Drago Canarias ha solicitado al Consejo Insular de Aguas de La Palma (CIALP) “conocer el listado actualizado de las concesiones de explotación de los recursos hídricos de la isla, así como otras cuestiones relacionadas”. El objetivo es, tal y como señala en nota de prensa la portavoz de la formación en la Isla, “controlar que se esté realizando una gestión eficiente y se esté cumpliendo con los criterios de la concesión”.
Hernández explica que “la gestión del agua en La Palma no está siendo para nada transparente” y teme que “el CIALP esté siendo especialmente benevolente con determinados concesionarios” y que “ciertos explotadores del recurso se puedan estar saltando las obligaciones contractuales, o no estén realizando las obras de mantenimiento necesarias para un correcto aprovechamiento”.
En este sentido, Hernández comenta que la intención es “fiscalizar que quienes gestionan el 90% de nuestro recurso hídrico lo están haciendo de manera racional y sostenible, como marca la ley, y para ello es necesario que esta información sea de dominio público”.
En primer lugar, se solicita “un listado actualizado de las concesiones vigentes, tanto superficiales como subterráneas, en el que se incluyan las condiciones de dicha concesión: duración, contraprestaciones económicas, responsabilidad sobre posibles impactos medioambientales y obligaciones específicas en cuanto al mantenimiento, conservación y gestión”.
Asimismo, se requiere “un histórico de cada una de las concesiones mencionadas, indicando fechas de inicio y finalización, así como empresas, comunidades de regantes o particulares beneficiarios”.
A continuación, se solicita “información sobre los caudales aforados que estén registrados o declarados por los concesionarios, incluyendo la documentación presentada por los titulares de derechos de aprovechamiento para justificar dichos caudales, los procedimientos de inscripción en el Registro de Aguas y el estado actual de las inscripciones de caudales”.
Y por último, dice, “la solicitud de información también busca conocer las medidas de control y seguimiento implementadas por el Consejo Insular de Aguas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales por parte de los concesionarios, además del estado actual de las infraestructuras de aprovechamiento hídrico, incluyendo obras de mantenimiento o ampliación realizadas por los concesionarios”.