La Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel para el dueño de una explotación ganadera en La Gomera por vertidos en un barranco

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Gomera ha ordenado la apertura de juicio oral contra el dueño de una explotación ganadera en Vallehermoso (La Gomera) por un posible delito contra el medio ambiente, por el que la Fiscalía pide una pena de 4 años y 6 meses de cárcel.

Fue en junio de 2022 cuando este mismo juzgado ordenó la suspensión cautelar de la actividad y el precinto de esta explotación ganadera al apreciar posible contaminación grave con vertidos de orines, estiércol de cerdo y cadáveres de animales en la zona de dominio público hidráulico del Barranco de Garabato.

El dueño de la granja ya había sido sancionado en diciembre de 2018 por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, después de que en 2016 la Guardia Civil le denunciara no solo por arrojar cadáveres de animales al barranco, sino por verter los purines directamente a la zona de dominio público hidráulico.

A petición de la Fiscalía Provincial, el juzgado incoó nuevas diligencias previas de investigación en septiembre de 2021. Seis meses después, el Cabildo de La Gomera certificó que el dueño de la explotación carecía de calificación territorial para la construcción de la granja en el lugar donde se encuentra.

La Guardia Civil había presentado dos denuncias después de que los agentes constataran un “hedor insoportable” que provenía de una gran cantidad de cadáveres de animales (ovejas, novillos, cabras, etcétera) arrojados en el lugar en estado de descomposición.

Allí había una canalización de materia fecal abierta al aire, fermentando y con gran cantidad de gusanos, según la denuncia de la Guardia Civil.

El propietario de la explotación alegó que había corregido las deficiencias y que los purines ya no se vertían al barranco, sino hacia unos tanques habilitados al efecto.

Pero una inspección de Bienestar Animal realizada en junio de 2022 indicó que el tanque subterráneo tenía pérdidas hacia el barranco cercano, de modo que tuvo que clausurarlo.

El inspector constató que el propietario tenía articulado un sistema de recogida de residuos a través de una tanquilla y una canalización hacia seis tanques plásticos de 1.000 litros de capacidad cada uno, pero ese sistema no estaba en funcionamiento en el momento de la visita.

En la inspección se revisó el cauce del barranco cercano y se observó una fuga de líquidos descontrolada, así que la gestión de los residuos seguía siendo inadecuada.

En cuanto a los cadáveres de los animales, el propietario afirmó que cuenta con un seguro para su retirada, pero reconoció haber enterrado algunos en la cercanía de la finca.

Según los análisis realizados por el laboratorio de referencia del Consejo Insular de Aguas de La Gomera en muestras tomadas en la zona, se detectaron “incrementos alarmantes” en la presencia de metales en la tierra, relata el auto del pasado junio.

El incremento en la presencia de aluminio era de un 300,6 %, de arsénico de un 193,9 %, de hierro de un 434,3 %, de manganeso de un 273,8 % y de plomo de un 410 %.

En el auto por el que ordenó el precinto de la granja, el juez concluyó que el dueño de la explotación arrojaba sin autorización los purines hacia un tanque subterráneo sin impermeabilizar, con pérdidas hacia el barranco, lo que genera una fuga de líquidos descontrolada.

A ello se suma la quema, abandono y soterramiento de los cadáveres de los animales, “suponiendo todo ello indiciariamente una contaminación derivada de vertidos que pudieran deteriorar la calidad del agua o las condiciones de desagüe del cauce receptor, así como la introducción de elementos extraños en cauces, canales, conducciones o balsas de agua de cualquier tipo, susceptibles de producir contaminación al agua afectada”.

El propietario “no puede alegar desconocimiento o ignorancia” porque ya había sido sancionado administrativamente en 2018 por arrojar purines y cadáveres de animales al barranco, agrega el auto.

En el auto de apertura de juicio oral, el juez instructor de la causa ratifica la situación de libertad provisional del acusado, así como el precinto de la granja.