El PSOE ha felicitado este jueves a los ciudadanos de Arrecife, en Lanzarote, tras conocer la sentencia sobre la Rocar. “Es una gran noticia que nuestra ciudad evite el pago de más de 200 millones de indemnización, y además recupere el suelo público de forma gratuita”, apunta Alfredo Mendoza, portavoz del partido en la capital de la isla.
El PSOE recuerda que fue la alcaldesa de Arrecife Eva de Anta la que en su momento retiró la defensa del Ayuntamiento al condenado por corrupción Felipe Fernández Camero, nombrado por el PP para los pleitos del Ginory y la Rocar. Y es que Camero había perdido, ya el primer pleito contra la propiedad, el pleito urbanístico, y esto “envalentonó a los especuladores del terreno que pidieron indemnizaciones de más de 200 millones de euros al consistorio”.
El PSOE afirma que cambió la defensa del municipio para “evitar a Felipe” y “mantenerse firme ante las presiones de la propiedad”, además de “poner a una abogada que defendió competentemente los intereses de la ciudad, que fue lo que hizo Eva de Anta como alcaldesa”.
Por el camino, añaden los socialistas, “se han intentado hacer por parte del PP una torre mayor que el Arrecife Gran Hotel, bloques de pisos de siete plantas que tapaban el litoral, etcétera. Proyectos que hubieran evitado que gran parte de la ciudad tuviera vistas al mar, dándole la mejor pieza del litoral a los de siempre, y evitando que la ciudad pueda mantener un parque en la zona”.
“Nunca se tuvo que pagar 40 millones por un solar que no existe”
Según Alfredo Mendoza, “si el PP no llega a tener la alcaldía de la ciudad nunca se hubieran pagado 40 millones por el Ginory”. Y explica que “el gran desastre jurídico al que nos llevó Felipe Camero contratado por el PP para el procedimiento acabó pagando la indemnización sin pedir a cambio las escrituras de propiedad del solar, adelantando el dinero, sin ningún sentido”.
El PSOE, además, advierte de que no descansará hasta tener el expediente del Ginory completo “para dirimir las gravísimas responsabilidades que hay detrás de este asunto, por mucho que el alcalde de Arrecife quiera sabotear el acceso a la documentación al pueblo de Arrecife. Una pieza fundamental para el futuro de nuestra capital”.
El solar de la Rocar presenta una oportunidad histórica para colmatar la marina capitalina, defiende el partido. “Se debe de desarrollar un parque que conecte el Charco de San Ginés, el Puerto Marina Lanzarote y la Avenida de Arrecife para el disfrute de todos los lanzaroteños y aquellos que nos visitan”, explica. En ese sentido el PSOE “tenderá la mano” al resto de partidos de la capital y a la sociedad en general para “diseñar entre todos un lugar exquisito del que nos sintamos orgullosos”.
Islote del Francés
Los conflictos y pleitos sobre el Islote del Francés comenzaron hace dos décadas. La protección de este suelo ha chocado siempre con las intenciones de propietarios y administraciones de construir sobre él. En 2019, el Ministerio para la Transición Ecológica tumbó los planes de edificación para el Islote del Francés. Un expediente emitido por Costas el 3 de octubre de 2019 extendía a toda la pieza de suelo la superficie afectada por la servidumbre de protección.
Astrid Pérez (PP), cuando presentó su candidatura para dirigir el Ayuntamiento de Arrecife, centró su campaña en la construcción de un “edificio emblemático en altura” en este enclave. También el Gobierno de Canarias, al que se encargó la elaboración del Plan General de Ordenación de Arrecife en 2018, dio al Islote la posibilidad de edificar cerca de 70.000 metros cuadrados. Además, permitió la creación de 405 viviendas de hasta siete plantas y 25,9 metros de altura.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha determinado este mes que el Islote del Francés, una de las joyas urbanísticas de Lanzarote, es suelo urbano no consolidado. El alto tribunal canario ha desestimado un recurso presentado por Inversiones El Islote del Francés S.L., propiedad de los herederos del empresario ya fallecido Jaime Cortezo. La empresa exigía al Ayuntamiento de Arrecife más de 200 millones de euros por la “expropiación forzosa” de los terrenos, defendiendo que se trataba de suelo urbano consolidado.