El Gobierno está ultimando una propuesta de periodo de carencia para evitar desahucios entre los colectivos más vulnerables, después de que se haya producido un contacto “urgente e inmediato” entre los ministerios de Presidencia y Economía tras el suicidio de una mujer que iba a ser desahuciada en Barakaldo.
Fuentes gubernamentales han explicado a Europa Press que esta propuesta será llevada el lunes a la reunión que mantendrán los expertos del Gobierno y los del PSOE dentro del equipo de trabajo creado para solucionar este problema social.
Este miércoles, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la 'número dos' del PSOE, Elena Valenciano, mantuvieron un encuentro en el que acordaron pactar “cuanto antes” una reforma legal contra los desahucios. El objetivo es “resolver las situaciones de especial vulnerabilidad”, con atención preferente a las familias con niños o mayores a su cargo.
También se acordó que “todas las propuestas sean sometidas a la evaluación de seis expertos”, tres propuestos por el Ejecutivo y tres por el Partido Socialista. El próximo lunes mantendrá su primera reunión esa comisión de expertos, si bien Santamaría y Valenciano harán un seguimiento de los trabajos.
El propósito es que las medidas se alcancen con el máximo consenso, tengan la mayor efectividad y resuelvan pronto el drama de los desahucios, según el Gobierno.
El subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury, será el encargado de coordinar a los expertos elegidos por el Gobierno para estudiar la reforma legal. En el caso del PSOE, la secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, será una de los tres expertos nombrados por los socialistas para abordar el drama de los desahucios, y a la vez ejercerá como coordinadora entre ellos. Ademas, el PSOE contará con el economista y estadístico Julio Rodríguez y el notario Ignacio Navas.
Después de conocerse la creación de este grupo de trabajo, el Ministerio de Economía solicitó a las patronales de la banca --la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA)-- sus datos estadísticos relacionados con los desahucios con el fin de hacer un balance de la situación y, en función de eso, tomar las decisiones oportunas para solucionar este problema social, han informado a Europa Press fuentes de ambas patronales.
Tras el Consejo de Ministros de ayer, la vicepresidenta explicó que a la hora de desarrollar las medidas que saldrán de este grupo de expertos habrá que diferenciar entre aquellas unidades familiares que realmente tengan problemas por causas ajenas a su persona de quienes tienen responsabilidad en la deuda. “Hay que evitar el fraude”, apostilló.