El Consejo Insular de Aguas de Lanzarote y La Graciosa ha declarado este viernes la situación de emergencia hídrica para ambas islas, mecanismo con el que las instituciones buscan articular soluciones a los problemas que tiene el ciclo integral del agua en los dos territorios.
En la Junta General celebrada en el Monumento al Campesino de Lanzarote, esta declaración de emergencia ha salido adelante con 23 votos a favor, tres en contra -de los ayuntamientos de Tías y Haría, así como de la Asociación Insular de Explotaciones Ganaderas- y dos abstenciones -del municipio de Yaiza y del representante de CCOO-.
La aprobación de este mecanismo de emergencia contempla una serie de medidas “encaminadas al incremento de la producción mediante la incorporación provisional de plantas desaladoras portátiles, la rehabilitación de dos bastidores en las plantas de la central de desalación Díaz Rijo, que aumentarán la producción en 16.000 m3/día, la ampliación de las estaciones depuradoras de aguas residuales y asegurar el suministro del agua agrícola al sector primario”.
Igualmente, se implantará un proyecto para sectorizar y controlar fugas que ya tienen los ayuntamientos para emitir informes de compatibilidad urbanística, y se establecerá un contrato marco para la ejecución de reparaciones en redes por la vía de urgencia, además de adoptar iniciativas transversales para ahorrar agua en instalaciones y servicios públicos como playas y limpieza viaria.
Con esta declaración, las administraciones públicas podrán tramitar por la vía de urgencia y por razones de interés público, las actuaciones en materia de aguas, siempre y cuando la reducción de los plazos no dé lugar a la caducidad de los procedimientos.
También se insta a las administraciones públicas competentes para otorgar autorizaciones, permisos o licencias necesarias para la ejecución de obras destinadas a la mejora de redes de abastecimiento, reducción de pérdidas, mejora y ampliación de centros de producción.
Este acuerdo para la declaración de emergencia hídrica se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, tras lo cual se abrirá un plazo de cinco días hábiles durante el cual se podrán presentar alegaciones al contenido del mismo.
Recibidas las alegaciones, se procederá a su toma en consideración y se decidirá motivadamente sobre la procedencia o no de las medidas que se pudieran incorporar o modificar, de entre las propuestas recibidas en dicho plazo de exposición pública.
Una vez resueltas las alegaciones, se adoptará el acuerdo definitivo de declaración de la emergencia hídrica, por un plazo que no podrá exceder de seis meses, prorrogable previo acuerdo de la Junta General, y se impondrán las medidas destinadas a paliar la situación hídrica de las islas de Lanzarote y La Graciosa.