España no tiene nuevas soluciones frente al “repunte migratorio” a Canarias y pide la solidaridad de la UE

El Gobierno de España ha incidido en medidas similares que ya comunicó al Ejecutivo regional a principios de enero: que actuará en los países de origen -con mayor control en las fronteras y cooperación al desarrollo-, en labores de rescate y acogida y en las devoluciones ante el “repunte migratorio” hacia Canarias, según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El ministro del Interior ha hecho estas declaraciones tras una reunión este jueves en Las Palmas de Gran Canarias con el presidente del Ejecutivo regional, administraciones canarias, cuerpos de seguridad y emergencias y ONG. Ante el “indiscutible repunte” que se ha producido en enero en la ruta hacia las Islas, el presidente del Archipiélago, Ángel Victor Torres, ha reclamado que se activen protocolos de solidaridad“ con la Unión Europea con respecto a los flujos migratorios ”para que haya más movilidad“.

Asimismo, ha propuesto que se destinen a Canarias más recursos económicos, materiales, espaciales y humanos; intensificar los controles en origen; que los protocolos de devolución se realicen “con todas las garantías de legalidad y de respeto de los derechos humanos” y que se permita a las corporaciones locales activar mecanismos para ejercer competencias que no son propias ante una situación de emergencia, para que no tengan que hacerlo con reparos del interventor.

Además, ha anunciado que cabildos y ayuntamiento aportarán más plazas y se habilitarán espacios “de forma inminente”, al tiempo que ha demandado una serie de propuestas al Gobierno de España que serán trasladadas a la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios, presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, este viernes.

A juicio de Torres, se trata de elaborar un plan de choque ante la realidad actual, que consiste en “trabajar con mayor fortaleza en origen, auxilio, devolución y flujo, que son las cuatro patas de un tabutere que significa poder actuar contra un fenómeno que ya vivimos en el pasado y en el que se supo actuar. Ahora hay un repunte y, aunque no es semejante (al de 2006), sí exige la implicación de todas las administraciones”.

El ministro del Interior, que ha destacado la coordinación existente entre Gobierno central y regional con el resto de instituciones y el tercer sector para afrontar esta realidad, ha remarcado durante su intervención que la migración “es un reto que no es nuevo, siempre ha existido”, pero durante la Presidencia de Mariano Rajoy (PP) la política migratoria “dejó de existir”, algo que ha tildado de “craso error”.

Marlaska ha insistido en la “política migratoria” que realiza el actual Gobierno central desde junio de 2018 y que ya aplicó “en 2006 y 2007”, en la denominada crisis de los cayucos, aunque ha matizado que la realidad actual “no” es comparable a la de hace 14 años.

Y enfatizó que se deben llevar a cabo actuaciones “estructurales y permanentes en el tiempo, porque podrán haber periodos de menor intensidad en el empuje de los flujos, pero siempre van a existir por razones obvias y hay que estar preparados”.

“Adelantar fronteras”

Para “encarar” el reto de las migraciones, el ministro del Interior ha puesto el foco en la prevención, “lo que nosotros llamamos adelantar las fronteras”: incrementar los medios personales y materiales con Marruecos, Mauritania o Senegal. Además, anunció que se está tratando de ampliar este control de fronteras a Gambia, Guinea-Conakry, Costa de Marfil y Ghana. Todo ello, con el objetivo de “evitar que mucha gente corra el riesgo de morir en el mar”.

También hizo hincapié en la lucha contra “las mafias ilegales que ponen en riesgo a miles de personas que se ven abocadas a salir de sus países”, resaltando la labor que realizan en este sentido la Policía Nacional o la Guardia Civil. “Se trata de cooperar al desarrollo y estamos trabajando para que en el próximo presupuesto de la UE, para el periodo 2021-2027, la asistencia en los países de origen sea efectiva, estructural”.

Marlaska recordó que, una vez que las personas salen de sus países en pateras o cayucos, la obligación de España es recatarlos y recordó que en la zona de el Estrecho de Gibraltar y en el mar de Alborán se producían entradas “a diario de 800 personas”. En 2018, España rescató a “casi 60.000 personas” y “fruto de la política de migración, de cooperación, de prevención, de lucha contra las mafias, conseguimos reducir las entradas irregulares en más de un 50%, a 26.000 personas”. Por ello, reiteró que se está trabajando “permanentemente” y tienen “los mecanismos adecuados para hacer frente a esta situación”.

En la acogida, Marlaska dijo que en Canarias hay “unas 900 plazas para asistencia humanitaria” y anunció que se habilitará la Unidad de Madres en Tenerife para mujeres inmigrantes, un edificio anexo al Centro de Inclusión Social Mercedes Pinto (antigua prisión de Tenerife I) que iba a ser destinado a reclusas con hijos y embarazadas en el Archipiélago pero, a pesar de que su construcción finalizó en 2012, nunca llegó a estar operativa. Sobre la protección internacional, el ministro del Interior ha afirmado que España fue en 2019 el tercer país de la UE que más peticiones de asilo y refugio recibió, con 118.000 expedientes y, en enero, esta cifra es de 13.000 solicitudes, “la más alta de toda la UE”.

Devoluciones

Y, como otra de las soluciones al aumento del tráfico migratorio hacia Canarias, volvió a defender la importancia de las devoluciones de las personas migrantes en situación irregular administrativa a los países con los que España tiene convenios de repatriación, a pesar de que varias ONG han denunciado que en los vuelos de deportación desde Canarias a Mauritania iban a bordo personas migrantes de otras nacionalidades.

“Todas se hacen con las garantías máximas, siempre con cumplimiento directo de los derechos y libertades fundamentales” y “con un control judicial efectivo antes de la devolución”. Ante la posibilidad de realizar derivaciones a otras comunidades autónomas, Marlaska ha comentado que esto, de llevarse a cabo, se realizaría bajo “el principio de solidaridad”.

CIE

El pasado martes, Arcadio Díaz Tejera, juez de control del Centro de Internamiento (CIE) de Barranco Seco (Las Palmas de Gran Canaria), aseguró en un auto que, tres meses después de reabrir tras una reforma de más de un millón de euros, se seguían cometiendo irregularidades en un edificio que fue la antigua prisión provincial de Las Palmas durante el franquismo y continúa pareciendo “una cárcel de la dictadura”.

“No es que comparta ese auto en concreto, comparto lo que es la preocupación en todo momento por el respeto de los derechos y libertades del conjunto de los ciudadanos y, en este caso, de los inmigrantes irregulares sujetos a un expediente de expulsión que conlleva a su internamiento en un CIE, controlado por un juez”. Y ha añadido que el Gobierno de España está “encarando” una reforma de los ocho CIE abiertos “con una inversión de 33 millones de euros”.

Menores

El presidente del Gobierno de Canarias ha explicado que en estos momentos hay un convenio con los cabildos -con 500 plazas en total- para la acogida de menores extranjeros no acompañados y están por encima de la capacidad de acogida, “se está respondiendo por emergencia”.

Y a colación de la denuncia de la Fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García, que ha reclamado más medios para determinar la edad de los menores así como una revisión profunda del procedimiento, Marlaska ha dicho que toma nota y “se debatirá en la comisión para adoptar las medidas precisas”.

Tras la rueda de prensa, el ministro del Interior acudió al Centro Coordinador Regional de la Guardia Civil, donde un pequeño grupo de personas esperaba con una pancarta en señal de protesta contra la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y criticaba, con cánticos, que se priorice el cierre de fronteras a la acogida. Marlaska finalizó su agenda de visitas en la Jefatura Superior de Policía de Canarias.