ANÁLISIS

Clavijo tergiversa el acuerdo sobre inmigración con los grupos parlamentarios para salvar al PP

Un incidente con siete menores no acompañados desembarcados este fin de semana en la isla de El Hierro fue el detonante para la tormenta política que este lunes desató el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Los niños y niñas llegaron a la isla y, tras pasar las revisiones médicas y ser filiados por la Policía Nacional, fueron trasladados a un centro de acogida en la isla. Los responsables de la ONG que gestiona ese centro dijeron a los agentes policiales que allí no podían acogerlos, que estaban saturados, que buscaran otro sitio. Los agentes pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores, que decretó que aquel centro debía acoger a esos menores, estuviera como estuviera de sobrepasado.

Era la excusa que le faltaba al Gobierno de Canarias para activar un proceso político contra el Estado que venía alimentando desde hacía más de un mes, el tiempo transcurrido desde que el 23 de julio el Partido Popular dejó a Fernando Clavijo con los glúteos al aire votando en contra de la pactada reforma de la Ley de Extranjería, llamada a imponer una solución federal al grave problema que sufren Canarias y Melilla con la llegada masiva de personas migrantes, concretamente menores no acompañados.

Clavijo tenía el sí asegurado del presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, a la sazón, vicepresidente de su Gobierno, pero el cambio de posición de la dirección nacional, que abrazó las tesis más xenófobas de Vox hacia las personas migrantes, dio al traste con una negociación ampliamente hilvanada.

Pero Clavijo no puede romper con el PP, se quedaría sin su socio imprescindible en Canarias. Coalición Canaria no ganó las elecciones, fue la segunda fuerza política tras el PSOE, y resultaría imposible mantener la presidencia pidiendo a los socialistas que sustituyan al PP como subalterno. Así que la única manera de salvar la coyuntura es atacar al Gobierno del Estado salvándole el pescuezo al PP.

Por eso ha sido providencial el incidente con los siete menores en El Hierro, de modo que el Gobierno canario pudiera hacer un requiebro jurídicamente imposible consistente en atribuir al Estado la responsabilidad sobre los menores que rescate Salvamento Marítimo y sean posteriormente filiados y conducidos por la Policía Nacional. Una ocurrencia que se complementa con la orden a las ONG de no admitir más menores en sus centros si previamente no cuentan con el visto bueno del órgano competente (es textual) de la Comunidad Autónoma, o sea, la Consejería de Bienestar Social.

De este modo, solo le ha faltado decir al Gobierno de Canarias en sus comunicados oficiales que aquellos policías nacionales que trasladen migrantes a centros dependientes de la Comunidad Autónoma se arriesgan a tener que llevárselos a su casa; o a la Delegación del Gobierno en la isla correspondiente; o a La Mareta, la residencia vacacional de los presidentes del Gobierno en Lanzarote.

Es tan disparatada la ocurrencia que si en lugar de menores migrantes se hablara de menores españoles conducidos por la Policía Nacional o la Guardia Civil ante un fiscal de menores o ante un juez, no podrían ser internados jamás en un centro de menores dependiente de la Comunidad Autónoma porque la tutela correspondería al Estado, que fue quien los detuvo, los condujo ante la autoridad judicial (un poder del Estado) o los trasladó.

Al menos dos de los grupos parlamentarios presentes la tarde de este lunes en la reunión del Pacto Canario por la Inmigración, el PSOE y Nueva Canarias, se han mostrado primero perplejos y luego indignados por la traducción que públicamente ha hecho el presidente Clavijo de lo que allí se trató. No se votó nada, todo hay que decirlo, porque la reunión se limitó a dar traslado a los presentes del acuerdo adoptado por la mañana por el Consejo de Gobierno. En él se dice, efectivamente, que se ha “comunicado” a las “entidades colaboradoras que no reciban nuevos migrantes con cargo a esta Comunidad Autónoma, salvo previa comunicación de conformidad (...) de las autoridades autonómicas competentes”. Y es cierto que se pide al Estado que respete el protocolo de entrega de los menores a los servicios propios de la Comunidad Autónoma.

Pero en ningún momento se dijo a los partidos políticos que el Gobierno canario considera que esos menores migrantes que llegan solos “están bajo la guardia provisional del Gobierno de España desde que son rescatados, hasta que los meten en la frontera española y mientras los reseña la Policía Nacional y hasta que son entregados a la Comunidad Autónoma, en este caso, a Canarias”, como dijo el presidente y recogen los comunicados gubernamentales.

La decisión del Consejo de Gobierno, comunicada al foro por la inmigración, de  “facultar a los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias para iniciar los estudios, y en su caso, ejercitar las acciones interadministrativas y judiciales, incluidas en su caso las penales, en defensa de los derechos de los menores extranjeros no acompañados, así como de las competencias de nuestra Comunidad Autónoma” encierra, de entrada, una contradicción: la defensa de las competencias de la Comunidad Autónoma equivaldría a expulsar al Estado de la tutela y custodia de los menores migrantes. Pero, además, debería tranquilizar bastante a los destinatarios de la amenaza, sobre todo si los han sido comisionados son los mismos servicios jurídicos autores del decreto de medidas urgentes en materia de vivienda o el que pretende cambiar los protocolos de la dependencia en Canarias. El primero está aprobado desde febrero, pendiente de su aplicación por graves problemas constitucionales. Y el segundo, contra las cuerdas por tener en contra a todos los colectivos laborales y los dos colegios profesionales.