Mientras se está terminando de elaborar este artículo, ha comenzado, por la vía de emergencia, la obra que se ha dado en llamar “carretera de la costa”, incluida en las acciones del denominado erróneamente “proceso de reconstrucción de La Palma” y con un coste inicial estimado en 39 millones de euros.
La intención de conectar el municipio de Tazacorte con Puerto Naos, mediante esta nueva macrocarretera, atravesando una de las coladas del volcán y numerosas fanegas de plataneras altamente productivas, es el penúltimo despropósito de las Administraciones Públicas implicadas en las tareas de recuperación social y económica del Valle de Aridane, para intentar paliar las consecuencias de la reciente erupción volcánica en la isla de La Palma.
La proyección de esta infraestructura, forma parte del objetivo que siempre han tenido los decisores públicos y algunos grupos empresariales, de conectar con vías denominadas “rápidas”, el aeropuerto de La Palma con el suroeste de la isla y por ello, cobra sentido, para sus defensores, la ejecución o proyección de otras carreteras, como la circunvalación de Los Llanos, el desastre que está suponiendo la circunvalación de Tazacorte, la que está proyectada para El Paso, así como la que uniría El Remo con La Zamora, en Fuencaliente.
Nadie discute la necesidad de recuperar la conectividad entre los diversos núcleos urbanos del Valle y la apertura de la actividad residencial y económica en Puerto Naos, pero en el siglo XXI, a estas alturas de la historia y con los avances que se han producido en la ingeniería y arquitectura, debe existir la posibilidad de la realización de infraestructuras de comunicación intraterritorial, que sean “blandas con el territorio” ocupado ahora por las coladas volcánicas.
El proyecto de “carretera de la costa”, es una pieza más de un único puzzle territorial, cuyo objetivo final es convertir el Valle de Aridane y Fuencaliente, en un espacio físico, económico y social, donde la actividad turística, tal como la conocemos en gran parte del resto del Archipiélago, sea el sector económico preponderante y para ello, se está utilizando la erupción volcánica y la desafortunada y falsa expresión de “reconstruir La Palma”, con tal objetivo.
Un modelo turístico que destruye, de manera irreversible, el mejor suelo agrícola de Canarias, generador de poco empleo neto, con alta temporalidad y bajos salarios, creador de situaciones graves de precariedad social, vulnerable ante shocks externos y dependiente de agentes foráneos en los procesos de toma de decisiones.
Hoy por hoy y con distintos grados de negociación política y tramitación administrativa, estimamos que sólo en el Valle de Aridane, está prevista la construcción de aproximadamente 6.900 camas y un campo de golf.
De todas ellas, debemos poner el foco, sobre todo, en las 2.600 camas previstas junto al Hotel Sol de Puerto Naos y que forman parte de la urbanización casi total, del espacio agrícola existente entre Puerto Naos y el Charco Verde, por debajo de la actual carretera.
A buen seguro, tanto el Cabildo de La Palma, como el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, tratarán de impulsar este proyecto, utilizando para ello, el argumento de la emergencia derivada de la erupción volcánica. De hecho, uno de los últimos trámites de este expediente, se incluyó en el orden del día de la sesión plenaria del Cabildo, celebrada el 21 de marzo.
Estas pretensiones para el Valle de Aridane, no son recientes en el tiempo, ni mucho menos, sino que se remontan a los años 60 del siglo XX, en el marco del denominado documento de planificación “Metra 6”, del entonces Ministerio de Turismo, donde se planteaba para la isla, un número tan descomunal de camas turísticas, que hubiera supuesto una ruptura total con la realidad insular de esos años.
Es el mismo modelo que es responsable que Canarias tenga una de las tasas de paro más altas de España y del conjunto de regiones europeas, con un 18,94% a finales de 2021, una tasa de paro juvenil del 52,16%, lidere el desempleo de larga duración y sea responsable, en parte, de los insoportables datos de marginalidad social y pobreza que sufrimos en estas islas.
La construcción de carreteras no garantiza “per se”, el desarrollo económico ni la creación de empleo. Es uno de los hechos que más se han estudiado en la disciplina de la economía regional y comprobado en la realidad de los territorios. Pueden ayudar, pero en el marco de un plan de desarrollo insular previo, que en el caso de La Palma, no conocemos, porque no existe.
No hay un proyecto de isla para los próximos años, ni planteado, ni debatido, ni consensuado. Ha habido intentos, pero como señalábamos en un artículo anterior, en La Palma no sabemos debatir, nos cuesta aceptar a los que piensan diferente y por supuesto, no somos capaces de llegar a acuerdos estratégicos en beneficio de nuestra isla.
La exagerada inversión en la construcción de nuevas carreteras, es un error gravísimo que están cometiendo el Gobierno de Canarias y el Gobierno central, sistemáticamente, en todas las islas. Sin contar las actuaciones que se pretenden llevar a cabo como consecuencia de la erupción volcánica, el Gobierno de Canarias, destina para la isla de La Palma, en materia de inversiones para 2022, algo más de 26 millones de euros, sólo para carreteras. Es una política de inversiones equivocada y que sufriremos las consecuencias negativas en los próximos años.
Declarar la urgencia o la emergencia de alguna de las obras que se están realizando en la comarca de Aridane, no se justifica bajo ningún tipo de argumento razonable y se está utilizando la erupción con este fin.
Gran parte de las obras que están llevando a cabo las Administraciones Públicas, están originando la destrucción irreversible de un patrimonio geológico de valor incalculable y todo ello, ante el “sorprendente silencio” de los científicos canarios y del resto de España.
Son los mismos científicos, que durante todo el periodo de tiempo que duró la erupción, ponían en valor las oportunidades que se generaban para el estudio de futuras erupciones volcánicas en el mundo, para el conocimiento del interior del planeta o del origen geológico del Archipiélago.
Ahora, de manera cómplice, callan ante el atropello ambiental que se está produciendo cada día en las coladas, con la actuación de la Administración Pública, hipotecando de por vida, un potente recurso turístico, para La Palma y Canarias y nos atrevemos a decir, que para la ciencia de los volcanes en el mundo.
Las pretensiones del desarrollo turístico en el suroeste de La Palma, están motivadas por el negocio urbanístico y en muchos casos por el “pelotazo urbanístico” y así, son numerosos los procesos judiciales que ha sido abiertos en estos últimos años, vinculados a promotores y políticos, en proyectos turísticos y urbanísticos planteados desde el municipio de Tazacorte hasta Fuencaliente, con la participación cómplice, de las respectivas corporaciones locales del Valle de Aridane.
Lo que está ocurriendo en estos meses y el hecho de que los agentes sociales, políticos y económicos hayamos terminado de poner las cartas de nuestras intenciones, boca arriba, nos recuerda al proceso que se inició, a finales de los años 80 del siglo pasado en la zona de “El Rincón”, en el Valle de La Orotava. Una lucha ciudadana, para salvaguardar un paisaje único y plantear otro modelo de desarrollo para esa zona de la isla de Tenerife y en el que se implicaron colectivos sociales, profesionales y hasta diferentes departamentos de la Universidad de La Laguna.
Después de cuatro meses de finalizada la erupción volcánica, constatamos que el proceso de recuperación social, económica y territorial del Valle de Aridane, le está quedando grande a las administraciones públicas implicadas. Una dinámica plagada de mentiras, promesas incumplidas, improvisación, algunas ocurrencias y un escandaloso derroche de dinero público, amparándose en una supuesta emergencia de obras innecesarias y poder así dificultar la participación pública en la toma de decisiones y saltarse los necesarios controles internos y fiscalización del gasto, en la propia Administración.
Unas tareas de recuperación que han ignorado, en todo momento, las recomendaciones del Consejo Económico y Social de Canarias, planteadas en su informe de 22 de diciembre de 2021, en el sentido de aprovechar las circunstancias actuales, para sentar las bases de otro modelo de desarrollo para La Palma y que deja claro que lo verdaderamente urgente es la atención integral a los damnificados y lo demás, necesita y requiere sosiego y debate.
El Cabildo de La Palma y los ayuntamientos del Valle, con los recursos del Gobierno de Canarias y del Estado, están utilizando la erupción volcánica y la necesidad de recuperar parcialmente, el Valle de Aridane, para “colar por la puerta de atrás” y sin el necesario control administrativo y la obligatoriedad de la participación pública y social, obras de infraestructura, como la carretera de la costa y que suponen romper un modelo económico, social y territorial, mejorable, por supuesto, por otro basado en los servicios turísticos a gran escala y que ha evidenciado su fracaso en otras islas.
La proximidad del año 2023, que tendrá un marcado carácter electoral, no va a ayudar en nada, al diseño de otro modelo de desarrollo para el Valle de Aridane y para la isla en su conjunto. La premura por “hacer cosas” y justificarse ante la ciudadanía y la inevitable confrontación partidista, inducirá a que se tomen decisiones erróneas, sin el necesario debate, análisis y planificación.
La realidad de algunas actuaciones y decisiones que se están tomando en el Valle de Aridane, como las obras en carreteras, van a condicionar, negativamente y de manera irreversible, el futuro del Valle de Aridane.
Del Parlamento de Canarias y de los grupos políticos que conforman el Pleno, podemos esperar muy poco. Una vez finalizada la erupción, se creó una “Comisión de Estudio” de los efectos de la crisis vulcanológica y reconstrucción en la isla de La Palma, que cuando finalice sus trabajos en verano, no tendrá más remedio que asumir y “bendecir”, todas las actuaciones negativas e irreversibles, que se están realizando en el Valle de Aridane.
Por otro lado, a raíz del “Debate sobre Política General”, celebrado en el Parlamento de Canarias, en el mes de marzo, las resoluciones aprobadas que se refieren a la gestión de la crisis volcánica en La Palma y las medidas de ayuda, están redactadas, como es costumbre, con un lenguaje ambiguo y abierto, con el que se puede entender una cosa y la contraria.
Desde esta atalaya de opinión, exigimos a las Administraciones Públicas implicadas, no seguir adelante con las obras de la carretera de la costa para conectar el norte y el sur de la colada, paralizar las obras de la circunvalación de Tazacorte y abandonar la idea de la denominada “vía de circunvalación de El Paso” y la conexión El Remo con La Zamora.
Todas ellas por innecesarias, desgarradoras del territorio, despilfarradoras de recursos públicos y con el único objetivo de dar un giro irreversible al modelo económico en el Valle de Aridane y La Palma.
Salvo para la mayoría de los políticos palmeros, que viven en una realidad paralela e imaginaria, no hemos afirmado nunca que la dinámica social y económica de La Palma sea inmejorable y positiva. No se nos debe seguir poniendo en la tesitura de elegir entre nuestra mejorable realidad insular y el futuro que nos plantean los decisores públicos de La Palma, con sus nefastas decisiones y propuestas. No se nos puede seguir obligando a elegir entre lo malo y lo peor.
Creemos que la manera en la que se está gestionando la crisis volcánica, las decisiones tomadas, el oscurantismo, la falta de visión estratégica, la dificultad para la participación real y efectiva de la sociedad, en sentido amplio o la falta de control en el uso de los recursos públicos, hacen más que justificada la necesidad que se produzca la dimisión de algunos políticos de La Palma, pero claro, el verbo dimitir, no creemos que forme parte de su diccionario de uso particular y no albergamos esperanza alguna que esas dimisiones se produzcan. Ni siquiera unas simples disculpas.
Pedro Higinio Álvarez Rodríguez
Economista