¿Puede Núñez Feijóo esperar tanto?

En su artículo de este domingo Enric Juliana sitúa el inicio del curso político de verdad en el momento en que se conozca el resultado de las elecciones de los Estados Unidos el 6 de noviembre. El impacto del resultado electoral, sea el que sea, sobre todos los sistemas políticos de los demás países será tan extraordinario, que habrá que reinterpretar a la luz de dicho resultado electoral lo que nos depare el futuro no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo.

Es posible que la globalización desde una perspectiva económica esté teniendo dificultades para seguir avanzando como lo ha hecho en el inmediato pasado, pero desde una perspectiva político-electoral no ha habido nunca un año comparable al 2024 con la sucesión de elecciones encadenadas en los países de mayor peso en el mundo durante los primeros diez meses, al que pondrán punto final las elecciones en los Estados Unidos. Completamente de acuerdo, por tanto, con la tesis de Juliana.

Tengo la impresión, sin embargo, de que en España para el PP en general y para su presidente nacional en particular el 6 de noviembre queda demasiado lejos. Lo que transmite Alberto Núñez Feijóo tanto verbalmente como con su lenguaje corporal es que le resulta literalmente insoportable la presencia de Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno. Ni un minuto más. Con esta idea es con la que se levanta y se acuesta y con ella me temo que va a intentar torpedear el funcionamiento de nuestro sistema constitucional.

Tenemos todavía sin renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Han sido elegidos los veinte miembros que lo componen, pero mientras no se llegue a un acuerdo para designar al Presidente, el CGPJ seguirá “en funciones”, sin que ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Poder Judicial tengan una respuesta respecto al tiempo en que el órgano puede continuar en tal situación. Lo que sí sabemos es que las funciones más importantes que el CGPJ tiene atribuidas no pueden ser ejercidas y que, en consecuencia, progresará el deterioro, que puede llegar casi hasta la parálisis, en el funcionamiento de los órganos judiciales que dependen del ejercicio de tales funciones.

¿Qué es prioritario para Núñez Feijóo, que se elija Presidente del CGPJ y deje el órgano de estar “materialmente en funciones” o que se avance en la dirección del caos en la administración de justicia y se genere una tensión que dificulte la continuidad de la legislatura? 

Lo que el presidente del PP transmite es más bien lo segundo que lo primero. El CGPJ se ha renovado “formalmente” porque no podía no renovarse, pero la voluntad de no renovación de los seis años anteriores sigue siendo la dominante dentro del PP. De ahí que el órgano “materialmente” no esté renovado. 

Lo que ocurre con el CGPJ vale también para la inmigración. El PP se ha situado en la posición de negarse a contemplar siquiera la posibilidad de reforma de la Ley de Extranjería, con la finalidad de dar respuesta a la distribución de los inmigrantes entre las distintas comunidades autónomas, al mismo tiempo que exige más dinero para que los Consejos de Gobierno de tales comunidades puedan hacer frente al problema al que se niegan a reconocer normativamente.

En España, como en los demás países de la Unión Europea, la inmigración va a continuar siendo un problema y una oportunidad, cuyo no reconocimiento como tales resulta difícilmente compartible. El potencial de la inmigración para alimentar la crispación es sobradamente conocido, ya que es un terreno que se presta casi como ningún otro a la circulación de bulos solamente susceptible de ser controlada cuando ya se han extendido de manera notable y con un coste enorme para la convivencia. El 6 de noviembre queda muy lejos. 

Y qué decir de la persecución judicial de Begoña Gómez, con ocasión de la cual se está intentando llegar al procesamiento de su marido, el Presidente del Gobierno. En este mes de septiembre se van a adoptar decisiones en este terreno sobre la que es difícil hacer previsiones, ya que la irregularidad, presuntamente prevaricadora, es la norma que ha presidido el ejercicio de la función jurisdiccional por el juez de instrucción que entiende del asunto. 

Y de la negativa a aplicar la Ley de Amnistía con la finalidad bastante obvia de provocar políticamente a Junts, jugando con los tiempos políticos y judiciales que, como todo el mundo sabe, son muy distintos. 

Entre el 1 de septiembre y el 6 de noviembre en España vamos a asistir a enfrentamientos encarnizados en asuntos que tienen más que ver con la preparación de una suerte de golpe de Estado, que con el funcionamiento regular de las instituciones en democracia.