El Ministerio del Interior ha reactivado este miércoles las deportaciones de migrantes desde Canarias y ha expulsado a 22 las personas que estaban en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco hacia Mauritania. De ellas, 18 son de Senegal, dos de Gambia, uno de Guinea-Bissau y uno de Mauritania. En este momento, el CIE de Gran Canaria está vacío, y podrá albergar hasta a 42 personas a partir de hoy, ya que el juez de control, Arcadio Díaz-Tejera, en un auto estableció que este era el aforo máximo para evitar el hacinamiento y los posibles contagios en cadena, como sucedió en marzo. Entonces, el magistrado tuvo que ordenar el desalojo y el cierre, ya que trabajadores del centro contagiaron a los internos. Además, el cierre de fronteras decretado para frenar la expansión de la COVID-19 tampoco permitía las expulsiones. La reapertura se ordenó en septiembre, tras la visita del ministro Fernando Grande-Marlaska a Nouakchott.
El ministro viajó en compañía de la comisaria europea Ylva Johansson para abordar la crisis migratoria que atraviesa el Archipiélago en la actualidad. Uno de los resultados de este encuentro fue la recuperación de las deportaciones hacia Mauritania, aprovechando el acuerdo bilateral que ambos países mantienen. Este documento recoge la expulsión a este país africano tanto de nacionales de este país como de países terceros que en su trayecto migratorio hayan partido del territorio mauritano.
Aprovechando este epígrafe del convenio, España expulsó a finales de 2019 y comienzos de 2020 incluso a malienses. Algunos de ellos habían solicitado protección internacional ante el conflicto armado que atraviesa su país. Según Acnur, ninguna persona procedente de las regiones afectadas por esta guerra debería ser devuelta de manera forzosa, puesto que el resto del país no debe ser considerado como una alternativa adecuada al asilo hasta el momento en que la situación de seguridad, el estado de derecho y los derechos humanos hayan mejorado significativamente. Así, Acnur insta a los Estados a proporcionar acceso al territorio y a los procedimientos de asilo a las personas que huyen del conflicto en Malí.
Grande-Marlaska y Johansson también visitaron este fin de semana Canarias, incluido el saturado muelle de Arguineguín que alberga hasta el momento a más de 2.000 personas. El viaje fue criticado por Podemos Canarias, que lo tildó de “hipócrita y decepcionante” por haberse limitado a “poco más que a hacerse una foto y unas declaraciones que son las mismas que se repiten desde hace meses”.
El ministro evidenció en su visita que su apuesta para controlar los flujos migratorios era reforzar la vigilancia y cooperar con los países de origen, poniendo el foco en la lucha contra las mafias de tráfico de personas. Marlaska aseguró que España reforzó tanto a sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como a las autoridades de Mauritania. “Un avión de la Guardia Civil ha sido enviado a Nouakchott para realizar labores de prevención y facilitar los rescates en origen y así evitar más muertes”
Como parte de la estrategia de su departamento, ha solicitado apoyo al Frontex, que ha enviado a siete agentes a Gran Canaria para identificar migrantes y “controlar la inmigración irregular”. Con este fin, el ministro ha visitado Argelia, Túnez y Mauritania, y se desplazará a Marruecos el próximo 20 de noviembre. Esta estrategia ya fue empleada en 2006 con fines disuasorios hacia las personas que pretendían partir en cayucos o pateras hacia Canarias. El operativo HERA consistió en el despliegue de personal especializado en la zona, medios marítimos y aéreos que patrullaban el litoral africano, además de sistemas de satélite para controlar el Atlántico. Este equipo no lo aportó Frontex, sino los países miembros de la UE y la agencia reembolsa los costes del despliegue, tantos de los guardias de fronteras como del transporte, combustible y mantenimiento del equipo. La Agencia europea invirtió 3,2 millones de euros de los cuatro que costó la operación en el Atlántico.
El objetivo se cumplió, ya que de las 31.678 personas que sobrevivieron a la ruta migratoria canaria ese año, se pasó a 12.478 en 2007, 9.181 en 2008, 2.246 en 2009 y a 196 en 2010.