El demoledor informe de Human Right Watch sobre el campamento de Arguineguín: “No se respetan la dignidad de esas personas ni sus derechos básicos”

Personal de Cruz Roja y Policía Nacional, en el muelle de Arguineguín donde más de 1.500 migrantes continúan hacinados

Europa Press

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La organización internacional Human Right Watch ha denunciado este miércoles que las condiciones del campamento para inmigrantes del muelle de Arguineguín (Gran Canaria) “no respetan la dignidad de esas personas ni sus derechos básicos”, ni tampoco “representan bien a España”.

En un informe publicado en su web tras la visita que realizó a Gran Canaria la semana pasada su directora para Europa, Judith Sunderland, HRW reconoce los esfuerzos y “la buena intención” de quienes trabajan en ese campamento de primera acogida, pero subraya que las condiciones del muelle son “completamente inadecuadas” y hacen imposible guardar las precauciones básicas frente a la COVID-19.

Esta ONG no solo critica el hacinamiento e insalubridad que su representante observó en el muelle de Arguineguín cuando había la mitad de acogidos que en la actualidad (más de 2.000 que se congregaron allí este lunes), sino que advierte además sobre otras vulneraciones de derechos, que conciernen a la asistencia jurídica o la información sobre el derecho de asilo.

“Lo que vi hace unos días fue una hilera de carpas abarrotadas donde las personas permanecen retenidas durante días, durmiendo en el suelo, 30 o 40 personas compartiendo un baño portátil”, ha señalado la subdirectora de la organización para Europa y Asia Central, Judith Sunderland.

“No puedo imaginar la situación actual, con más del doble de personas”, ha apuntado, para añadir que, “incluso asumiendo que existen las mejores intenciones” por parte de los que trabajan allí, las condiciones que ha presenciado “no respetan la dignidad de las personas ni los derechos básicos, ni reflejan bien a España”.

Duermen en el suelo

En concreto, señala que en el muelle había 14 carpas, cada una con un baño portátil, con capacidad para 30 o 40 personas y una aparte para ducharse y cambiarse. Además, se ha reservado una tienda de campaña para mujeres que viajan solas y niños no acompañados.

La ONG denuncia esta última situación, ya que, según explica, “las directrices internacionales exigen que los niños no acompañados se alojen separados de las mujeres y las niñas no acompañadas”.

Del mismo modo, señalan que en las carpas no hay camas, ni colchones y que los migrantes duermen sobre una manta que se les facilita, mientras que se tapan con otra.

“Las condiciones en el muelle son totalmente inadecuadas incluso cuando están por debajo de su capacidad. Además de las malas condiciones, el procedimiento en el muelle plantea serias preocupaciones sobre el acceso a la información y el respeto del derecho a solicitar asilo”, denuncian.

Protocolo COVID-19

Human Right Watch también se ha interesado por el protocolo que se realiza por la pandemia, a través de entrevistas con el personal de Cruz Roja. Ellos le han explicado que estos protocolos incluyen pruebas de PCR de rutina para todos, una carpa de aislamiento para personas que presentan síntomas o que han dado positivo por coronavirus y la distribución de mascarillas quirúrgicas.

Sin embargo, la organización asegura que se reunió con dos mujeres que habían dado positivo en la prueba y que vivían en una tienda de campaña con otras mujeres y niños.

Además, explica, en el momento de la visita se decidió trasladar a la instalación habilitada para el aislamiento --con monitoreo y tratamiento-- a 55 personas que habían dado positivo por COVID-19, pero “la compañía de autobuses se negó a llevarlos, alegando problemas de salud”.

En el informe realizado sobre la situación del muelle, la ONG ha denunciado que “muchas personas están detenidas en el muelle durante más de las 72 horas permitidas por la ley española y también destaca que el Gobierno ”ha bloqueado el acceso a periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión, citando problemas de privacidad“.

Del mismo modo, alertan de que “todos los entrevistados habían recibido una orden de expulsión independientemente de sus circunstancias personales y, a menudo, sin información clara en un idioma que pudieran entender o sin acceso a un abogado”. Además, denuncian, “la policía ni ninguna otra persona les informó mientras estuvieron detenidos en el muelle sobre su derecho a solicitar asilo”.

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