Vox amenaza al PP con romper sus pactos autonómicos si apoya la reforma legal para el reparto de menores migrantes

El Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria (CC) y el PP, más el apoyo de dos grupos minoritarios, lleva meses negociando con el Gobierno central cambiar la Ley de Extranjería para que los menores migrantes no acompañados que lleguen al Archipiélago (o a cualquier otro territorio nacional) sean repartidos de forma obligatoria entre todas las comunidades autónomas cuando los recursos de acogida de esa región se encuentren saturados (a más del 150% de su capacidad). Se trata de modificar el artículo 35 actual, para que la atención a estos niños y adolescentes deje de ser solo competencia del Gobierno regional.

CC pactó con el PSOE esa reforma de la Ley como condición para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Es decir, el PP no participó de ese pacto, pero en las Islas, una vez llegó al Gobierno, sí ha secundado esa modificación para liberar al Gobierno autónomo del que forma parte de la responsabilidad de atender a los más de 5.000 menores que tutela. De hecho, esta misma semana apoyó en el Parlamento regional el texto que después ha llevado a Madrid el presidente Fernando Clavijo (CC) para presentar en las reuniones con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y con los grupos del Congreso de los Diputados y lograr que apoyen la modificación.

Sin embargo, fuera de Canarias la posición del PP no es clara y de hecho la dirección nacional del partido ha dado autonomía a sus barones para que decidan lo que consideren en las comunidades donde gobiernan. Pero sin el respaldo del PP la modificación tiene pocas posibilidades de prosperar. De ahí la difícil posición del presidente del PP de Canarias y vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, que ha defendido el reparto obligatorio entre comunidades pero que en el último momento decidió no acompañar a Clavijo en su periplo y evitarse así confrontar con miembros de su propio partido. El PSOE de Canarias le ha reprochado que, siendo este un asunto de vital importancia para las Islas, no haya “arrimado el hombro” ayudando a convencer a sus propios compañeros.

Una de las reclamaciones más reiteradas por el actual Gobierno de Canarias es que las Islas no pueden asumir la llegada de tantos menores migrantes no acompañados, que no hay recursos para atenderlos y que se necesita más apoyo, sobre todo económico, del Estado. De hecho, en una intervención que ha sido muy criticada por “alarmista”, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, llegó a calificar la situación como “de guerra”.

Vox amenaza con romper los pactos con el PP mientras Junts pide excluir a Catalunya

Tras dos días de reuniones, este jueves Vox ha afirmado que contempla todos los escenarios, incluido el de romper sus gobiernos en coalición con el PP en varias autonomías, en el caso de que los populares acepten la reforma legal impulsada desde el Gobierno canario.

A la espera de conocer cuál es la postura que adopta el PP nacional al respecto, fuentes de Vox trasladan que el reparto obligatorio de menores migrantes es una línea roja que les podría llevar a revisar sus acuerdos con el PP.

En los territorios en los que gobierna con el PP -Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Región de Murcia-, Vox ha traslado que la política migratoria es determinante. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, llegó a calificarlo de “cuestión crítica”.

En Castilla y León, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha ofrecido este jueves la “máxima disposición” de esta comunidad para seguir siendo una “tierra de acogida” para menores extranjeros no acompañados que provengan de Canarias, Ceuta y Melilla, mientras que ha considerado que la incidencia de esta postura sobre el acuerdo con Vox debe decidirla ese partido.

El reparto de los menores migrantes es el elemento que más puede tensionar la relación con la formación de Alberto Núñez Feijóo, según reconocen las mismas fuentes del partido de Santiago Abascal.

Vox también quiere analizar las implicaciones del pacto alcanzado entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero lo diferencia de la cuestión migratoria, porque esta no es una política de ámbito autonómico, sino una decisión tomada por Alberto Núñez Feijóo que los dirigentes de su partido respaldan o acatan.

El partido de Santiago Abascal responderá a la postura que el PP adopte en inmigración en los distintos territorios y destaca que en el seno del PP no hay en todo caso una postura común.

La reforma de la Ley de Extranjería debe ser aprobada en el Congreso de los Diputados, donde socios parlamentarios como Junts ya han expresado sus reticencias, pues los independentistas catalanes exigen que Cataluña quede excluida de este reparto.