Del apagón informativo a huir de los discursos de odio, claves del relato oficial de la crisis migratoria en Canarias

1 de febrero de 2021. Públicamente y de forma inédita, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), instó al delegado del Gobierno de España, Anselmo Pestana (PSOE), a ofrecer cifras ante los brotes xenófobos y racistas en Gran Canaria: “Es absolutamente imprescindible que el delegado del Gobierno comparezca cuanto antes y dé con luz y taquígrafos a la sociedad canaria datos para saber si realmente hay un aumento de inseguridad ciudadana”. 4 de febrero. En la sede de la institución en la que recaen, por extensión del Ejecutivo central, las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y asuntos de inmigración en el Archipiélago, el delegado del Gobierno ofreció las cifras solicitadas y dio explicaciones durante algo más de 40 minutos, por primera vez en meses, para desmentir que Canarias “se esté convirtiendo en islas cárcel”, acompañado del general jefe de la Guardia Civil en Canarias y el jefe superior de la Policía Nacional en Canarias.

El doctor en Ciencias de la Información en la Universidad de la Laguna (ULL) y experto en comunicación política Samuel Toledano explica que ante “una serie de elementos discursivos en la calle que vinculaban la criminalidad con la población migrante”, la administración regional “ha querido comunicar calma” y “a la Delegación del Gobierno en Canarias le compete todo lo relacionado con la seguridad”. Pero entiende que pueda existir cierta reticencia a pronunciarse en este sentido porque “se pone sobre la mesa inmigración y delincuencia”, algo de lo que se alimentan “los discursos de odio y la extrema derecha”. En cualquier caso, considera fundamental que exista “transparencia” y “una información constante y verídica de lo que está ocurriendo” para “deslegitimar discursos de odio”. Todo, de forma coordinada entre las administraciones competentes, añade Toledano.

El que fuera alcalde en Santa Cruz de La Palma, presidente del Cabildo en la Isla Bonita, diputado en el Parlamento regional y senador tomó posesión como delegado del Gobierno en Canarias el 17 de febrero de 2020. Cuatro días antes, había recibido la visita del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, para abordar el repunte del flujo migratorio hacia las islas. En aquella ocasión, Marlaska puso el foco en las actuaciones en origen y defendió las devoluciones; por su parte, Torres ya demandaba más plazas de acogida y protocolos de solidaridad en la Unión Europea que permitieran la movilidad de las personas que llegaban a través de la ruta atlántica.

Así lo ha recordado el propio Pestana en una rueda de prensa convocada el pasado jueves para hacer balance de su primer año al frente de la Delegación del Gobierno en Canarias, haciendo hincapié en que a su llegada apenas existía una red de acogida porque la que se constituyó durante el aumento del flujo migratorio hacia el Archipiélago a principios del siglo XXI “fue desmantelada” y, ahora, destaca que existe el Plan Canarias, que consta de 7.000 plazas en cinco recursos distribuidos en tres islas, anunciado en octubre de 2020 y aún sin finalizar.

Fue en septiembre de 2019 cuando la Delegación del Gobierno en Canarias reconoció un repunte en los flujos migratorios hacia las islas, que achacó a las buenas condiciones marítimas y descartó que fuese alarmante. En ese entonces, estaba al frente Juan Salvador León, quien accedió al cargo el 15 de marzo de 2019 y fue cesado el 11 de febrero de 2020. En todo 2019, sobrevivieron a la ruta atlántica 2.698 personas, una cantidad superior a la de años anteriores que ya puso en entredicho la capacidad de acogida en las islas, que entonces solo contaba con un centro de internamiento de extranjeros operativo, en Tenerife, pues el de Gran Canaria permanecía en reformas. A finales de año, León reconoció que existía “un aumento significativo” de llegadas de pateras y cayucos a Canarias y apelaba a la solidaridad de todos: “Gobierno, cabildos, ayuntamientos, ONG y la sociedad canaria”.

Desde septiembre a enero, las respuestas se fueron sucediendo en función de los acontecimientos y se ponía de manifiesto la descoordinación entre administraciones, con reproches desde el Gobierno regional hacia el central, para afrontar lo que las ONG pedían desde hacía meses: “Capacidad de previsión”. En octubre de 2019, unas 40 personas pasaron la noche en el Parque de Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria sin que la Delegación del Gobierno en Canarias tuviera constancia por un fallo en la comunicación con la Policía Nacional. Se decidió entonces adaptar espacios como la Casa del Marino, albergues o pabellones, con unas 900 plazas aproximadamente gestionadas por Cruz Roja. “Tenemos que buscar más espacios”, reconocía León en diciembre de 2019.

Pero la gota que colmó el vaso fue las expulsiones a Mauritania de nacionales de Malí, un país en guerra. El delegado del Gobierno defendió entonces que las personas expulsadas no habían solicitado asilo y las acciones se ajustaban a la legalidad, a pesar de que contradecía el acuerdo de repatriación con Mauritania, por el cual solo podrían ser devueltos a ese país nacionales mauritanos. Tras estas declaraciones, la oposición en Canarias pidió su dimisión y poco después, el Boletín Oficial del Estado publicaba el cese de Salvador León y Pestana tomaba el relevo.

Toledano explica que una vez se reconoce el repunte migratorio, las administraciones públicas tienen el deber de “garantizar que pase lo que pase, están preparadas para determinados tipos de escenarios”. Además, remarca la importancia de que exista “sintonía entre el discurso y la acción política”. Sin embargo, en la gestión institucional de las migraciones “se da una situación no prevista”: la pandemia de coronavirus, con el primer estado de alarma decretado a mediados de marzo de 2020. La crisis sanitaria “complica todo el proceso” y, en el ámbito comunicativo, Toledano defiende que ante estas circunstancias, las instituciones públicas competentes deben explicar que se trata de “una situación excepcional, reconocer sus limitaciones desde un punto de vista político, de gestión, de infraestructuras o de qué hacer y ser muy transparentes”.

A comienzos de marzo la llegada de embarcaciones a las Islas frenó la tendencia que seguía desde 2019, pero a pesar de la pandemia las llegadas a través de la ruta atlántica continuaban. La crisis sanitaria puso aún más al descubierto la falta de recursos alojativos estables para los migrantes al carecer de espacios en los que poder pasar la cuarentena obligatoria las dos semanas siguientes a su llegada. Se sucedían los positivos en los CIE o en los calabozos en los que los migrantes debían permanecer 72 horas para su filiación. La improvisación era el modus operandi: en mayo se comienza a utilizar el muelle de Arguineguín y en junio se habilita una nave en el Puerto de Las Palmas como alternativas a las comisarías. Pero no es hasta julio cuando el delegado del Gobierno se pronuncia en una visita a Fuerteventura para explicar que se está trabajando para localizar centros de primera acogida y desarrollar una red estable.

Comienzan a alzarse las voces desde el Gobierno de Canarias que critican los espacios habilitados y las ONG piden derivaciones a Península para evitar convertir a la isla en una cárcel: “La situación va a continuar. Es imposible asumir un sistema de acogida que se amplía constantemente, que cada vez que llega una patera se redimensiona al alza, sin que haya un respiro. Esto no puede crecer hasta el infinito”, advirtió en junio Juan Carlos Lorenzo, coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias. Pero Pestana se negaba alegando un efecto llamada y, de permitir el traslado de migrantes al continente europeo, “en lugar de llegar 3.000, van a llegar 30.000”.

Las llegadas continúan incrementándose y a inicios de agosto 71 personas migrantes pasan tres noches a ras de suelo en el muelle de Arguineguín bajo carpas habilitadas por Cruz Roja. Se decide que sean trasladados a un centro de Tunte, en San Bartolomé de Tirajana, pero los vecinos de la localidad esperaron a las guaguas con barricadas para bloquear la entrada a los migrantes. El Ayuntamiento del municipio sureño criticó al delegado del Gobierno, al asegurar que se enteró del traslado por los vecinos, y Pestana replicó que fue una gestión de “carácter ordinario” y no tenía la obligación de informar a las autoridades locales porque “ya saben y están informados de que ese uso es para la acogida humanitaria de inmigrantes”. Después de estos hechos, el Partido Popular y Ciudadanos pidieron la dimisión de Pestana, al que acusaron de estar ausente y de falta de previsión e improvisación para gestionar la inmigración.

En este punto, Toledano explica que la inmigración es un asunto que “la política utiliza como arma arrojadiza”, pero al mismo tiempo considera que “la comunicación y la coordinación entre administraciones es necesaria; puede existir una jerarquía dependiendo de las competencias, pero esa jerarquía no debe implicar pasar por alto una información entre administraciones”.

En septiembre, la Delegación del Gobierno comunica que Pestana se reúne con el director de Casa África, José Segura, quien estuvo al frente de la misma institución de 2004 a 2008, durante parte del incremento de los flujos migratorios hacia las islas a principios de siglo. Y posteriormente, también comunica que se ha celebrado otra reunión “periódica” con el Centro de Coordinación Regional de Canarias. Durante el mismo mes, y después del viaje de Marlaska a Mauritania, Pestana anuncia la reapertura del CIE de Barranco Seco y, con ello, “la posibilidad de hacer repatriaciones”. El muelle de Arguineguín supera el millar de personas hacinadas y desde el Ejecutivo regional las peticiones al Gobierno central son constantes, reclamando las visitas de los ministros competentes: Migraciones, Defensa e Interior, que adolecen de falta de coordinación fruto de discrepancias para gestionar la inmigración. Hasta que llega noviembre, el mes con más llegadas en la historia hacia Canarias, con más de 8.000 personas.

Coincide además con la segunda ola de la pandemia y en el muelle de Arguineguín llegan a estar más de 2.000 migrantes hacinados. A día de hoy aún se desconoce quien dio la orden, pero 277 personas salieron del puerto y la alcaldesa de Mogán fletó guaguas para enviarlos a la capital grancanaria, dejados a su suerte. En la Plaza de la Feria, sede de la Delegación del Gobierno, vecinos acudieron a ofrecer alimentos a los migrantes hasta que esa misma noche fueron trasladados a otros recursos alojativos. Este hecho provocó el aplazamiento del acto de toma de posesión del nuevo Jefe Superior de Policía de Canarias, previsto para el día siguiente. El delegado del Gobierno aseguró que ni su equipo ni él dieron la orden de facilitar la salida y reconoció que hubo “un error de coordinación”.

Varios partidos pidieron posteriormente la dimisión de Marlaska y llegan las decisiones: la entonces ministra de Política Territorial, Carolina Darias, anuncia un plan de choque para actuar en origen y frenar las salidas y el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, presenta el Plan Canarias. Estas medidas no contentan al Ejecutivo regional, que persiste en reclamar derivaciones a Península: “No podemos solos. No lo aceptamos y nos rebelamos ante esta acción”, declaraba Torres. Pero Marlaska rechazaba esta petición abriendo una brecha con el Gobierno canario, alegando el efecto llamada y que la política migratoria corresponde “a la Unión Europea en su conjunto y no solo a España”.

Progresivamente el muelle es desalojado y recupera la normalidad mientras, a cuentagotas y sin cumplir los plazos anunciados, empiezan a funcionar los campamentos. Pero en Gran Canaria comienza a crecer la mecha de la xenofobia y el racismo, alimentado por Vox, que intentó liderar el discurso anti-inmigración en unas islas en las que no tiene representación en ninguna administración. La primera actuación en este sentido de Pestaña es anunciar en enero el refuerzo de la seguridad en las calles del sur de la isla para vigilar los recursos alojativos donde se encuentran los migrantes, con 40 efectivos de la Policía Nacional. El delegado del Gobierno reconoció que en algunos puntos las actuaciones llegaron “tarde” y se podría haber mejorado, pero al mismo tiempo manifestó su postura comunicativa respecto a la gestión de la inmigración: “En la migración lo mejor son las no noticias, porque cualquier noticia es objeto de crítica. Las ONG porque no quieren que se expulse a nadie, algunos actores políticos quieren que se expulse a todo el mundo y que aquí no llegue nadie. Si los atiendes en un sitio mal. Si los atiendes en otro sitio, mal”.

Sin embargo, en la rueda de prensa en la que compareció para ofrecer los datos del índice de criminalidad, lejos de hablar del efecto llamada, explicó que “en los últimos 16 meses, hasta enero, han llegado a Canarias 27.600 personas: hay 2.000 menores extranjeros más de los que había y unas 9.000 personas en distintas instalaciones del Gobierno de España. Es decir, de Canarias han salido 16.500 inmigrantes”. Tras pronunciar estos datos, añadió que “no se está produciendo esa retención de la que se habla intencionadamente para otros fines, para confundir”. Y valoró que se haya dotado a las Islas “de los medios suficientes que pidió la sociedad canaria a través de sus instituciones en febrero”, durante la visita de Marlaska y en sus inicios al frente de la Delegación del Gobierno.

Al respecto, Toledano interpreta que “si la parte ejecutiva falla y las administraciones adolecen de descoordinación y se culpan unas a otras, la comunicación se resiente”. En este sentido, y salvando grandes diferencias, se trae a colación el ejemplo de la comunicación llevado a cabo por el Cabildo de Gran Canaria y el Ejecutivo regional durante los incendios durante el verano de 2019 que quemaron más de 9.000 hectáreas y afectó a diez municipios. “Hubo comunicación por parte de responsables técnicos y en determinadas situaciones, es importante que tengan su voz los expertos, como sucede también con la pandemia”, separada a su vez, de la parte política, “que intenta remarcar su buena gestión”, señala Toledano. En una analogía con la inmigración, subraya que, aunque se trata de un asunto “humanitario y político mientras que un incendio no incluye una responsabilidad política exclusiva”, considera importante también contar con conocedores de la materia, ya sea técnicos de una ONG con experiencias en situaciones similares o responsables de Salvamento Marítimo, para “dar otro tipo de discursos distintos al de los políticos”.

Para Toledano, la clave de las administraciones a la hora de comunicar sobre este asunto es “ser transparente, facilitando datos sin excusarse en que tocar determinados puntos favorece el discurso xenófobo, porque igualmente, los bulos se generan con cifras inventadas”. El experto matiza que no es necesario que cada semana salga el delegado del Gobierno a dar una rueda de prensa, solo cuando “sea necesario, si se produce un cambio importante” en alguna situación que lo requiera. Pero sí defiende que “no es de recibo que haya que estar haciendo cábalas de cuántas personas llegan, donde llegan y estar haciendo sumas”. A su juicio, es importante que la administración comunique “si hay mucho movimiento, si hay repatriaciones, derivaciones a Península o peticiones de asilo”, por ejemplo, “a través de una página web, a modo de consulta, como ocurre con los datos del coronavirus”. Se trata “de informar con datos transparentes y accesibles”, concluye.