La arquitecta y jefa del Servicio Accidental de Ordenación del Territorio del Cabildo de La Palma, Edvinia Barreto, considera que “la franja territorial que comprende las cabeceras de los tres municipios del Valle de Aridane (El Paso, Villa y Puerto de Tazacorte y Los Llanos de Aridane) es la más idónea para acoger población y actividad económica tras la erupción volcánica”. “Las actuaciones que en materia de ordenación territorial son precisas para ello constituyen una oportunidad para sentar las bases de un modelo que propicie un uso más eficiente de los recursos naturales, mejore la salud y el bienestar de sus habitantes, y facilite la mitigación, adaptación y resiliencia ante el cambio climático”, asegura. Barreto es autora del artículo ‘La ordenación territorial de La Palma como clave para el desarrollo en la era posvolcán’ que se incluye en el libro ‘La Palma: una isla de oportunidades. Repensando el futuro a partir de la crisis volcánica’ que ha sido publicado por la Fundación Fyde CajaCanarias y que ofrece “un trabajo colectivo con vocación de constituirse en herramienta útil para la necesaria tarea de superación de la catástrofe”.
“La erupción volcánica acaecida en la isla de La Palma desde el 19 de septiembre hasta el 25 de diciembre de 2021, afectando a los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte –unidad territorial a la que nos referiremos como Valle de Aridane– ha tenido como consecuencia la destrucción, sin precedentes históricos comparables, de numerosos bienes públicos y privados a la vez que se han visto modificadas, de manera drástica, las características físicas del territorio”, subraya Edvina Barreto, y resalta que “las consecuencias de tal devastación se extienden mucho más allá del área directamente afectada por lo que su análisis y la posterior toma de decisiones en el marco de la ordenación territorial, deben abordarse tomando como unidad de referencia el Valle de Aridane y, en algunos aspectos, la propia isla”.
La arquitecta y jefa del Servicio Accidental de Ordenación del Territorio del Cabildo de La Palma reflexiona sobre las actuaciones que en materia de ordenación territorial se han de llevar a cabo para abordar “la situación sobrevenida tras la erupción volcánica” y hace hincapié en “la necesidad de hacer un uso más eficiente de los recursos naturales, especialmente del suelo”. Asimismo, considera que dado “el acelerado deterioro ambiental del planeta y la finitud de los recursos disponibles”, hay “un deber inexcusable de establecer modelos de ordenación que no contribuyan a acelerar estos procesos”.
Para lograr estos objetivos, Edvinia Barreto destaca “el potencial de la franja que comprende las cabeceras de los tres municipios del Valle de Aridane para implementar en la misma un modelo de ordenación territorial fuertemente comprometido con el principio de desarrollo sostenible y en las oportunidades del mismo para mejorar la calidad de vida de sus habitantes”.
“Atendiendo al principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo, según se determina en la legislación estatal que lo regula, deben propiciar el uso racional de los recursos naturales y, entre otros aspectos, han de contribuir a la protección, adecuada a su carácter, del medio rural y a la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística. En base a ello, a la primera cuestión a la que se ha de dar respuesta antes de decidir la transformación urbanística del suelo, como sería, por ejemplo, su reclasificación para uso residencial o de actividades económicas, es a la de si tal transformación es verdaderamente necesaria. Centrándonos en el suelo residencial, la cuestión fundamental es responder a la pregunta de si existe suelo suficiente para acoger a la población que ha visto destruidas sus viviendas o es necesario clasificar nuevo suelo urbanizable con dicho destino”, indica.
“En el marco autonómico, los instrumentos encargados de fijar los criterios para estimar la capacidad de carga residencial de las distintas partes del territorio y de la isla en su conjunto son los planes insulares. Aunque el Plan Insular de Ordenación de La Palma (2011) es anterior a la Ley del Suelo (2017), sus determinaciones en cuanto a los criterios para determinar la capacidad residencial siguen plenamente vigentes. En el mismo se establece una metodología para que los planes generales justifiquen, en su caso, la necesidad de clasificar nuevo suelo teniendo en cuenta para ello la evolución de la población, la capacidad del suelo ya clasificado con destino residencial y la población que podría tener cabida en los asentamientos rurales (se deprecia la capacidad de los asentamientos agrícolas)”, añade.
“Sin perjuicio de dicha metodología, aplicable en la redacción de los planes generales, se constata que en las tres cabeceras municipales, los suelos urbanizables y urbanos no consolidados para uso residencial ya clasificados (o susceptibles de serlo en el caso de Los Llanos de Aridane), tienen capacidad para albergar con holgura la población afectada. Ello sin considerar, por una parte, el potencial residencial de las parcelas vacantes en suelo urbano consolidado y en los asentamientos no afectados por las coladas ni, por otra parte, la porción de la misma que ya ha optado por otras alternativas habitacionales”, detalla.
“Si bien el planteamiento de desarrollar los suelos antedichos para acoger el grueso de la población afectada puede resultar desconcertante desde la legítima aspiración de las personas que han visto desaparecidas sus viviendas a recuperar, siquiera de forma aproximada, su modo de vida anterior en suelo rústico, no solo es la opción que resulta de la aplicación de los criterios legalmente establecidos, sino que su implementación puede llevar aparejadas una serie de oportunidades o beneficios que la convierten en una alternativa muy esperanzadora”, asegura Edvina Barreto.
En cuanto a las oportunidades asociadas a la recuperación de la normalidad, esta arquitecta destaca “el polo de actividad económica y se servicios” y afirma que “la franja territorial en la que se sitúan los núcleos urbanos principales de los tres municipios del Valle de Aridane, situada estratégicamente en el cinturón central de la isla, concebida como un conjunto integrado, tiene capacidad, por contar con suelo y aptitud para ello, para convertirse en un potente polo de actividad económica y de servicios”.
Con respecto a la conectividad interna y relación con el entorno, señala que “la adecuada interconexión entre las tres cabeceras municipales, que tendrá como eje fundamental la carretera LP-3 y el tramo de la LP-2 comprendido entre Argual y Tazacorte, y el fortalecimiento del transporte público, resultan esenciales para su funcionamiento integrado. La recuperación de antiguos caminos, la mejora y adecuación de otros y la adaptación de aquellos que puedan ser capaces de soportar el tránsito de bicicletas, no solo reforzará la conectividad interna, sino que supondrá la ampliación de las áreas de esparcimiento de la población, su acercamiento a los espacios agrarios o seminaturales próximos y la mejora de su salud”.
En servicios esencialesde proximidad, Barreto considera que “la plaza o el parque, las tiendas para efectuar las compras cotidianas, la farmacia, el colegio o el centro de salud, esto es, todos aquellos servicios que podemos considerar esenciales, deberían ser próximos a los lugares de residencia y, en la medida de lo posible, accesibles a pie en un tiempo razonable y en condiciones de seguridad. Dicho objetivo no es fácil de alcanzar en nuestro territorio, pero es posible en la franja de referencia por sus características orográficas y por la cantidad de población asentada o susceptible de hacerlo”. “La reducción de emisiones y del gasto en combustible, así como la disminución del tiempo perdido en los desplazamientos y la mejora de la salud, son solo algunas de las ventajas asociadas a la proximidad”, dice.
En cuidados y dependencia, recuerda que “todos somos dependientes. Lo somos durante la infancia y la vejez, pero podemos serlo en cualquier momento de nuestras vidas. Somos dependientes, además, porque somos seres sociales. Necesitamos de espacios para la socialización, el encuentro, el juego y la convivencia, y debemos poder acceder a ellos sin restricciones y en condiciones de igualdad”.
“En entornos aislados o de dificultad de acceso al espacio público, la vejez recae sobre nuestros mayores como una losa de reclusión y subordinación que puede acelerar el deterioro de su salud. Algo parecido sucede con otros colectivos, por ejemplo, con los niños si no pueden acceder por sus propios medios a espacios adecuados para el juego y la socialización”, advierte.
“Estas situaciones, aunque también se producen en tejidos urbanos consolidados, se acentúan cuando se vive de manera aislada. En el Valle de Aridane, continuar con los procesos de regeneración de las tramas más antiguas y optar por implantaciones más compactas para satisfacer las necesidades de suelo residencial ori- ginadas por la erupción volcánica constituyen oportunidades para lograr entornos urbanos que satisfagan adecuadamente los requerimientos de las personas dependientes”, sostiene.