Coalición Canaria ningunea al PSOE y pacta una nueva ley de RTVC con el PP y Casimiro Curbelo
Coalición Canaria ha ninguneado una vez más al Partido Socialista en relación a la RadioTelevisión Canaria (RTVC) y ha pactado con el Partido Popular (PP) y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) una Proposición de Ley que modifica la ley de RTVC. Las tres formaciones esperan que para esta semana la propuesta conjunta esté cerrada para poder presentarla en el Parlamento autonómico, donde suman mayoría.
Así lo ha anunciado este miércoles a los medios de comunicación el presidente del Grupo Popular, Asier Antona, quien ha dicho que el Consejo Rector será sustituido por la Junta de Control, un organismo que contará con todo el “amparo legal” para realizar la labor de fiscalización y control del gasto del ente público.
Antona, que ha comparecido acompañado por la portavoz parlamentaria, Australia Navarro, y la diputada Luz Reverón, ha dicho que la Junta de Control estará “despolitizada” y formada por profesionales, y tendrá facultad para adjudicar contratos que superen el millón de euros y tengan carácter plurianual.
Ha dicho que ha habido “agujeros” en la gestión de RTVC y la Junta de Control también va a tener competencias para fiscalizar a las sociedades mercantiles, con el fin de que “no haya lagunas jurídicas”, separando bien las funciones de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma.
Antona ha reclamado la vuelta de la “cordura y la legalidad” a RTVC y que esté al servicio de los ciudadanos, “no del Gobierno, pues se ha ”devaluado“ en los últimos años, y para ello ha solicitado también que ”de manera urgente“ se creen los consejos asesor y de informativos para incidir en la ”despolitización“.
Asimismo, ha destacado que todos los grupos parlamentarios están “preocupados” por el rumbo de RTVC tras el bloqueo por cuarta vez consecutivo a la renovación del Consejo Rector, y ha dejado la puerta abierta a que en la futura Junta de Control, que “no solapará” la labor de la Audiencia de Cuentas, se remunere a sus miembros para garantizar su profesionalidad.
Sobre la petición de cese del actual presidente del Consejo Rector de RTVC, Santiago Negrín, ha comentado que realmente “ya tiene fecha de caducidad” --su mandato finaliza en mayo--, y sobre su sustituto, ha comentado que los grupos trabajarán a partir de ahora en definir el formato.
Antona ha incidido en el “protagonismo” de su grupo para resolver el “callejón sin salida” en el que se encuentra el ente por su “desastrosa gestión”, subrayando que “el tiempo ha dado la razón” a su formación cuando no se ha podido renovar el Consejo Rector.
En su opinión, esa votación ha consagrado el “fracaso de un modelo” en RTVC, con una ley aprobada en la Cámara en la pasada Legislatura y que no fue avalada por el PP y que ha tenido muchas “deficiencias”.
CC afirma que la reforma es necesaria para “desbloquear” la gestión
La diputada del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), Guadalupe González Taño, ha afirmado este miércoles que “para desbloquear la situación a la que ha llegado el ente de la Radio Televisión Canaria es necesario la reforma de la Ley”.
En este sentido, ha señalado que el Grupo Nacionalista Canario ha venido trabajando en las modificaciones que requiere esta normativa para evitar lo que se ha llamado la “bicefalia imperfecta, originada por un cruce de competencias entre los órganos, que ha generado un bloqueo de su acción sine die”.
Asimismo, y tras lo ocurrido este miércoles en la votación de elección de las candidatas al Consejo Rector, su grupo ha decidido impulsar, junto al Partido Popular y a la Agrupación Socialista Gomera, un nuevo texto legal que permita que la RTVC “tenga un funcionamiento ordinario en unas condiciones de normalidad”, al que espera se incorporen el resto de grupos parlamentarios.
“El modelo que proponemos, que mantiene la elección parlamentaria de los órganos de dirección y control, parte de la premisa básica de aclarar las competencias y evitar el bloqueo de decisiones”, ha indicado.
Para ello, ha dicho que se establece una Dirección General con carácter ejecutivo similar a las que funcionan en todas las empresas públicas y una Junta de Control, que fiscalice la actuación del ente y tome decisiones en los grandes asuntos “pero que permita, que en el día a día, el trabajo y la gestión puedan desarrollarse en condiciones de normalidad”.
