MÉXICO D.F., 26 (EUROPA PRESS)
Distintas organizaciones civiles mexicanas han asegurado este lunes que el número de menores muertos por el crimen organizado en el país desde 2006 es de cerca de 1.200, del total de 28.000 fallecimientos atribuidos a esta causa.
En Ciudad Juárez, considerada la urbe más violenta de México, el cálculo es de 138 niños y adolescentes asesinados desde diciembre de 2006, cuando comenzó el mandato del presidente Felipe Calderón.
Julián Contreras, del Frente Plural Ciudadano denunció que, según la versión oficial, los jóvenes de Ciudad Juárez son delincuentes y “se están matando entre ellos”. Se trata de “una lógica perversa (...) que incrusta en la población la idea de que no hay nada de qué preocuparse porque quienes mueren son criminales”, criticó.
Según este y el resto de activistas reunidos el lunes, a los jóvenes de Juárez se les niega la posibilidad de participar e interactuar entre ellos. “Como adultos no estamos cumpliendo con nuestra función de proporcionarles autonomía. Allí no se pueden hacer fiestas porque te matan”, aseguró Nashiely Ramírez, de Ririki Intervención Social.
El viernes por la noche un comando armado irrumpió en una fiesta y asesinó a catorce adolescentes en dicha ciudad. El domingo, un grupo de sicarios mató a trece internos de un centro de rehabilitación en Tijuana (estado de Baja California), cuyas edades oscilaban entre los 19 y los 56 años.
Estas organizaciones han constituido una “mesa permanente contra la violencia contra niños y jóvenes” junto con otros grupos de la capital mexicana. Su objetivo es denunciar “la catástrofe humana” que sufren las ciudades de la frontera con Estados Unidos, informa el diario 'La Crónica de Hoy'.
Cerca de 230.000 personas habrían huido de Ciudad Juárez para asentarse en territorio estadounidense o en sus comunidades de origen debido a la violencia, que está teniendo un grave impacto económico y social.
Por todo ello piden a las autoridades y al presidente Calderón que replanteen la estrategia actual de seguridad para mantener el respeto a los Derechos Humanos.
Los datos oficiales señalan que la mayoría de víctimas del conflicto por el narcotráfico son sicarios, en un 90 por ciento, y otro cinco por ciento policías, militares y funcionarios de seguridad. El cinco por ciento restante estaría compuesto por civiles inocentes.