El Parlamento acelera el nombramiento del administrador único de RTVC y busca un perfil de consenso
Los grupos del Parlamento de Canarias buscan un perfil de consenso para salvar el ente público Radio Televisión Canaria (RTVC), sumido en una crisis sin precedentes por la gestión y posterior dimisión de Santiago Negrín como presidente del Consejo Rector.
La Junta de Portavoces, reunida este martes antes de la celebración del pleno, ha decidido llevar a la sesión que se celebrará este miércoles en la Cámara la votación de la Proposición de Ley (PPL) que plantea el cese de los miembros del Consejo Rector y el nombramiento de un administrador único que pilote RTVC hasta el 31 de diciembre de 2018 y solvente de manera urgente los asuntos más relevantes que Negrín dejó sobre la mesa, entre ellos, la adjudicación del polémico concurso de informativos de la Televisión Canaria o la convocatoria del procedimiento para el transporte de señal, que dejó prorrogado en contra del criterio de Intervención. Todo ello con la amenaza real de que la televisión pública se vaya a negro el próximo 30 de junio a las 24 horas.
La PPL se aprobará este miércoles, previsiblemente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Sólo Nueva Canarias (NC) quedó fuera del acuerdo suscrito el pasado viernes, aunque su presidente, Román Rodríguez, ha asegurado que no estuvo presente en esa reunión porque no fue invitado y que su partido participará en cualquier propuesta que contribuya a solucionar los problemas de RTVC, siempre que se respete la ley.
Aunque aún no ha salido a la palestra ningún candidato a ocupar el puesto de administrador único, los grupos sí han acordado que debe ser una persona que genere consenso y, por ello, descartan perfiles del entorno más cercano al anterior presidente del Consejo Rector, como el de la directora de Relaciones Institucionales del ente, Daida Rodríguez, uno de los nombres que habían surgido en las primeras cábalas.
La reunión de este martes de la Junta de Portavoces era una de las exigencias de Podemos, que logró incorporar dos disposiciones transitorias a la PPL: dar audiencia a los grupos parlamentarios antes de la designación del nuevo administrador general y que su mandato venza el 31 de diciembre de 2018 para que, mientras tanto, se tramite la ley para modificar en profundidad la ley de RTVC
Juan Márquez, portavoz de Podemos, ha explicado que su formación aboga por que el nuevo administrador rescate el servicio de informativos de la Televisión Canaria, que sea de titularidad pública hasta que se debata en el Parlamento la nueva ley. Aunque, de momento, los grupos no se han fijado plazos para proponer un candidato, el diputado sí ha advertido de que “el tiempo apremia”.
NC desconfía del origen de la iniciativa
El presidente de Nueva Canarias ha insistido en que esta PPL no se debatió con su formación y, por tanto, se trata de la iniciativa de los otros cinco grupos, no la de su partido. “Nadie se puso en contacto con nosotros para que estuviéramos en la reunión del pasado viernes”, recordó.
A su juicio, el problema del ente público nunca ha sido la ley que lo regula sino la persona que había al frente hasta hace unos días, Santiago Negrín. Sostiene que la solución pasaba por cesarle desde hacía tiempo ya que el Parlamento había perdido la confianza en él. No tomar esta decisión tuvo como consecuencia “un relato de despropósitos” como el hecho de que el ya expresidente del ente se saltara las normas o incumpliera la propia ley. “Negrín terminó su mandato como empezó, lo que mal empieza, mal acaba”.
Rodríguez desconfía de que esta PPL sea promovida precisamente por el partido que ha generado esta situación, Coalición Canaria. A pesar de que el voto de Nueva Canarias no será fundamental para aprobar esta iniciativa, el partido pretende facilitar este trámite y, una vez pueda profundizar en su contenido, presentará las enmiendas que entonces considere.
El portavoz de NC subraya que la cuestión ahora es “quién va a ser el salvador y qué va a hacer” ya que tiene por delante un duro papel. Explica que ahora la PPL pasará al Consejo Consultivo y después se votará en el Parlamento el 12 de junio, momento en el que se fijará una hoja de ruta.
Dos años sin la confianza del Parlamento
Desde enero de 2016 Negrín dejó de contar con la confianza de todos los grupos del Parlamento como presidente del Consejo Rector. Su gestión está marcada por las dimisiones en este órgano, primero la de María José Bravo de Laguna, propuesta por el Partido Popular y después la de María Antonia Álvarez, propuesta por CC. La marcha de ambas ya dejaba entrever las tensiones en el ente. A ello, se le suma el polémico concurso de informativos, dotado de 144 millones de euros y convocado por el propio Negrín como órgano unipersonal de contratación.
PSOE, PP, Podemos y NC se plantaron el pasado verano y pidieron la dimisión de Negrín, que en ese momento se enfrentaba a la posibilidad de que la televisión pública se fuera a negro. Sin embargo, tras el cambio de dirección en el PSOE regional, los socialistas abogaron por completar primero las vacantes del Consejo Rector antes de forzar la marcha del presidente del ente.
Las candidatas Marta Cantero y Carmen Zamora fueron rechazadas hasta tres veces por el Parlamento, por lo que el Consejo Rector se ha mantenido con solo tres miembros de cinco hasta el momento.
La dimisión de Negrín se produjo el jueves pasado. Se despidió en una carta en la que acusó a “la presión mediática, la controversia judicial y a la política partidista” de su decisión. Una renuncia que además llega justo después de que pidiera un informe ante las dudas de que pudiera haber incurrido en un ilícito penal por no ser el órgano competente para convocar el concurso de informativos, según le advirtió en su día la secretaria del Consejo y más recientemente un juez de lo contencioso.
A ello se le suma la polémica por el transporte de la señal de la radio y la televisión pública. Al no contar con el cuórum del Consejo Rector, optó por un negociado sin publicidad para evitar ir a negro el pasado 31 de diciembre. Una medida que no contó con la aprobación de la interventora general de la Comunidad Autónoma.
