Carpas y un comité de crisis. Estas son las soluciones que el Gobierno de Canarias ha encontrado hasta ahora para dar respuesta al colapso de los centros de acogida de menores migrantes. El Foro Canario de la Inmigración se ha reunido este martes después de que el PP y Junts tumbaran en el Congreso la propuesta para el traslado obligatorio de niños y adolescentes desde las islas hacia el resto de comunidades autónomas. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, convocó a este órgano asesor para diseñar un “plan b” a la reubicación vinculante de los jóvenes, que hasta ahora se planteaba como la única vía para aliviar la saturación de la red de recursos del Archipiélago, que atiende en la actualidad a 5.600 menores.
El Gobierno de Canarias es el responsable de la acogida de los niños y jóvenes migrantes que llegan a las islas sin familia. Sin embargo, las denuncias sobre el mal estado de los centros y de supuestos malos tratos hacia los usuarios no cesan y se extienden por diferentes islas. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha reconocido después del Foro que continúan ''sin encontrar recursos ni inmuebles en los que poder ubicar a estas chicas y chicos con las garantías de seguridad y atención que se merecen''. “No solo porque la ley nos lo exija, sino porque son sujetos de protección y, por encima de otras consideraciones, está el bien superior de estos niños y niñas”, ha apuntado.
Las condiciones en las que los jóvenes son acogidos en los dispositivos de emergencia han sido cuestionadas por los propios menores y por extrabajadores de las entidades contratadas, como Quórum o Samu. Es el caso del centro de Hoya Fría, habilitado en un edificio de colombofilia y en el que conviven cerca de 254 menores hacinados. A pesar de las críticas, el recurso sigue abierto. También en Lanzarote dos abogadas denunciaron ''desprotección infantil'' en la Casa del Mar de Arrecife, un dispositivo que continúa funcionando por la falta de alternativas alojativas, según el Ejecutivo autonómico.
La solución presentada por el Ejecutivo autonómico a estas carencias en la acogida es la instalación de carpas en los muelles, en contra del criterio de la Fiscalía de Extranjería. El gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular ya anunció esta medida hace semanas y la ha repetido este martes. Los campamentos se levantarán en El Hierro, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. En esta última ya se ha puesto una carpa en el muelle de Puerto Naos. En el resto de islas, estarán terminadas “en dos o tres semanas'', según ha informado la consejera de Bienestar Social. ''Ya no estamos hablando solo de una cuestión de infraestructuras, sino que es una cuestión de medios humanos para atender a los menores no acompañados'', ha justificado Candelaria Delgado.
La responsable asegura que los niños no estarán allí ''semanas ni meses'', sino ''cinco o seis días'' hasta que se puedan reorganizar los espacios habilitados en los centros. Otra de las propuestas es habilitar ''espacios separados'' en centros de adultos para poder atender allí a los menores. Esta alternativa ya se puso en práctica en el campamento de adultos de Las Raíces, donde el Gobierno de Canarias alojó a 140 niños y adolescentes.
Comité de crisis
El presidente del Gobierno de Canarias sigue insistiendo en que las islas atraviesan una “emergencia migratoria'' y que en septiembre se espera la ''máxima'' presión. Por ello, este martes, las instituciones autonómicas y locales, agentes sociales y ONG han acordado la creación de un comité de crisis para ''afrontar de manera rápida'' las situaciones ''que se presentarán en las próximas semanas''. Según las previsiones de Clavijo, Canarias podría llegar a acoger a ''16.000 menores'' con las llegadas que supuestamente se esperan en los próximos meses.
El Partido Popular planteó declarar ''la emergencia migratoria nacional'' por la situación en Canarias, Ceuta y Melilla. Sin embargo, el Ministerio de Migraciones ya declaró esta situación en noviembre de 2023 con el objetivo de mejorar la atención a los migrantes llegados a las islas y agilizar sus traslados a la Península para aliviar los recursos de la comunidad autónoma. Profesionales que trabajan por los derechos humanos ya han explicado a este periódico que la declaración que plantea el PP puede generar ''alarma social'' y persigue un claro interés económico, de contratar con más agilidad pero con “menos transparencia”.
A pesar del bloqueo a la reforma de la Ley de Extranjería en el Congreso de los Diputados, el Gobierno de Canarias asegura que va a seguir intentando llegar a un acuerdo para impulsar un decreto ley este verano, al ser ''la única figura que sirve''.