La Justicia en España es injusta

Parece que los jueces ahora están muy activos dictando sentencias ejemplares contra políticos corruptos mientras las mujeres se han movilizado para protestar contra la sentencia de La Manada, no es la primera vez que veredictos llamativos incendian al personal. Se dictan resoluciones que aparentemente están contra el sentido común, contra la lógica, contra la apreciación de la sociedad, pero también hay que decir que hay profesionales que razonan que en La Manada no hubo violación, y lo argumentan con sus superiores criterios basados en una legislación dudosa, la nuestra. En apariencia, hay jueces que llevan a las sentencias sus prejuicios, que están en conflicto con la evolución de los valores, falta perspectiva de género, las reglas del juego son ancestrales y perpetúan la tradición, el viejo patriarcado. Todo lo referido a la regulación de la sexualidad está fuera de onda, se ignora el papel actual de la mujer, su pelea por la igualdad, su lucha por afirmarse en un entorno hostil. Por tantas razones, los hombres tendríamos que pedir disculpas a las mujeres que nos rodean. Además frente al aparato judicial la gente tiene la impresión de que los políticos, los banqueros y en general los deshonestos y los poderosos tienen una coraza de protección que les da inmunidad. También hay jueces que quieren ser estrellas mediáticas, otros que se meten en escándalos, como el juez Alba, investigado entre otras cosas por conspirar contra la jueza Rosell.

La transición no logró poner a la Justicia en los nuevos tiempos por falta de medios técnicos, por escasez de personal, por una legislación anquilosada, por el machismo subyacente en parte del aparato y la organización. Ahora tenemos una vez más la percepción de que la Justicia en España es muy lenta y mala, no hay trato igualitario, no existe la imparcialidad. Tenemos, además, un sistema penitenciario que permite poner en la calle a los culpables cuando han cumplido una pequeña parte de la pena, los culpables tienen múltiples beneficios y hay poca consideración a las víctimas. En Canarias conocemos la volatilidad de los jueces, y esta circunstancia hace que los procedimientos se alarguen hasta límites tercermundistas.

La crisis ha deteriorado la ya de por sí mala calidad de servicios básicos como la sanidad, la educación y el aparato judicial. En estos tres apartados estamos por debajo de la media, y ya de por sí la media nacional se halla por debajo de la europea, en la sanidad los mejores especialistas de los centros públicos están huyendo hacia las clínicas privadas, en educación seguimos con un profesorado envejecido y poco motivado, sometido a tareas burocráticas que le restan ánimos para enseñar, es evidente el bajo rendimiento y el alto fracaso escolar. En la Justicia el colapso que sufre el sector y la falta de continuidad de los profesionales, que son aves de paso, ha agravado la situación. Los profesionales hablan de la sobrecarga de trabajo y las malas condiciones a las que se enfrentan, y solo una pequeña parte de los jueces son titulares.

La situación aquí, común en todas sus jurisdicciones, se define con una palabra: colapso. Por supuesto que hay muchos funcionarios que tienen ética y ganas de hacer las cosas bien, pero es común la queja por la escasez de coordinación de los distintos elementos jurídicos para la solución de los problemas, así como la interinidad. A esto se suma la situación económica, pero los problemas no han surgido a raíz de la crisis sino que vienen de atrás. Se dice y se repite que invertir en este sector no es rentable, el interés en la Justicia solo lo tiene quien padece un pleito, el resto de la sociedad le da la espalda. Juicios tengas y los ganes: esta es una maldición gitana, muchas veces es mejor no meterte en un procedimiento judicial. Los políticos, que son quienes manejan el dinero, han dejado de poner recursos, y el poco dinero que llega lo hace a cuentagotas. A esta situación se suma que los profesionales peninsulares que antes venían y decidían quedarse, se vuelven a su tierra, porque ya no es tan favorable como antes permanecer aquí. Ni siquiera la creciente informatización de los servicios funciona bien, hay expertos que recomiendan no eliminar del todo el trabajo en papel, los fallos informáticos son frecuentes, se extravían procedimientos, se pierden pruebas fundamentales, etc.

Confiamos en que algún día se constituya un gobierno que asuma y comprenda la especialidad local para compensar a toda la administración de Justicia y haga un esfuerzo para mejorar esta actividad tan prioritaria en una democracia. Los hijos de muchos funcionarios que fueron destinados aquí son canarios, y ahora dicen que se van a sus lugares de origen, con lo cual la interinidad, y la llegada de sustitutos que también son provisionales, genera grandes retrasos en los procedimientos, con tanto cambio las causas se eternizan. Si a esa falta de beneficios se añade que los profesionales no se encuentran cómodos en su trabajo por la situación de déficit, la decisión está tomada de antemano, y es que muchos vienen al archipiélago con la idea de la transitoriedad y no quieren darle una oportunidad a la posibilidad de arraigar.

Tenemos la impresión de que Justicia es poco operativa, está politizada, es cara y es vieja, y está ahogada en la burocracia. España tiene la mitad de jueces que la Unión Europea, la organización es decimonónica. Como decíamos, en definitiva hay cuestiones capitales como la educación y la Justicia que exigirían un Pacto de Estado, imposible de darse dado el egoísmo de los partidos políticos. Hay jueces que están sobresaturados, los hay que se llevan el trabajo a casa; la carga de trabajo está al doble de lo que se considera aceptable. Hay juzgados señalando juicios para dentro de dos y tres años, y la mayoría de los ciudadanos estima que, además, todo este mundo judicial favorece a los poderosos y está muy politizado. El 56% de los españoles, según el informe sobre los indicadores de la justicia en la UE publicado el pasado abril por la Comisión Europea, tiene una opinión mala o muy mala sobre la independencia de los magistrados, desconfianza que argumentan por las presiones políticas y económicas. La ineficacia y la apariencia de favoritismo de la justicia son dos grandes problemas en torno a los cuales gravitan los demás. Pero ningún Gobierno democrático los ha abordado de forma radical. Igual que la corrupción, sobre la que se están poniendo parches sin abordar las situaciones de fondo que la posibilitan.

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