Una asesora del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha reclamado mediante recurso administrativo su fijeza laboral después de enlazar un contrato eventual tras otro, desde el 1 de mayo de 2005 hasta la actualidad e invocando el “fraude de Ley”, ya que ella misma reconoce que realizaba fraudulentamente trabajos propios de empleados públicos en el Consistorio, pese a estar contratada, oficialmente, por la Gerencia de Urbanismo.
María Onelia Segredo León, como se llama la asesora, no solo reclama una plaza fija sin pasar por la correspondiente oposición para el acceso a la Función Pública, sino que es candidata al Parlamento de Canarias por Coalición Canaria y figura como vocal en el comité local de Santa Cruz de Tenerife que preside José Manuel Bermúdez, el aspirante a alcalde.
Durante seis años, Segredo ha cobrado entre 28.600 y 30.000 euros anuales brutos. En su recurso administrativo alega que ha habido cesión ilegal de mano de obra, ya que pese a que cobraba de la Gerencia de Urbanismo como personal eventual, nunca trabajó para el mismo, sino que sus labores de asesoramiento fueron organizar el carnaval del Distrito Suroeste durante 2008 y 2009, los actos navideños en el barrio de Ofra durante tres años y una jornada sobre Medio Ambiente.
La demandante sostiene en su reclamación que “aunque formalmente fui contratada como asesora de la Gerencia Municipal del Urbanismo, mis funciones nada tenían que ver con dicho nombramiento”, motivo por el que invoca el fraude de ley.
La ahora aspirante también a diputada regional por CC afirma en su escrito que entró como personal eventual en el Organismo Autónomo de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife hasta 2007, en que su contrato fue renovado aunque la asesora trabajaba como secretaria de Ilda López Díaz, consejera de Sanidad y Medio Ambiente, en el área de calidad medioambiental y servicios públicos del Ayuntamiento, con todos los derechos de los empleados públicos, salvo en lo concerniente a su nombramiento y cese. Su sueldo era de 28.652 euros brutos anuales.
Posteriormente, en 2007, María Onelia Segredo León fue formalmente contratada para asesorar en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Este contrato acababa en marzo pasado, pero a finales de 2010 fue resuelto por el alcalde Miguel Zerolo, y la asesora firmó un nuevo contrato, otra vez como personal eventual de ese organismo, aunque sus asesoramientos lo son para el área de Participación Ciudadana.
La directora general de Recursos Humanos, Nieves Pérez Marichal, debe ahora resolver si acepta la reclamación de Segredo León o, lo más posible, si da la callada por respuesta, con lo que la reclamación se interpondría por la vía de lo contencioso-administrativo.
Fuentes sindicales del Ayuntamiento sostienen que se trata de un nuevo caso de contratación corrupta por la puerta falsa, una práctica que ha abundado en el consistorio durante la última legislatura. Un ejemplo claro es el caso Lerena, destapado por este periódico. Una trabajadora por cuenta ajena de un constructor estaba infiltrada en la Gerencia de Urbanismo y acabó reclamando un puesto fijo en la Administración. La Fiscalía ya ha formulado denuncia por cohecho.