ANÁLISIS
¿Plante o huelga de celo? Esto dice el protocolo al que se aferra Canarias con los menores migrantes
Las palabras indignadas de Fernando Clavijo ante la desatención que considera que sufre su comunidad por parte del Gobierno de España en la tutela de los menores llegados en patera o cayuco a las islas han dado lugar a varias interpretaciones: ¿de verdad no va a acoger Canarias a ningún chico más? ¿es su postura un plante... o más bien una huelga de celo?
La Agencia EFE ha tenido acceso al acuerdo tomado este lunes por el Gobierno de Canarias tras la preocupación que suscitó en su Dirección General de Protección de la Infancia un incidente ocurrido el fin de semana en El Hierro, que derivó en una queja formal de la Policía y en un requerimiento legal de la Fiscalía.
Clavijo manifestó públicamente que ese episodio se tradujo en una serie de “presiones” que, para su Gobierno, marcan “un antes y un después”, teniendo en cuenta el esfuerzo que la comunidad realiza casi en solitario desde hace ya años para seguir acogiendo menores a pesar de que sus recursos están completamente sobrepasados.
Y añadió que, para proteger a los funcionarios y a los trabajadores de las ONG que gestionan sus centros de acogida de consecuencias legales como las que podrían derivarse del requerimiento de la Fiscalía, han optado por aprobar un acuerdo que dejara claro que siguen instrucciones del Consejo de Gobierno.
No sin autorización autonómica
El acuerdo no dice que los centros de menores de las islas no vayan a acoger a más niños o adolescentes llegados en cayuco o patera, sino que no lo van a hacer sin una autorización expresa de la comunidad autónoma, es decir sin trámites y garantías: “El Gobierno de Canarias acuerda”, precisa el texto, “comunicar a las entidades colaboradoras que no reciban nuevos menores migrantes con cargo a esta Comunidad Autónoma salvo la previa comunicación de conformidad o autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes”.
De hecho, la resolución contiene también un mandato para darle “la máxima prioridad” a la ampliación de la red de acogida de las islas, con “la concertación de nuevas plazas para atender a los menores y la ampliación de la plantilla de personal destinada la Dirección General de Protección de la Infancia”.
El cambio radica en que, a partir de ahora, el Gobierno de Canarias sostiene que no le corresponde la tutela automática de los menores que llegan a sus costas, que la guarda provisional de esos chicos la tiene la Policía, que son responsabilidad de Estado y que, si este quiere ponerlos a su cuidado, debe cumplir los protocolos.
“Si nos ponemos escrupulosos...”
El propio Clavijo lo dijo de esta otra manera, ligado a su enfado por la denuncia que recibió la ONG que gestiona el centro de menores de El Hierro tras intentar hacer ver a la Policía que no tenía espacio físico para acoger a ni un menor más: “Si nos ponemos así”, advirtió, “si alguien se va a poner escrupuloso, nos ponemos escrupulosos todos; de ahí el acuerdo del Consejo de Gobierno para proteger a las ONG, que están haciendo una labor impagable”.
El Ejecutivo canario “se pone escrupuloso” en estos términos: “Se requiere al Estado”, dice su acuerdo, “para el cumplimiento de sus obligaciones sustanciales y de procedimiento en materia migratoria, (...) en especial el protocolo de actuación para la recogida y entrega de (menores) migrantes, recordándole el respeto a la debida relación directa con los servicios de la comunidad autónoma para la puesta a disposición de los menores”.
Los fundamentos de esta resolución dejan claro que detrás de esas medidas está el descontento que siente la comunidad autónoma por “la falta de atención de Estado”, de la que recuerda que Canarias lleva quejándose desde “marzo de 2022” (es decir, bajo la presidencia del socialista Ángel Víctor Torres).
El Gobierno canario reprocha al Estado en ese acuerdo que no respeta los procedimientos de entrega de los menores a los centros de la comunidad autónoma y que actúa de forma que no se puede seguir la “trazabilidad” del menor. Al obrar de ese modo, opina, el Estado contribuye a la “saturación de los medios y centros de acogida, hasta el punto de hacer imposible la correcta prestación en favor de los menores de las acciones que posibiliten su desarrollo integral”.
El protocolo de 2014
¿Qué espera el Gobierno de Canarias que el Estado respete de forma escrupulosa antes de confiarle a un menor? Un protocolo del 13 de octubre de 2014 que detalla todos los trámites que la Policía y la Fiscalía deben cumplimentar antes de entregar a un menor extranjero no acompañado a “la entidad pública de protección de menores”.
Ese documento, publicado en el BOE, no entra en el litigio jurídico que el Gobierno de Fernando Clavijo pretende abrir (quién es el responsable de la primera acogida de esos niños y adolescentes, si el Estado o la comunidad autónoma), pero sí marca una serie de pasos burocráticos que Canarias pide que se cumplan para asumir bajo su tutela a un menor por estar en situación de abandono o desamparo.
Por ejemplo, exige que todo menor tenga de inmediato una reseña policial que “inexcusablemete comprenderá” sus huellas digitales y una fotografía, así como “cuantos datos aporte el propio menor sobre su filiación, edad, nacionalidad y última residencia” y los documentos identificativos de su país que tenga consigo.
“No puede ser que nos entreguen a los menores con un albarán como el de la compra”, ha resumido este martes la consejera de Derechos Sociales, Candelaria Delgado, responsable de Infancia.
Y si hay dudas sobre que sea menor, el protocolo dice que deben constar las pruebas médicas hechas a petición de la Fiscalía, que han de hacerse “durante el servicio de guardia (...), una vez que ha sido reseñado y se ha cotejado el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados”. Solo por “causas extraordinarias” se puede entregar a un menor en dudas a los servicios de menores.
¿Plante o huelga de celo?: “En ningún momento nos estamos negando a acoger más menores; de hecho, vamos a seguir prestándole el auxilio a la Administración del Estado y colaborando”. Estas declaraciones del propio Clavijo al dar a conocer la decisión ofrecen una respuesta implícita; la explícita y definitiva llegará con el siguiente cayuco.
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