permiso.
A Newport le atribuyen los delitos de administracion desleal, apropiación indebida y delito societario.