El Gobierno marroquí aprobó este jueves un proyecto de ley y un decreto para delimitar su frontera marítima frente a las Islas Canarias e incorporar el mar del Sáhara Occidental a sus aguas territoriales.
El portavoz del Gobierno, Mustafa Jalfi, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, dijo que se trata de una decisión “soberana de carácter político”, conforme al derecho internacional y con dimensiones económicas, estratégicas y diplomáticas.
Estas dos iniciativas legislativas que partieron del Ministerio de Exteriores estipulan “incorporar los espacios marítimos de las provincias del Sáhara y consolidar el mandato legal de Marruecos sobre estas aguas”, indicó.
Jalfi afirmó que el nuevo texto busca “poner fin a los argumentos que ponen en duda la soberanía de Marruecos sobre sus aguas territoriales”.
“Es un derecho soberano que Marruecos ejerce en el marco del derecho internacional. (...) y que no necesita consultar con otro país”, dijo en respuesta a una pregunta sobre si esta iniciativa se había producido por un supuesto diferendo territorial con España por la frontera marítima de las islas Canarias.
El ministro destacó otras razones que dictaron la necesidad de aprobar esta decisión, como la adecuación de sus leyes al derecho internacional, asegurar la circulación de barcos y prevenir contra la contaminación.
Al mismo tiempo, esta nueva normativa, apuntó, tiene una dimensión tecnológica que permitirá a Marruecos actualizar sus datos y prepararse para pedir la expansión de su plataforma continental.
El Gobierno marroquí tomó esta decisión en un momento en el que el Frente Polisario y organizaciones como Western Sáhara Ressources Watch denuncian al país magrebí ante jurisdicciones internacionales sobre la supuesta explotación ilegal de los recursos del territorio saharaui.
El pasado 15 de junio, el Tribunal Supremo de Sudáfrica dictaminó que la retención de la carga de un barco procedente de Marruecos que transporta 54.000 toneladas de fosfato extraído del Sáhara Occidental es legal y que el caso se someterá a juicio para determinar quién tiene el derecho sobre el cargamento.