El Gobierno de Canarias tiene previsto aprobar el próximo jueves el decreto ley que aglutinará todas las medidas adoptadas por el Ejecutivo canario durante la pandemia y tendrá rango de ley tras su tramitación parlamentaria.
Así pues, las medidas que adopte el ejecutivo canario solo podrán ser recurridas ante el Tribunal Constitucional.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la pretensión de este decreto ley no es “buscar subterfugios” ni “ir contra nadie”, en referencia al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha anulado varias de las medidas adoptadas por el Gobierno.
Torres ha señalado que se trata de un documento importante, “ímprobo”, que aglutinará en un mecanismo legislativo todas las medidas que se han adoptado en el último año y medio, con el que se busca normalizarlas y clarificarlas de cara a la ciudadanía.
El presidente ha explicado que se tramitará como proyecto de ley en el Parlamento de Canarias por el procedimiento abreviado y de lectura única, en el que los grupos parlamentarios podrán realizar sus aportaciones.
Ha avanzado que no se incluyen en el decreto ni los cierres perimetrales ni el toque de queda, que afectan a derechos fundamentales, y que se mantendrán los mismos niveles de alerta, consensuados en el Consejo Interterritorial de Sanidad, aunque luego cada comunidad autónoma modula sus decisiones.
Sí aglutinará las medidas que atañen a la restauración, la hostelería, a los espacios educativos, a las reuniones en grupo o al uso de mascarillas, recogidas en diferentes decretos que dejarán de tener vigor cuando el Parlamento apruebe la normativa unificada, en la que Canarias se ha inspirado en los modelos de Galicia, Aragón o País Vasco.
También ha señalado que Canarias ha “trabajado de la mano” con el Gobierno central, y que ha habido “intercambio de opiniones” con el Ministerio de Sanidad.
Ángel Víctor Torres ha enfatizado que no se trata de “una ley de pandemias”, como reclama el PP, sino de un decreto ley donde se recogen todas las decisiones tomadas por el Ejecutivo canario, “la gran mayoría”, ha dicho, “un acierto”, así como “el magnífico trabajo” de Salud Pública, el SCS y la sociedad canaria en general.
En este punto, se ha disculpado por si con algunas de las medidas adoptadas se ha generado “confusión” entre la población, y ha argumentado que siempre han actuado con el objetivo de “preservar vidas y controlar la pandemia”, como cree que está sucediendo ahora con la quinta ola.
“Este decreto cierra un año y medio de trabajo. No cierra la pandemia, ni mucho menos”, ha proclamado el presidente de Canarias, quien confía en que el comienzo del nuevo curso la incidencia de la COVID-19 “debe disminuir” gracias al “trabajo serio, riguroso” desarrollado en los centros educativos.
Por lo demás, ha anunciado que se prorrogará cuatro meses más la vigencia de la exigencia de un certificado COVID en los establecimientos alojativos de Canarias.
Y ha confirmado que el Gobierno de Canarias solicitará al Tribunal Superior de Justicia ampliar las restricciones de grupos, para lo que tiene de plazo hasta mañana, aunque ha indicado que si el decreto ley se aprueba este jueves, “dejaría de tener sentido”.