La alcaldesa de Mogán zanja las amenazas que alentaron protestas racistas con multas irrisorias a los hoteles con migrantes

Con sanciones de hasta 300.000 euros amenazó en noviembre del año pasado la alcaldesa de Mogán a los complejos turísticos del municipio que habían cedido sus instalaciones para alojar a migrantes en pleno colapso del sistema de acogida en Canarias, durante la peor etapa de la crisis. Después de haber lamentado en público las condiciones que sufrían las personas que llegaban en patera o cayuco a Gran Canaria en el denominado muellle de la vergüenza, el de Arguineguín, Onalia Bueno alentaba con su discurso y participaba en las manifestaciones que vinculaban la caída de la actividad turística, prácticamente a cero en aquel momento por la pandemia de COVID-19 y las restricciones de movilidad en los principales países emisores de turistas a las Islas, con el repunte de la inmigración. 

La alcaldesa de Mogán acabaría cumpliendo su amenaza ocho meses después, aunque con unas multas de importes irrisorios para los complejos hoteleros, muy alejados de las cantidades que expuso Bueno en la rueda de prensa que ofreció el 26 de noviembre para tratar de disuadir a sus propietarios y que abandonaran esa actividad humanitaria antes del 31 de diciembre. La Junta de Gobierno local ha aprobado sanciones, previa propuesta de la Asesoría Jurídica municipal, para, al menos, seis apartamentos que acogieron migrantes en el último trimestre de 2020 y el primero de 2021, según consta en dos actas a las que ha tenido acceso este periódico, fechadas el 27 de julio y el 4 de agosto. 

Uno de ellos (Palmera Mar) ha sido multado con 6.000 euros, el importe mínimo de la escala para las infracciones tipificadas como graves en la Ley del Suelo de Canarias, la norma en la que se basa el Ayuntamiento de Mogán para adoptar la medida, por destinar sus instalaciones a usos distintos a los previstos en los instrumentos de ordenación urbanística. El mismo incumplimiento que imputa a otros cuatro complejos (Canaima, Puerto Bello, Vista Amadores y Puerto Calma) que, sin embargo, han visto reducida esa cuantía en un 75% (hasta los 1.500 euros) por haber acreditado antes de la conclusión del expediente sancionador que habían cesado esa actividad (el uso de instalaciones turísticas para fines humanitarios). El sexto, Tamanaco, pagó de forma voluntaria después de ver desestimadas sus alegaciones para rebajar la sanción hasta los 900,15 euros. 

En sus resoluciones, el gobierno municipal estima como circunstancia atenuante de la responsabilidad sancionadora “el contexto social y económico” en que se produjeron los hechos, “en medio de la pandemia global (sic) de COVID-19 con escaso o inexistente turismo y crisis migratoria”. Las infracciones urbanísticas graves se sancionan con multas de entre 6.000 y 150.000 euros en la Ley del Suelo de Canarias. El Ayuntamiento desestima el resto de las alegaciones presentadas por las empresas, al entender que no desvirtúan los hechos denunciados, esto es, el uso de estos complejos como centros de acogida temporal de personas migrantes, un fin no previsto en el ordenamiento urbanístico, “máxime si se tiene en cuenta que no se puede atribuir a los migrantes la condición de turistas o usuarios turísticos”, subraya en sus informes la responsable de la Asesoría Jurídica municipal. 

Una de las empresas sancionadas alegó que no se trataba de un cambio objetivo y definitivo de uso de los apartamentos, sino de una utilización “limitada y temporal”, basada en “razones de emergencia y de crisis humanitaria” y que, además, contaba con el beneplácito del Gobierno de España y el amparo legal del Real Decreto 917/2020, a través del que se concedió una subvención directa de dos millones de euros a Cruz Roja, la organización que alquiló el complejo, para la atención a personas migrantes llegadas a las costas españolas en 2020.  Los representantes de esta sociedad entendían que, de confirmarse la multa, se produciría una vulneración del principio de confianza legítima en la actuación de la administración, ya que fue la propia Subdelegación del Gobierno de España en Canarias la que solicitó a través de la patronal hotelera la colaboración de los complejos para acoger migrantes, asumiendo el Ejecutivo el coste del alojamiento. Mantenían también que,  al tratarse de una actividad extrahotelera, la potestad sancionadora no corresponde al  Ayuntamiento de Mogán, sino al Gobierno de Canarias. 

Otro de los apartamentos multados argumentaba que había sido incluido en la red de arcas de Noé del Gobierno canario dentro de la estrategia para el control de la COVID-19, como un espacio seguro para que positivos asintomáticos o contactos estrechos de positivos que no residieran en la isla pudieran guardar cuarentena en un espacio seguro y evitar así la propagación del virus. También la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias presentó alegaciones en expedientes que afectaban a complejos que habían acogido a menores no acompañados. Defendía el principio del interés superior del menor y la cobertura legal de la actuación mediante una contratación administrativa de emergencia para la prestación de un servicio público a niños y niñas declarados en situación legal de desamparo y bajo la tutela del departamento autonómico. Ninguna de estas alegaciones fue aceptada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento sureño, que siempre se ha escudado en que las licencias no permiten un uso distinto al turístico en los complejos.

También se le ha reprochado a la corporación liderada por Onalia Bueno que persiguiera la utilización de complejos hoteleros y extrahoteleros para la acogida temporal de migrantes, pero no “el uso residencial” que, según una de las empresas que presentó alegaciones contra la apertura del expediente sancionador, está permitiendo el Ayuntamiento en contra de la legislación vigente, incluso “aceptando” empadronamientos en esos establecimientos.

Ultimátum y doble discurso

El Ministerio de Migraciones había encontrado en los hoteles y apartamentos cerrados por la pandemia de COVID-19 una solución temporal y de urgencia para trasladar a miles de personas que habían pasado hasta veinte días hacinados en el campamento levantado en el muelle de Arguineguín, durmiendo en el suelo y sin duchas. Una decena de complejos habían respondido a una petición que había cursado la Subdelegación del Gobierno central a través de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas. 

En la rueda de prensa del 26 de noviembre, la alcaldesa de Mogán, que dos meses antes había sido detenida por la Guardia Civil en el marco de una investigación judicial por la presunta trama de compra de votos en las elecciones municipales de 2015 y 2019 y había vinculado esa operación a su “defensa de los derechos humanos” de los migrantes y a sus críticas hacia la política migratoria del Gobierno español, lanzó un ultimátum a los hoteleros. O desalojaban los complejos de migrantes antes del 31 de diciembre o les imponía sanciones “de entre 30.000 y 300.000 euros” en aplicación de la Ley del Suelo. 

La regidora moganera abría así un conflicto con el Estado y aseguraba que España gastaba 300.000 euros diarios en alojar a personas migrantes en complejos turísticos de Canarias “por no utilizar otro tipo de instalaciones”. El Ministerio de Migraciones desmintió este dato: “No. No es cierto en absoluto. No ofrecemos información desgranada por tipo de recurso porque el gasto del Gobierno en Atención Humanitaria ya está registrado y público en las subvenciones del Ministerio en esta materia”, señalaron fuentes del departamento. 

Noemí Santana (Podemos), consejera de Derechos Sociales del Gobierno canario - que tiene las competencias sobre los menores extranjeros no acompañados-, respondió a las amenazas de Bueno: “No eche gasolina al fuego con discursos xenófobos y cuasifascistas”. También el consejero de Presidencia y Justicia, el socialista Julio Pérez, calificó de “xenófobas” las palabras de la alcaldesa, que ese mismo día (27 de noviembre) reaccionó levantando actas de denuncias de inspección urbanística a hoteles y apartamentos del sur de Gran Canaria que alojaban a migrantes, algunos de ellos a niños y niñas que llegaron solos a las Islas. El documento señalaba que la razón de la inspección era “utilizar instalaciones turísticas como albergue de migrantes”. 

A lo largo de la crisis migratoria, Bueno ha utilizado un doble discurso. De los lloros por las deplorables condiciones de los migrantes hacinados en el muelle de Arguineguín a fletar dos guaguas a Las Palmas de Gran Canaria para alejar de su municipio, sin alternativa habitacional ni recursos, a 200 personas que habían sido desalojadas del campamento portuario por una orden policial de origen aún desconocido. De erigirse en defensora de los derechos humanos a querer echar a los migrantes de los hoteles porque, tal y como afirmó en un reportaje en la televisión pública de Euskadi, no eran “regulares”, no eran “españoles”. El ultimátum a los hoteleros le valió, incluso, los elogios de Vox por su “valentía”. Bueno coincidió con representantes de la formación de ultraderecha en esas manifestaciones en las que se podían leer y escuchar expresiones como “No a la invasión”. En las primeras concentraciones, condenó los “conatos racistas” y culpó al Gobierno de Pedro Sánchez del crecimiento del partido de Santiago Abascal. La regidora sureña fue señalada por el PSOE de Mogán como una de las responsables de incitar, con su discurso, concentraciones xenófobas para insular a los migrantes alojados en hoteles del municipio. 

Este periódico ha intentado contactar con todos los complejos sancionados para conocer si alguno de ellos tiene la intención de recurrir en vía judicial la multa impuesta por el Ayuntamiento de Mogán, pero no ha obtenido respuesta. Fuentes consultadas del sector turístico ven poco probable que la decisión municipal sea impugnada por alguna de las empresas afectadas debido al reducido importe de las sanciones. Los apartamentos y hoteles que accedieron a ceder sus instalaciones para este fin recibían 48 euros por día y persona. Desde la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias informan de que solo un hotel del sur de Gran Canaria sigue alojando a menores migrantes cuyo traslado a otros recursos, previsto para la semana pasada, se ha paralizado porque algunos de ellos han dado positivo por COVID-19 y, por tanto, deben permanecer aislados en cuarentena.