Un testigo clave echa por tierra la versión de la sargento del Seprona de Lanzarote

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

Un testigo clave en el juicio contra la sargento del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de Lanzarote Gloria Moreno ha echado por tierra la versión de la acusada en el juicio que ha dado comienzo este martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

El biólogo Juan Jesús Moreno, técnico del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha negado hoy ante el tribunal haber comentado con la sargento de la Guardia Civil quién había dado el chivatazo a un empresario cazador de pardelas en la isla de Alegranza. El testigo expresó, no obstante, que los avisos de los operativos de la Guardia Civil contra los furtivos eran vox populi en Lanzarote, donde está destinada al frente del destacamento del Seprona.

La acusada siempre ha sostenido que fue este biólogo quien en su día le indicó que el empresario sorprendido en una cacería de pardelas había señalado a un agente del Seprona, Miguel Ángel Padial, como autor de un chivatazo para frustrar una operación en el año 2013. ''A mi Carlos nunca me ha dicho nada de eso'', ha respondido a la pregunta de si Juan Carlos González Berriel (el empresario) le había contado que la Guardia Civil le había avisado de la operación contra los furtivos.

Este testigo sí admitió en esta primera sesión del juicio que comentó a la sargento haber escuchado en una conversación privada que “el tal Miguelillo [Miguel Ángel Padial, ahora denunciante] avisaba a un tal Carlos [Juan Carlos González Berriel, condenado por el asadero de pardelas de septiembre de 2015]”.

Gloria Moreno se enfrenta a peticiones de hasta seis años de cárcel por los delitos de falsedad en documento oficial y calumnias. La fiscal ha introducido en el trámite de cuestiones previas una calificación alternativa al primero de los delitos por el que se sustituiría la condena de cuatro años de prisión que solicita para la sargento por una multa de doce meses a razón de doce euros diarios (4.320 euros), así como la inhabilitación durante un año.

Además, ha corregido la redacción de uno de los párrafos insertados en su escrito de acusación, el que se refiere a la remisión a sus superiores de un oficio informando de la supuesta filtración a un empresario. La representante del Ministerio Público ha eliminado la frase que acusaba a la procesada de elevar este escrito “a sabiendas” de que lo denunciado “no se correspondía con la realidad” y ha precisado que lo hizo sin verificar los hechos y sin aportar datos objetivos.

La sesión de este martes ha transcurrido con numerosas interrupciones. El tribunal, presidido por el magistrado Pedro Herrera, no ha permitido a la defensa formular ninguna cuestión que no estuviera estrechamente vinculada con los hechos objeto de enjuiciamiento, esto es, la presunta falsedad del oficio que la sargento Moreno elevó a un superior para advertir del supuesto chivatazo de su subordinado Padial.

Las abogadas de la sargento del Seprona han tratado de ampliar la mirada hacia cuestiones como la supuesta falta de diligencia de la Guardia Civil en la lucha contra los furtivos o las filtraciones en torno a las operaciones de este tipo, pero se han topado con la sistemática negativa de los magistrados, que han remarcado en multitud de ocasiones que no se trata de un procedimiento general contra la caza de pardelas en el islote de Alegranza, sino de un juicio con una base fáctica “muy limitada”, el mencionado oficio.

“Solo quiero limpiar mi nombre”

El denunciante, Miguel Ángel Padial, ha declarado en esta primera sesión que lo único que desea es limpiar su nombre, porque le han querido “linchar, encarcelar” y le han tratado “como un corrupto”. Este agente de la Guardia Civil intervino el 13 de septiembre de 2013, junto a un sargento y un cabo, en una operación en el islote de Alegranza que concluyó con cinco actas de denuncia, cuatro de ellas por fondeo ilegal y una por pesca submarina sin permisos. Una de ellas se dirigía contra la madre del empresario González Berriel y otra, contra una de sus sociedades.

A pesar de ello, la defensa de la sargento Moreno mantiene la tesis de que un oportuno aviso del ahora denunciante impidió que en esa operación se detectara también una actividad ilegal de caza de pardelas cenicienta, ave marina protegida.

Para Padial, el oficio remitido por la sargento al capitán jefe de la Guardia Civil en el puesto de Costa Teguise fue “una sorpresa bastante fuerte” porque, siempre según su testimonio, su relación con Moreno había sido hasta ese momento buena e, incluso, habían hablado sobre el tema, le había negado el chivatazo y la ahora acusada le había restado importancia. También ha desmentido los hechos el empresario Juan Carlos González Berriel, que asegura no haber recibido nunca un soplo del guardia civil.

El jefe del Seprona defiende su actuación

En la extensa sesión de este martes también ha declarado el jefe del Seprona de la provincia de Las Palmas, el capitán Germán García, teniente en el momento de los hechos. Según su relato, a las pocas semanas de aterrizar en la isla, la sargento Moreno le empezó a transmitir desconfianza sobre el resto del equipo, primero de forma genérica y, posteriormente, focalizada en Padial. Sobre este agente le informó en dos ocasiones “de forma vaga” que tenía la sospecha de que era el autor de las filtraciones que hacían fracasar las operaciones contra los furtivos. “El 18 de noviembre (de 2015) me dice que hay un testigo y que quiere detener a Padial e instruir diligencias contra él por corrupción. Yo le contesté que, de ser así, es un delito que debe investigar la Policía Judicial, no el Seprona, y que al día siguiente lo pondría en conocimiento del coronel y del comandante jefe de operaciones, como hice”, ha afirmado.

García ha señalado que ese mismo día comunicó a la sargento sus gestiones y que, a partir de ese momento, se mantuvo al margen para no interferir en unas pesquisas que finalmente se abrieron seis meses después y que concluyeron en un procedimiento judicial contra Padial en el Juzgado de Instrucción 2 de Arrecife que acabó archivado.

El jefe del Seprona de Las Palmas asegura que la sargento Moreno se saltó el conducto oficial y no le trasladó el escrito por el que ahora se sienta en el banquillo de los acusados. “No era la primera vez que lo hacía”, ha subrayado García, que ha defendido la actuación de la Guardia Civil en relación a la caza furtiva de pardelas. “Se hacen servicios de forma periódica, en 2013 se hicieron tres al menos. Se ha pernoctado en la isla (de Alegranza), se puede tener la sospecha y por eso se hacen las operaciones, pero hasta que no los pillamos no podemos constatarlo”, ha dicho.

La grabación sobre “el chivato”

Las abogadas de Moreno han aportado al procedimiento una grabación para tratar de defender la actuación de la sargento. Se trata de una conversación en la que Enrique Jordán, copropietario del islote de Alegranza, confiesa al periodista Sergio Calleja que Padial es “el chivato”. Según han relatado ambos en sus respectivas declaraciones como testigos, el primero decidió telefonear al segundo a principios de octubre para expresarle su preocupación ante un rumor que circulaba por la isla y que lo señalaba como informante de la Guardia Civil. Jordán ha reconocido que esta circunstancia le infundía temor ante las posibles “represalias” que podía tomar contra él el empresario Juan Carlos González Berriel y su hermano Fernando, con quienes, hasta entonces, había mantenido una relación cercana.

Un día después de esta llamada, Calleja, que se ha significado en defensa de la sargento Moreno ante el “calvario” que asegura que ha padecido, se presentó en la tienda que Jordán regenta en el centro de Arrecife con la intención de aclarar la conversación del día anterior, ya que, según su relato, había sido algo difusa. Decidió grabarla porque temía “que no fuera una cita normal”, como “única herramienta de defensa”. La fiscal ha remarcado que, en ella, el periodista le pregunta con insistencia si el agente Padial es “el chivato” hasta que logra que su interlocutor le responda afirmativamente. “Él ya lo había advertido antes”, matizó Calleja, que instó al copropietario de Alegranza a presentar una denuncia en los juzgados para evitar que la sargento Moreno tuviera que pasar por el trance de enfrentarse a cuatro años de cárcel.

El juicio se reanuda este miércoles con las periciales y la declaración de la acusada.