Vox, a Europa

Tras las elecciones al Parlamento Europeo comienza el ajetreo ligado a la conformación de las diferentes instituciones. Tras un año con múltiples convocatorias electorales nacionales, entre ellas España, Finlandia, Dinamarca y Grecia, los nuevos gobiernos seleccionan a los comisarios y el Consejo se reconfigura en función de los partidos que han ganado las elecciones en cada Estado.

En las elecciones al Parlamento Europeo en nuestro país el Partido Socialista ha obtenido el mejor resultado, con un total de 20 escaños. Sin embargo, Vox entra por primera vez en esta institución transnacional con 3 escaños, ello plantea una serie de contradicciones respecto a la voluntad europeísta de este partido, que se declara abiertamente a favor de las posiciones que representan los países del grupo de Visegrado. Esta alianza formada por Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia prima la integración económica y se beneficia del mercado único, mientras que ha rechazado participar del sistema de cuotas establecido en junio de 2018, haciendo caso omiso de uno de los principios básicos de la Unión, la solidaridad entre Estados miembros. En esta línea, Vox lleva en su programa electoral la suspensión temporal del espacio Schengen, uno de los pilares centrales de la Europa que conocemos a día de hoy, así como la supresión de la representación de regiones, una medida que supondría en la práctica que Canarias, presente en el Comité de las Regiones, viera su voz aplacada y se limitara a aceptar los beneficios derivados de la condición de ultra periferia sin capacidad alguna para participar en este órgano de carácter consultivo. El partido de extrema derecha va un paso más allá al demandar “la exclusividad del Estado en relaciones internacionales”, un supuesto que, en la práctica, supondría un Spa-exit, teniendo en cuenta que entre las competencias exclusivas de la Unión Europea se encuentra la Política Comercial Común, una parte fundamental de las relaciones internacionales de la que depende la estabilidad económica de todos los Estados Miembros.

Vox, en esencia, un partido de extrema derecha de carácter profundamente nacionalista, forma parte del grupo de partidos que suponen una amenaza para el proceso de construcción Europea, en el que se ha ido profundizando con la aplicación efectiva del Tratado de Lisboa, una Europa concebida como una unión ya no solo económica, sino también política, social y cultural. Una Unión fundada en los valores de la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos, acoge ahora en la sede de la democracia europea a un partido que aboga por la deportación de migrantes en situación legal si han cometido un crimen y que propone condicionar la Ayuda al Desarrollo a que terceros países acepten repatriamientos forzosos que violan flagrantemente el Derecho Internacional. Más allá, el posicionamiento de Vox frente al movimiento feminista, al que ha tratado de ridiculizar y menospreciar en múltiples ocasiones, contradice de forma directa el principio de igualdad entre mujeres y hombres, consagrado en los Tratados desde 1957 y del que han derivado una serie de decisiones jurídicas de importancia histórica, como la sentencia de Defrenne II en 1976, en la que se reconocía el efecto directo de este principio en relación a la retribución también en los convenios de carácter colectivo.

Ahora bien, dentro de qué grupo político europeo se enmarcará Vox es aún una incógnita. Según ha declarado Espinosa de los Monteros, no está previsto que los eurodiputados de la formación acompañen a los representantes de Reagrupamiento Nacional (antiguo Frente Nacional), ni a la Liga italiana. Por lo tanto, teniendo en cuenta su cercanía con el Grupo de Visegrado, cabrían dos posibilidades. O bien acompañar a FIDESZ, el partido de Víktor Orbán, actualmente suspendido del PPE y cuyo posicionamiento es aún incierto, o bien formar parte de los Conservadores y Reformistas Europeos, grupo político en el que convivirían con los eurodiputados flamencos que apoyan a Puigdemont. La connivencia entre el PiS y Vox respecto a los supuestos sociales, principalmente en relación con la violación de los Derechos Humanos, incluyendo los de las minorías, los sitúa muy próximos entre sí, lo que incrementa la probabilidad de que los tres eurodiputados españoles pasen a engrosar la lista de miembros de ECR.

La defensa a ultranza de la necesidad de anteponer las necesidades de España a los intereses de la Unión Europea en su conjunto aleja a esta formación del resto de partidos europeos, y pone en entredicho su voluntad europeísta, en tanto que el proyecto europeo desarrollado por Jean-Claude Juncker durante la última legislatura ha significado una profundización e integración progresiva, manteniendo la constante histórica desde la creación de las Comunidades Europeas.

Tras las elecciones al Parlamento Europeo comienza el ajetreo ligado a la conformación de las diferentes instituciones. Tras un año con múltiples convocatorias electorales nacionales, entre ellas España, Finlandia, Dinamarca y Grecia, los nuevos gobiernos seleccionan a los comisarios y el Consejo se reconfigura en función de los partidos que han ganado las elecciones en cada Estado.

En las elecciones al Parlamento Europeo en nuestro país el Partido Socialista ha obtenido el mejor resultado, con un total de 20 escaños. Sin embargo, Vox entra por primera vez en esta institución transnacional con 3 escaños, ello plantea una serie de contradicciones respecto a la voluntad europeísta de este partido, que se declara abiertamente a favor de las posiciones que representan los países del grupo de Visegrado. Esta alianza formada por Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia prima la integración económica y se beneficia del mercado único, mientras que ha rechazado participar del sistema de cuotas establecido en junio de 2018, haciendo caso omiso de uno de los principios básicos de la Unión, la solidaridad entre Estados miembros. En esta línea, Vox lleva en su programa electoral la suspensión temporal del espacio Schengen, uno de los pilares centrales de la Europa que conocemos a día de hoy, así como la supresión de la representación de regiones, una medida que supondría en la práctica que Canarias, presente en el Comité de las Regiones, viera su voz aplacada y se limitara a aceptar los beneficios derivados de la condición de ultra periferia sin capacidad alguna para participar en este órgano de carácter consultivo. El partido de extrema derecha va un paso más allá al demandar “la exclusividad del Estado en relaciones internacionales”, un supuesto que, en la práctica, supondría un Spa-exit, teniendo en cuenta que entre las competencias exclusivas de la Unión Europea se encuentra la Política Comercial Común, una parte fundamental de las relaciones internacionales de la que depende la estabilidad económica de todos los Estados Miembros.