El jefe superior de la Policía Nacional en Canarias, Rafael Martínez, ha desvinculado este lunes la subida de delincuencia a la inmigración. En declaraciones a los periodistas con motivo de las Jornadas sobre Inmigración, organizadas por el CGPJ y el Gobierno de Canarias, ha apuntado que debe haber “soluciones políticas” tanto del Estado como de la comunidad autónoma y que desde el ámbito policial se adaptarán a las medidas. Además, ha aseverado que el fenómeno de la inmigración “no tiene que ver directamente con un incremento de la delincuencia”.
Martínez ha indicado que en cualquier ciudad como París o Madrid hay un cierto número de inmigrantes que pueden cometer delitos, pero no son inmigrantes de última llegada sino los que llevan asentados cinco, diez o 15 años.
Ha defendido que para detectar mejor las tratas de personas hay que investigar conjuntamente “con los países de origen” pues es “difícil” seguir su rastro si no hace desde el momento de la salida y ha apuntado que las rutas no parten de Canarias aunque ha habido “algunos casos”, sino más bien el Archipiélago funciona como cualquier otro lugar y también sufre la acción de organizaciones criminales. “De Nigeria no nos vienen tanto a Canarias”, ha agregado.
Martínez ha insistido en que la inmigración “no influye nada” en la delincuencia y de hecho, ha lamentado que a veces se les atribuyen delitos a los migrantes que no han cometido. Asimismo, ha señalado que “los recién llegados bastante tienen con buscar un hogar al que dirigirse o donde asentarse para residir”.
Datos de criminalidad en 2021
La tasa de criminalidad bajó en 2021 un punto en Canarias y se situó en 37,4 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, la cifra más baja de la última década, diez puntos por debajo de los datos de 2010.
Esta tasa situó a Canarias casi cuatro puntos por debajo de la media nacional, de 41,3 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, si bien las realidades de las dos provincias del Archipiélago fueron muy diferentes.
Mientras en Santa Cruz de Tenerife este indicador reflejó una media de 33,3 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, en Las Palmas se elevó a 41,2 ilícitos.