A juicio el expresidente del Cabildo de Lanzarote por incautar una depuradora y entregarla al Canal de Isabel II

Un auto del polémico juez Salvador Alba, actualmente condenado a seis años y medio de cárcel y 18 años de inhabilitación por conspirar contra la magistrada en excedencia y diputada de Podemos Victoria Rosell, ha descafeinado el juicio contra el expresidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés, de Coalición Canaria, por haber incautado una depuradora para ponerla en manos del Canal de Isabel II para su explotación. Alba libró al abogado Ignacio Calatayud de cualquier tipo de responsabilidad a pesar de haber sido considerado por el juez instructor el cerebro de la operación.

El juicio ya tiene fecha de comienzo, el 16 de marzo de 2020 en el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife, según adelantó este miércoles La Voz de Lanzarote, y ha seguido adelante gracias a la presencia de Podemos como acusación popular al retirarse el Ministerio Fiscal precisamente por el auto del que fue ponente juez Alba y sus dos compañeros de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas que firmaron la resolución junto a él. Sin la imputación a Calatayud, el Ministerio Público cree que la causa se derrumba.

La operación consistió en incautar a favor de Canal Gestión, filial del Canal de Isabel II y responsable de la gestión del ciclo integral del agua en la isla de Lanzarote, una depuradora propiedad de Club Lanzarote, una promotora turística de matriz mallorquina en el municipio de Yaiza. La decisión la tomó San Ginés en su calidad de presidente del Consorcio Insular de Aguas, en el que participa el Cabildo y todos los municipios de Lanzarote, el órgano que otorgó la concesión en 2013 a Canal Gestión.

Según las conclusiones del juez instructor, Jerónimo Alonso, el ideólogo de la operación fue el abogado Ignacio Calatayud en su calidad de asesor jurídico tanto del Consorcio Insular del Agua como del presidente del Cabildo y de Canal Gestión. Según consta en la investigación judicial, este abogado cobraba por tales asesoramientos altas sumas de dinero, unas veces en forma de igualas mensuales, y las demás, en forma de pagos aislados.

Entre otros notables asesoramientos, a Calatayud se le atribuye ser el autor de la idea por la que el Consorcio Insular de Aguas cambiara la modalidad del concurso público al de negociado sin publicidad para adjudicar el servicio integral del agua a Canal Gestión, al que también terminó asesorando. El expresidente del Cabildo de Lanzarote ha reconocido que este letrado es su amigo.

Ignacio Calatayud es yerno de Felipe Fernández Camero, otro habitual de las hemerotecas lanzaroteñas por haber aparecido reiteradamente en escándalos como el caso Unión y el caso Yate, siempre como asesor jurídico relacionado con las operaciones urbanísticas sospechosas que dieron origen a ambos escándalos de corrupción.

El juicio de la depuradora de Montaña Roja, cuya fecha ya ha sido fijada, dilucidará las posibles responsabilidades penales de los tres acusados, concretamente por el delito de prevaricación. Los aspectos contencioso-administrativos quedaron resueltos en su día a partir del recurso que interpuso la empresa perjudicada por la incautación, Club Lanzarote, S.A., que ganó al Consorcio del Agua en los tribunales de justicia. A partir de ahí y para ahorrarse que la empresa de matriz mallorquina continuara con una acción penal, el expresidente del Cabildo no solo le devolvió mediante convenio la depuradora ilegalmente intervenida, sino que además, cedió ante otras muchas exigencias como que, a cambio de un canon, fuera esa compañía la que gestionara el agua del plan parcial Montaña Roja, la urbanización residencial y turística para la que precisamente había sido construida esa depuradora objeto de estos procedimientos judiciales. Club Lanzarote se retiró acto seguido como acusación particular de la causa contra Pedro San Ginés.

Canal Gestión es una filial de la madrileña Canal de Isabel II y se ocupa en Lanzarote y La Graciosa del ciclo integral del agua, desde la generación mediante desalinización, hasta su distribución y reutilización. En el año 2013 sustituyó en tales menesteres a la empresa pública Inalsa, en cuya suspensión de pagos vía concurso de acreedores también intervino el abogado Ignacio Calatayud por imposición directa del expresidente del Cabildo Pedro San Ginés.

Según consta en la documentación tramitada en el juzgado, por esas gestiones cobró al menos 86.000 euros por contratación directa de su amigo el entonces presidente del Cabildo y presidente de la empresa liquidada.