El Poder Judicial abre diligencias por incumplir la orden de derribo de la casa ilegal de la presidenta del PP en Lanzarote

Ástrid Pérez, la presidenta del PP de Lanzarote, goza de un chalet con piscina de cerca de 600 metros cuadrados en la capital de la isla, Arrecife, de la cual es alcaldesa y responsable directa del área de Urbanismo. Sin embargo, hay una orden para demoler parte de la vivienda por estar construido sobre terreno rústico protegido que devino firme en 2013 porque, al contrario de once de sus vecinos, Pérez no recurrió la orden. Siete años después, aún no se ha ejecutado el derribo.

Cansado de esperar, el denunciante del caso por la vía administrativa, Gonzalo Murillo, hijo del propietario de los terrenos ocupados, ha presentado múltiples quejas pidiendo que se ejecuten las decisiones de los tribunales. “Si las sentencias de los tribunales se quedan en papel, no tienen más valor que el papel higiénico”, se lamenta.

Además de la presidenta popular en la isla, entre los propietarios de las catorce casas ilegalizables al norte de la calle Chabusquillo, en La Bufona, se encuentran un fiscal, Miguel Pallarés, y un notario, Celestino Mendizábal.

Murillo ha presentado dos quejas ante el Consejo General del Poder Judicial, una por el proceso penal y otra por el proceso contencioso-administrativo y, en ambos casos, el promotor de la acción disciplinaria ha procedido a incoar diligencias informativas.

En el frente contencioso-administrativo, denuncia que no se han acatado íntegramente las consecuencias jurídicas de las once sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que paralizaron la demolición parcial de once de las catorce viviendas ilegalizables sobre suelo rústico de protección especial. Señala que la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), antes APMUN, no ha acatado la sentencia porque no ha procedido a impugnar las licencias municipales de las viviendas para proceder a su demolición parcial y el restablecimiento del orden infringido. Murillo subraya que, aunque los magistrados hayan requerido la impugnación de las licencias previo a la demolición, en ningún momento autorizan a que no se cumpla la obligación de restituir el medio alterado.

Anteriormente, la Agencia ha alegado cuestiones de “racionalidad técnica y eficiencia” para rechazar el derribo individualizado de aquellos chalets, como el de la alcaladesa, contra los cuales la orden de demolición es firme, señalando “la dificultad que conllevaría” por su elevado coste. Es decir, espera a que se resuelvan todos los recursos que aún se tramitan en los juzgados para cumplir con su propia resolución, pero no se han llevado a cabo los trámites necesarios para ello.

Murillo denuncia también que no se haya acatado la sentencia del Tribunal Supremo que declara la nulidad radical de la Modificación Puntual del Plan Parcial de La Bufona de 1998 porque desde el Ayuntamiento de Arrecife no se ha procedido a emprender los expedientes para anular todas las licencias de obra basadas en tal plan.

En el frente penal, se queja del retraso del juicio contra los promotores de las viviendas. El proceso iniciado por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) se vio paralizado por la Audiencia Provincial de Las Palmas en el año 2018 porque no se había citado a todos los afectados por el caso, habiéndose excluido a los propietarios de las viviendas. Apunta que casi dos años después, propietarios de viviendas de La Bufona continúan sin ser citados a ese proceso penal.

Murillo también ha denunciado la parálisis del caso de La Bufona ante la Fiscalía y señala el caso chalet del fiscal decano de Talavera, en Madrid. En dicho caso, el Ministerio Público interpuso un recurso ante el archivo de la causa considerando que podría haberse cometido un delito de prevaricación urbanística omisiva al no llevarse a cabo la orden de demolición del chalet ilegalizable del fiscal decano de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, en la localidad de Pepino.

Citando una sentencia del Tribunal Supremo de 2003, el fiscal César Estirado alega que “la omisión del preceptivo informe de impacto ambiental, de cualquier industria que se instale en el territorio sobre el que tiene competencia en esta materia constituye por inactividad dolosa una decisión o actitud que equivale a la concesión de autorización o licencia, por vía de tolerancia o permisividad y con manifiesta infracción de la normativa medio-ambiental”. La denuncia de Murillo ante la Fiscalía ha sido admitida a trámite.

La queja ante el TSJC es la única que ha sido rápidamente desestimada. El presidente la archiva sin entrar a considerar los argumentos expuestos y sin más trámites por considerar que se trata “de una cuestión jurisdiccional, no gubernativa, sin trascendencia disciplinaria”. Murillo ha respondido al archivo con una nueva queja explicando las numerosas y continuadas irregularidades del caso.

Veinte años después, continúa la batalla para restablecer el orden legal en La Bufona.